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El tema Derechos

La mayor crisis humanitaria del hemisferio está en la frontera sur de México

martes 17 de junio de 2014 No hay una guerra declarada. Tampoco desastres naturales reseñables. Se trata de una de las situaciones más dramáticas del planeta y, desde luego, de las Américas. La frontera entre México y Guatemala es el escenario de lo que WOLA denomina como “la mayor emergencia humanitaria” del hemisferio.

Por Equipo Otramérica

La realidad de los migrantes centroamericanos no la conocemos. Como todo flujo clandestino, criminalizado, de excluidos, ocurre en una zona de sombra informativa. Pero algunas pistas podemos tener, además de las que aportan los activistas de derechos humanos. Por primera vez, en el año fiscal 2013 (que va de octubre a octubre), la temida policía de fronteras de Estados Unidos (EEUU) constató que más de un tercio del total de inmigrantes detenidos en la vasta línea que separa México del país del norte eran “no-mexicanos”. En concreto fueron detenidos 153.055, de los cuales la mayoría eran centroamericanos. En 2012 esa cifra no llegó a los 100 mil y en los ocho meses que van del año fiscal 2014 ya suman 162.751. La ola de migrantes crece de forma desproporcionada y la única respuesta que aplican los gobiernos implicados es la represión, persecución y, en muchas ocasiones, la tolerancia hacia el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos.

WOLA, la Washington Office on Latin America, organización que promueve los derechos humanos y la democracia social, ha hecho público el primer informe de su historia sobre “la otra frontera de México”, la sur. Son casi 1.200 kilómetros, de los que 956 los comparte con Guatemala. Una frontera “porosa”, según WOLA, con un esquema de seguridad “difícil de definir”, donde hay una fuerte presencia policial en ríos y carreteras pero por donde es fácil colarse sin identificar.

Además, WOLA denuncia que “los ‘cinturones de control’, el esquema de seguridad de México para asegurar la frontera hacia el interior, tienen una notable excepción: dos líneas de trenes de carga que van hacia el norte y que, por razones que no tienen fácil explicación, son vigiladas muy a la ligera. Para decenas de miles de migrantes centroamericanos estos trenes, apodados La Bestia, son la principal opción para cruzar México. El largo viaje encima del tren es físicamente peligroso, y la falta de seguridad deja a los inmigrantes a merced de las maras centroamericanas, los bandidos, los secuestradores y los funcionarios corruptos. La impresionante frecuencia de secuestro, extorsión, trata de personas, violación y homicidio pone en una difícil situación de los migrantes centroamericanos en México en lo alto de la lista de las peores emergencias humanitarias del hemisferio occidental”.

México retoma las políticas represivas de Estados Unidos y cuando hace algo…. detiene y deporta. Sólo en el año 2013 detuvo a 86.298 migrantes de los que deportó al 93%. De éstos, 32.800 eran hondureños, 30.005 eran guatemaltecos y 11.427, salvadoreños. De hecho, en una gira sobre el terreno de 12 días realizada en febrero de este año, los investigadores de WOLA han podido constatar como Estados Unidos ya aporta ayuda militar y técnica a las fuerzas de seguridad mexicana. EEUU, hasta ahora poco interesada en la frontera sur, ha dado su visto bueno al plan del gobierno de Peña Nieto  que pretende instaurar tres cinturones de seguridad a partir de la frontera con Guatemala. Los intereses de EEUU pasan por frenar el coladero de droga que es la frontera sur de México (el 80% de la cocaína traficada en el norte en 2013 pasó por Guatemala y una buena parte entró por tierra a México) y por anticipar el tapón migratorio más al sur de su propia frontera.

 

Menores migrantes y derechos humanos

Un aspecto poco destacado habitualmente y que lacera en este informe es el apartado dedicado a los menores de edad no acompañados que inician el periplo migrante. Sólo en 2013, la policía de fronteras de EEUU detuvo a 21.537 menores no acompañados centroamericanos, cinco veces más que en 2011. Y en los 8 meses que han pasado del año fiscal 2014 ya han caído 34.611 menores. Las propias autoridades estadounidenses reconocen no estar preparados para esta “crisis humanitaria”. Los abusos y la violación de los derechos humanos a estos menores se repite desde Guatemala hasta que son detenidos y ‘tratados’ en territorio estadounidense.

