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El tema Derechos laborales

Justicia para Luciano Romero

jueves 30 de abril de 2015 Se pide investigar la vinculación de la transnacional Nestlé a el asesinato de un dirigente, en un contexto marcado por la destrucción de los sindicatos y la desaparición de sindicalistas en Colombia. Entre 1991 y 2008 fueron asesinados 2.584 sindicalistas en el país.

En 2013, se registraron en el país 26 homicidios contra trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, más de un centenar de amenazas y una decena de detenciones arbitrarias.

Por Equipo Otramérica

El 11 de septiembre de 2005, en la ciudad de Valledupar (Colombia), Luciano Romero Molina fue secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares. El dirigente sindical (secretario de derechos humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos – SINALTRAINAL) y defensor de derechos humanos fue encontrado con señales de tortura, y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 Su asesinato está ligado a la destrucción de los sindicatos y la desaparición de sindicalistas en Colombia. Pero, además, saca a la luz la vinculación de la transnacional Nestlé en estos delitos.

 

¿Quién era Luciano Romero?

Trabajó durante 20 años en CICOLAC, la filial de Nestlè en Colombia. Tres años antes de su asesinato, luego de soportar una “violenta persecución por parte de la empresa Cicolac-Nestlé…”[1],  fue despedido junto a otros dirigentes de SINALTRAINAL. El despido se llevó a cabo con la complicidad del “Ministerio de la Protección Social, que calificó como ilegal un paro que nunca existió, y que fue uno de los pasos para destruir el sindicato al interior de la empresa. (La seccional de Sinaltrainal en Valledupar) fue aniquilada en el 2003, luego de que la empresa lograra, a través de las amenazas y el terror, el retiro masivo de todos trabajadores”, señalan dirigentes del sindicato.

El 29 y 30 de octubre de 2005, mes y medio después del día en que lo asesinaron, Romero iba a ser testigo  de la política trasnacional de Nestlé en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizaría en Berna (Suiza).  Según el expediente de su asesinato, Romero iba a denunciar las “presuntas violaciones de los derechos laborales de la multinacional en Colombia ante el tribunal internacional de justicia alternativa”[2].  

 

La vinculación de Nestlè

Durante la persecución desatada contra Romero por su actividad sindical, dirigentes de la filial de Nestlè denunciaron que el sindicalista pertenecía a la guerrilla. Dicha acusación representa una virtual condena a muerte por parte de los paramilitares en el contexto de la guerra en Colombia. El European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) informó que "Romero había recibido amenazas de muerte después de haber sido falsamente acusado por la dirección local de Nestlé de pertenecer a la guerrilla”.

La acusación fue investigada durante el juicio por el asesinato del sindicalista: Después de hacer un análisis del señalamiento de Romero como miembro del frente 6 de diciembre del ELN, el Juez concluyó que “…la presunta calidad de militante del occiso en la guerrilla, no fue probada aún cuando a causa de su ideología de defensa de los derechos humanos y los derechos sindicales frecuentemente fue señalado como tal…”[3].

La relación entre Cicolac, la filial de Nestlè en Colombia, y los paramilitares es otro punto que debe ser aclarado. La empresa alega que tuvo relación con personas que pertenecen a grupos militares antes de que dicha pertenencia fuese de conocimiento público. Sin embargo, los paramilitares han aportado información comprometedora: “según el testimonio del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, Cicolac habría efectuado pagos a su unidad"[4].

 

Investigar a Nestlè

El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado O.I.T., José Nirio Sánchez, condenó a un informante del D.A.S (antiguo servicio de inteligencia del Estado colombiano) y a un paramilitar como autores materiales del asesinato de Romero. Asimismo, señaló que  “otros sindicalistas y ex trabajadores de Nestlé, como Víctor Mieles, Alejandro Martínez Toribío y Harry Laguna, corrieron la misma suerte de Romero por cuenta de su férrea batalla sindical: todos perecieron a manos de los paramilitares”, y ordenó abrir una investigación contra los directivos de la Empresa Cicolac – Nestlé, con el fin de “profundizar en la posible participación de la multinacional en la sistemática persecución contra los dirigentes sindicales”.

El juez Sánchez recibió amenazas y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Allí, en 2009, ante la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara, declaró que quienes ordenan y financian las ejecuciones, los autores intelectuales, son más culpables (que los autores materiales) de la persistencia de la violencia. Por tanto, la violencia no se detendrá mientras los verdaderos perpetradores no sean enjuiciados[5].   

En total,15 sindicalistas de Sinaltrainal que trabajaban para Nestlé han sido asesinados[6]. En noviembre de 2013, un trabajador de Nestlé fue asesinado mientras se realizaba una huelga de hambre para exigir el cumplimiento de los derechos laborales y de la libertad sindical. Tal como en el caso de Luciano Romero, los gerentes colombianos de Nestlé estigmatizaron la protesta. La central de Nestlé en Suiza no lo impidió. 

 

Suiza se niega a investigar a Nestlè

La justicia suiza archivó la demanda para investigar la vinculación de la transnacional con el asesinato de Romero. Justo el 1 de mayo de 2013, Día del Trabajo, el Tribunal de Vaud, señaló que el caso había prescrito. Marcel Bosonnet, jurista suizo, señala que  “Cuando lo presentamos no había prescrito, pero durante un año el procurador no cumplió con su deber de abrir la investigación”. En 2014, el Tribunal federal (TF) suizo rechazó la apelación para determinar si hubo o no responsabilidad de Nestlé en el asesinato del sindicalista colombiano, cuyo caso integra también una queja presentada ante la Corte Internacional de La Haya[7].

 

Amenazados, torturados, asesinados

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo señala que entre 1991 y 2008 fueron asesinados más de 2584 sindicalistas, “y muchos de los autores intelectuales aun siguen en los espacios de poder en el gobierno, en algunas transnacionales y en los cuarteles de los ejércitos. La inmensa mayoría de estos crímenes se encuentran en la impunidad”[8].

La Escuela Nacional Sindical señala que en 2013, se registraron en el país 26 homicidios contra trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, más de un centenar de amenazas y una decena de detenciones arbitrarias.

Los sindicatos advierten que estas cifras evidencian que en Colombia existe una política de Estado, no solo de aniquilamiento de los sindicalistas sino de sus organizaciones.
Agregan que “a esta grave situación de violencia antisindical, sumamos la obstrucción a las libertades sindicales que constatamos con las múltiples limitaciones jurídicas y prácticas a los sindicatos para evitar su creación y su libre funcionamiento; descienden dramáticamente los niveles de negociación colectiva, equiparando la negociación con los pactos sindicales, lo que contrasta con los convenios de la OIT.”[9]



[5] http://whowhatwhy.org/2014/04/23/news-item-nestles-colombian-problem/

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