La 'masacre de la tomatera' visibiliza la brutalidad paramilitar en Colombia

En la noche del miércoles en Santa Rosa de Osos, los trabajadores de las fincas Guanacas y La Esperanza, dedicadas al cultivo de tomates de árbol, debatían en el coliseo del pueblo si debían o no regresar a trabajar al campo. Se acababan de cumplir 24 horas desde que 10 de sus compañeros labriegos habían sido masacrados a punta de granada, fusil y pistola por desconocidos que los abordaron en la finca La Española en la vereda Aguaditas de ese municipio antioqueño. Nueve hombres y una mujer fue el saldo trágico de este nuevo capítulo de la guerra que volvió a traer a la memoria las masacres que ya parecían. Trece niños quedaron huérfanos.

Los ojos del país y de la ONU se pusieron de repente en este pueblito lechero de unos 40 mil habitantes, a una hora y media de Medellín (departamento de Antioquia). Y mientras las primeras hipótesis apuntaban a que la matanza estaría relacionada con la disputa que hay entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ por los corredores de droga de la zona, La Silla Vacía estableció que las autoridades de inteligencia tienen indicios de que los autores podrían ser miembros de un grupo denominado ‘Renacentistas’.

Al parecer, los ‘Renacentistas’ venían extorsionando a la comunidad y a los dueños de algunas fincas y confundieron a los campesinos muertos con un grupo de autodefensa que –creyeron ellos- se estaba armando en contra de esas extorsiones.

Una de las posibilidades que se evalúa es que los ‘Renacentistas’ hayan actuado como brazo de una bacrim [acrónimo utilizado por las autoridades colombianas para referirse a los paramilitares ‘reciclados’, nota de Otramérica] llamada Renacer. Otra alta fuente de la Policía dijo que esta información proviene en parte de campesinos residentes en el área.

Advirtiendo que aún no hay certeza absoluta sobre la autoría de la masacre, que algunos han bautizado ya como “masacre de la tomatera”, otra fuente añadió que no está claro qué estructura delincuencial tendría el grupo Renacer, si funciona como bacrim o si está conformada por diferentes reductos de otras bacrim como ‘Los Paisas’.

En cualquier caso, las autoridades están sorprendidas de que la matanza se haya llevado a cabo en un lugar que vivía en relativa calma, pues tradicionalmente la guerra por los corredores estratégicos para llevar droga del centro del país hacia la Costa se ha librado más al norte: en el Bajo Cauca, entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. Pero también con presencia de reductos de ‘Los Paisas’ y Farc.

Si la masacre tiene la intención de sembrar el terror para despejar el territorio provocando el desplazamiento de la población esto significaría que las bandas criminales estarían buscando extender la ruta de la droga entrando a copar territorio al norte del departamento.

Para concretar sus indicios, al municipio llegaron ayer no sólo las autoridades de la gobernación y del Gobierno Nacional, sino también la Fiscalía, la Dijín y la Dirección de Inteligencia de la Policía.

Acerca de la hipótesis sobre la autoría de un brazo de la bacrim llamada Renacer, el director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social de Antioquia (Corpades), Fernando Quijano, que llevan años analizando el conflicto armado en Antioquia, dijo que se sabe que Renacer surgió luego de la desmovilización paramilitar, pero que tenía entendido que este grupo había desaparecido.

Hace dos años, en el marco de una operación llamada ‘Oro negro’, la Policía capturó a Erlin Javier Arroyo Mosquera, alias ‘Pocholo’, uno de los cabecillas de ‘Renacer’, que se había desmovilizado en 2005. En ese momento se reportó que esta bacrim tenía injerencia en Quibdó, Istmina, Tadó, Medio San Juan, Condoto, Bajo y Medio Baudó, todos municipios del Chocó.

Este analista cree que sobre la matanza hay muchas hipótesis y, por ahora, ninguna es descartable. Cree que esta aterradora masacre podría ser un mensaje de cualquier grupo neoparamilitar que quiere mostrar su poderío. O una retaliación en contra de la comunidad por varias capturas a cabecillas de bacrim realizadas recientemente. O la cruel respuesta al no pago de vacunas. “Es que son muchos los que realizan cobros extorsivos por aquí”, añadió Quijano.

En todo caso, ese listado de razones era lo de menos ayer para las familias de las 10 víctimas, algunas de las cuales se reunieron con funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la gobernación, del Instituto de Bienestar Familiar y unos sicólogos. Una fuente que se encontraba en la zona nos contó que, hasta las 5 de la tarde, les habían entregado tres cuerpos de sus seres queridos.

Ayer a su dolor se sumó la indignación general, la de la ONU, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre un posible desplazamiento de pobladores ante las amenazas surgidas a raíz de los enfrentamientos entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, por el control de la zona apelando al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

También la gobernación del departamento que ofreció $50 millones por información. Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que hoy encabezará en un consejo de seguridad en Santa Rosa de Osos, bastión lechero de la región (allí queda una de las plantas de Colanta).

De ese consejo de seguridad se espera salgan, entre otras cosas, respuestas para los 160 trabajadores de las fincas que estaban en el coliseo con la zozobra de no saber si volver a sus trabajos. Esos campesinos laboran en fincas que son todas, incluyendo a ‘La Española’, lugar de la masacre, del mismo dueño. Un señor hacendado llamado Antonio Lopera que pidió a sus trabajadores irse si así lo deseaban. Pero ellos aún no saben bien qué h