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El tema Conflicto armado

La crisis del Cauca pone a prueba la credibilidad del presidente de Colombia

jueves 12 de julio de 2012 Desde la semana pasada la región colombiana nororiental del Cauca ha sufrido una serie de ataques de las Farc que obligó a las víctimas a desplazarse y buscar refugio en otros pueblos. Cada vez se agranda más la brecha entre las versiones del presidente Juan Manuel Santos y de las comunidades y gobiernos locales sobre el estado real del conflicto con las Farc.

Por Nicolás Barbosa / Natalia Orduz (La Silla Vacía)

El Cauca se ha convertido en una nueva prueba de fuego para la credibilidad del presidente Santos en materia de seguridad porque cada vez se agranda más la brecha entre las versiones del presidente Juan Manuel Santos y de las comunidades y gobiernos locales sobre el estado real del conflicto con las Farc.

Los últimos ataques llegan en momentos en que las encuestas reflejan un drástico deterioro de la percepción alrededor del éxito de la lucha contra la guerrilla y también cuando esto se está convirtiendo en un pulso entre Santos y sus opositores que quieren demostrar un retroceso del país en seguridad.

 

El aumento del pie de fuerza: un disco rayado

En la última semana el enfrentamiento entre las Farc y el Ejército se intensificó en el nororiente del Cauca y ya tiene a más de 1500 personas desplazadas, cientos de viviendas destruidas y al menos 30 mil personas sin servicio de electricidad y completamente incomunicadas.

En la misma semana, se dio una serie de ataques guerrilleros en municipios como Suárez, Jambaló, Argelia y Miranda, y el fuego cruzado se extendió durante varios días seguidos. El sábado, en el municipio de Toribío, las Farc atacaron al cuerpo médico y más de 600 personas tuvieron que desplazarse en busca de refugio.

Pero la situación no es nueva, y la crisis en seguridad ya viene agudizándose desde hace meses. Sólo este año el municipio de Argelia ha sido víctima de casi 50 ataques de las Farc. Por su parte, Toribío ya ha sufrido al menos 10 hostigamientos en el mes de julio, y se calcula que en la última década la guerrilla ha cercado al municipio casi 500 veces. “El problema es que ya no son hostigamientos sino ataques”, le dijo a La Silla Miller Correa, secretario de Gobierno del municipio.

A raíz de estos ataques, Santos dijo que aumentará el pie de fuerza en el Cauca, anuncio que ha sido recibido con molestia por varios sectores en el departamento, pues no es la primera vez que el Presidente toma esta decisión.

Un desarme en vez de un aumento del pie de fuerza es una propuesta que ya empieza a calar en las autoridades de los municipios afectados

Es por eso que el escepticismo frente a la eficacia de esta medida es cada vez mayor, pues es la estrategia que el Ministerio de Defensa adelanta desde el año pasado y que, a juzgar por los últimos hechos, no está funcionando.

En julio de 2011 las Farc atacaron cuatro municipios, entre ellos Toribío, en donde hace exactamente un año explotó una chiva bomba en la estación de policía, y el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera respondió con un aumento del pie de fuerza. El entonces comandante de las Fuerzas Militares, Édgar Cely, se instaló temporalmente en el Cauca y anunció la creación de un batallón de las fuerzas especiales urbanas y el envío de casi 500 soldados más.

El anuncio se repitió dos meses después, cuando luego de una serie de ataques en cinco municipios del Cauca el Presidente anunció el envío de más refuerzos “en una estrategia que no tiene precedentes”.

Y en febrero pasado, Santos anunció de nuevo un aumento en la presencia de la Fuerza Pública y dijo que crearía la Policía Metropolitana de Popayán y la Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana para todo el departamento. En la práctica, esto ha significado la creación de una policía dedicada exclusivamente al tema de seguridad, y el envío adicional de soldados: el mes pasado, por ejemplo, Santos envió al Cauca tres brigadas y cuatro batallones del Ejército.

Pero en el departamento parece haber un consenso entre las autoridades locales y comunidades indígenas como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes están proponiendo nuevas salidas que no se sostengan en un aumento del pie de fuerza. Ahora, con las últimas declaraciones de Santos sobre el supuesto “control total” que el Ejército ya tiene sobre la zona, varios sectores, entre ellos el Gobernador mismo, están poniendo en duda incluso la veracidad de estas declaraciones y de los resultados que el Gobierno pretende demostrar.

