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El tema Curuguaty

La élite impone su justicia en Paraguay

miércoles 13 de julio de 2016 Curuguaty no es cualquier lugar. Allá comenzó el golpe de estado parlamentario que sacó de la presidencia de Paraguay a Fernando Lugo y allá se escenificó la enquistada lucha por la distribución de la tierra en el país. La sentencia contra 11 campesinos a los que la justicia acusa de la muerte de 6 policías durante la “masacre de Curuguaty” sólo confirma lo que los paraguayos ya sabían: la justicia, como la tierra, es para otros.

De nada han servido las protestas sociales sobre el proceso judicial de Curuguaty.

De nada han servido las protestas sociales sobre el proceso judicial de Curuguaty.

Por Otramérica / PIlar Chato

Penas de hasta 30 años de cárcel por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. Esa es la sentencia que se conoció este martes 12 de julio para los 11 acusados por la denominada como masacre de Curuguaty, un incidente ocurrido en el año 2012 durante el desalojo de unas tierras ocupadas en el que murieron 17 personas, 11 de ellas campesinos y seis policías. Sin embargo, el largo proceso judicial que ha concluido ahora únicamente ha sentado en el banquillo a los campesinos, varios de ellos heridos durante el enfrentamiento, y ha dejado fuera de la investigación, del juicio y, por supuesto, de la sentencia, a quienes dieron la orden del desalojo, a los mandos policiales y a los agentes que participaron.

El 15 de junio de 2012, 324 efectivos de la Policía ingresaron en los territorios conocidos como Marina Cué para sacar a los 70 campesinos que ocupaban el lugar tras la denuncia presentada por la empresa que reclamaba la propiedad de los terrenos, Campos de Morombi. El operativo encabezado por la fiscal Ninfa Aguilar terminó en masacre.

Pero en este caso únicamente se han investigado las muertes de los agentes de Policía y se han dejado por fuera los once asesinatos de los campesinos. Las reacciones de organizaciones internacionales y los movimientos y partidos de la izquierda paraguaya han sido de rechazo inmediato. Decenas de personas, referentes de organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos protagonizaron una vigilia en la sede del Palacio de Justicia de Paraguay. El Frente Guasú ha solicitado una audiencia ante la Asociación de Estados Americanos (OEA) para tratar “un proceso plagado de irregularidades” y una condena “aberrante”.

Amnistía Internacional (AI) y Oxfam también han reclamado justicia para las familias campesinas del caso y han expresado su preocupación por el rechazo del Ministerio Público a investigar también el asesinato de los campesinos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI cree que el Ministerio público “no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos”. Ambas organizaciones critican cómo se condena a los campesinos, sin dar respuesta a su vez a los temas de verdad y justicia en el caso de los otros once campesinos asesinados, y sin dilucidar la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil.

Ya en 2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recriminó a Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) también ha repudiado la sentencia porque “conculca los más elementales derechos de las personas” y las condena “sin que exista certeza en la acusación, cuando correspondía la absolución por la persistencia de una duda razonable”

 

Un caso que torció la historia

Curuguaty no es un caso baladí. La masacre precipitó la destitución del expresidente Fernando Lugo, tan solo siete días después de la matanza, y detrás de la ocupación de Marina Cué se encuentra la disputa por una distribución equitativa de la tierra en Paraguay. En este país el 1,6% de los propietarios posee el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional, denuncia Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe. Lugo, de hecho, apuntó a una tímida reforma agraria y su presidencia llegó a su fin de forma más que dudosa.

Los campesinos implicados en la protesta y la masacre de Curuguaty reclamaban desde 2004 esas tierras, en las que se habían instalado a la espera de que la reforma agraria puesta en marcha por el presidente Nicanor Duarte Frutos se las adjudicara. Sin embargo, la ocupación de los terrenos fue denunciada por quien se consideraba propietario de Marina Cué, Blas Riquelme, empresario, propietario de Campos Morombí (soja) y ex senador del Partido Colorado, formación que junto a los liberales apoyó el golpe de estado parlamentario que sacó a Lugo de la presidencia, a la que había llegado con el apoyo del 43% de los votantes.

El fiscal nombrado para investigar la masacre, fue Jalil Rachid, hijo de Bader Rachid Lichi, expresidente, precisamente, del Partido Colorado, destaca hoy en editorial el digital E,a, que habla de la sentencia de la vergüenza. En este texto afirman que “no se abrió una investigación. Se construyó un libreto premeditado, cerrando toda posibilidad de abrir luces sobre el caso más emblemático de las últimas décadas. Antes se despejó el escenario del crimen de toda prueba que pudiese comprometer a las fuerzas policiales y grupos irregulares que pudieron entrar en acción”.

Curuguaty y todo lo que la rodea no es nuevo, Según información de organizaciones locales de derechos humanos, en los últimos 25 años por lo menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas han sido asesinados en Paraguay o se encuentran desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución equitativa de la tierra.

 

La doble condena a las víctimas

En el juicio por la masacre de Curuguaty quedaron atrapadas 11 personas, campesinos ocupantes del los terrenos y víctimas también del enfrentamiento con la Policía. La pena más alta (30 años) ha sido para Rubén Villalba (35 años), Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Paredes y Néstor Castro (18 años). Las mujeres Lucia Agüero, María Olmedo y Dolores López fueron condenadas a 6 años y seguirán con prisión domiciliaria, mientras que Felipe Benítez, Adalberto Castro y Juan Carlos Tilleria pasarán 4 años privados de libertad.

Pero es que  Néstor Castro, Rubén Villalba y Lucía Agüero, recibieron balas durante la tragedia. Néstor en la mandíbula, Rubén en la cabeza y Lucía en el muslo. Lucía, además, vio cómo ejecutaron a su hermano De los Santos Agüero.

La culpa de Lucía, Fany y Dolores está en ser cómplices de homicidio por prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos ante la llegada de los agentes que realizaron el desalojo de Campos Morombí. La justicia en Paraguay no es para ellas.

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