 

La ofensiva militar vs. desarme

Para el Gobernador del Cauca, así como para otros funcionarios y políticos regionales consultados por La Silla, la estrategia del Gobierno está fracasando. El gobernador Temístocles Ortega declaró ayer ante los medios que “la táctica no ha funcionado” y que en este momento “el Estado no está protegiendo a sus ciudadanos del Cauca”. Ortega considera que el aumento del pie de fuerza no es suficiente, y que se requiere una estrategia más efectiva por parte de la Fuerza Pública.

La desconfianza que los habitantes tienen del Ejército también es un tema de debate, pues algunos en el departamento consideran que los pobres resultados militares han socavado la credibilidad que se tiene del Gobierno. Por eso, el Gobernador y otros funcionarios municipales que así se lo dijeron a La Silla consideran que uno de los objetivos principales del Ejército debería ser “ganarse la confianza de la gente”.

Las versiones contradictorias entre el Gobierno y las comunidades locales sobre la situación del Cauca ha dejado entrever que también existe una brecha a nivel central y regional frente a las propuestas de salida al conflicto.

Mientras en Toribío hubo una nutrida protesta por parte de la población civil, la cual propuso un plan de desarme y destruyó las trincheras que protegían la estación de Policía mientras otros subieron a las montañas que sirven de refugio a la guerrilla para exigirle un cese al fuego y el inicio de un diálogo, en Bogotá las organizaciones indígenas convocaron un plantón de solidaridad que no tuvo mucho éxito.

Si la situación en el Cauca no mejora pronto no sólo se verá afectada la credibilidad del Presidente luego de haber asegurado que tenía control total de la región, sino que sus opositores podrían valerse del ejemplo del Cauca para enterrar aún más la ya debilitada percepción alrededor de la gestión del Presidente.

Un desarme en vez de un aumento del pie de fuerza es una propuesta que ya empieza a calar en las autoridades de los municipios afectados, y que viene de años atrás desde que los indígenas nasa comenzaron a presionar por esa salida. En mayo de 2012, en la Minga por la Paz, miles de personas de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas marcharon junto a alcaldes y los gobernadores del Cauca, Valle y Nariño, y redactaron la Declaración de Caloto y Villa Rica en la cual exigen una paz dialogada que incluya inversión social y económica, y no "una paz para facilitar el camino a la minería, las transnacionales y la locomotora minera".

Varias fuentes en ese departamento consultadas por La Silla consideran que Santos está protegiendo su imagen política antes que revelar el estado real de la seguridad.

Por su parte, la ACIN le escribió una carta a Timochenko en que sienta su posición en contra del conflicto promovido por la guerrilla, y afirman que indígenas y Farc no están en orillas distintas del mismo río, sino en dos ríos diferentes. Y coinciden en que el camino es el desarme de ambas partes.

Pero el Gobierno, que sabe que la retaguardia de las Farc está en el Cauca, le está apostando a un fortalecimiento de la ofensiva militar.

 

Lo que se juega Santos

“Personalmente me ha faltado meterme más en la seguridad de cada región”, dijo el presidente Santos el sábado pasado en un Acuerdo para la Prosperidad en Montería. En ese instante ya algunos municipios llevaban más de cinco días en medio de fuego cruzado, y un día después el casco urbano en Toribío terminó convertido en el refugio de cientos de personas que escapaban de los disparos que vinieron luego de la explosión en el centro de salud del municipio.

Esta crisis ocurre dos semanas después de que la última encuesta Gallup reflejara que tan sólo el 29 por ciento de la gente aprueba la gestión de Santos en seguridad, lo cual equivale casi a una tercera parte de la aprobación que en este mismo tema recibió Uribe. Si la situación en el Cauca no mejora pronto no sólo se verá afectada la credibilidad del Presidente luego de haber asegurado que tenía control total de la región, sino que sus opositores podrían valerse del ejemplo del Cauca para enterrar aún más la ya debilitada percepción alrededor de la gestión del Presidente.

La lucha contra las supuestas políticas de “apaciguamiento” es uno de los ejes centrales del Puro Centro Democrático que el uribismo lanzó la semana pasada, y ya en su entrevista a El Tiempo el ex ministro Óscar Iván Zuluaga criticó la gestión de Santos en seguridad al mismo tiempo que lanzó su precandidatura presidencial.

Lo que termine de ocurrir en la guerra del Cauca no definirá únicamente quién se queda con el control de una zona que hoy le resulta estratégica al narcotráfico y la minería y donde miles de personas siguen sufriendo las secuelas del conflicto, sino también quién tendrá más credibilidad a la hora de prometer la continuación de los avances en seguridad durante las próximas elecciones.

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