Los menores, al igual que los adultos, transitan por México a merced del crimen organizado y no acuden a las autoridades cuando sufren abusos, secuestro o maltrato por miedo a ser deportados. Un miedo, como hemos visto, bien sustentado. WOLA ha constatado que las mulas que ‘garantizan’ un tránsito relativamente seguro por México cobran una media de 8.000 dólares por el trayecto. La siguiente ‘tarifa’, para los que no llevan tanto en el bolsillo, es la de los 100 dólares que cada pandilla que controla un trayecto de La Bestia cobra por dejar al migrante subir al techo de los contenedores y jugarse la vida.

La trata de personas es otro de los graves problemas de derechos en esta otra frontera de México. WOLA recuerda que “un estudio de febrero 2014 del Observatorio Nacional Ciudadano concluyó que entre 2010 y 2013 Chiapas tuvo el segundo mayor número de casos registrados de trata de personas en México, por debajo del Distrito Federal. Un fenómeno frecuente son las mujeres jóvenes, a menudo menores de edad, provenientes de Centroamérica y obligadas a trabajar como prostitutas en las ciudades fronterizas y sin poder salir de allí”.

 

Las soluciones

El informe elaborado por WOLA concluye que no parecería difícil, en el mundo de la utopía, mejorar la situación a medio plazo, pero la política de intereses es un poderoso lastre para hacer los cambios necesarios. “Un mejor enfoque de seguridad para la frontera México-Guatemala es evidente, pero políticamente parece difícil. Estados Unidos debe aprobar una reforma migratoria integral que establezca reglas claras para el trabajo temporal y para el acceso a la ciudadanía. México debería adoptar un estatus de visa especial o algún mecanismo similar que permita a los migrantes en tránsito que son víctimas de violencia o abuso acudir a las autoridades sin temor a la deportación. El poder judicial de México y los organismos de control interno necesitan mejoras drásticas para acabar con la corrupción: el oxígeno que mantiene a los grupos criminales violentos. Y las élites centroamericanas necesitan empezar a proteger a sus ciudadanos contra la violencia de las maras e invertir en educación y creación de empleo en sus países de origen”.

De hecho, en un análisis más extenso, los investigadores plantean 4 escenarios de cambio ideal y algunas de las razones por las cuáles no se van a emprender:

-       Si México concede "visas de tránsito" para legalizar la situación temporal de los centroamericanos que no tienen la intención de permanecer en México, los migrantes ya no corren el riesgo de ser deportados si van a las autoridades para denunciar abusos, corrupción, o el comportamiento depredador. Serían mucho menos vulnerables. Pero en los Estados Unidos -como se hizo evidente después de que México otorga "permiso de salida" en abril de 2014 a una gran caravana de migrantes centroamericanos- tal estatus de visa podría ser visto como si México estuviera allanando el camino a las personas que tratan de entrar ilegalmente en territorio de los EEUU. La protesta, y el daño a las relaciones México-Estados Unidos, serían graves.

-       Si México diera a su sistema judicial y a sus mecanismos de control interno de las herramientas necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para investigar y castigar los comportamientos abusivos o corruptos de funcionarios de seguridad y de inmigración, generaría una serie de claras mejoras. Los puestos de control serían menos porosos, las violaciones de derechos humanos serían menos frecuentes, y el dominio de grupos delictivos sobre las líneas de tren y otras rutas cesarían. Actualmente, el sistema de justicia y muchas fuerzas policiales de México están sufriendo importantes reformas. Pero incluso si no existe voluntad política para llevarlas a cabo, podrían pasar años antes de que la probabilidad de castigo sea suficiente para reducir la corrupción y el abuso.

-       Si los Estados Unidos aprobaran una reforma migratoria integral que establezca reglas claras para lograr la ciudadanía y desarrollara programas de trabajo en agricultura, visas de inmigrantes y de trabajo, y previera futuros flujos de inmigración, muchos migrantes optarían por la vía legal en vez de arriesgarse en el peligroso viaje a través de México y en los desiertos de Estados Unidos. Pero con el cierre de la ventana entre las elecciones presidenciales de 2012 y las elecciones de mitad del período del Congreso de 2014, las perspectivas de una reforma migratoria integral no parecen prometedoras.

-       Si los gobiernos centroamericanos plantearan más impuestos a sus elites económicas e invirtieran esos recursos en la reforma judicial para acabar con la corrupción, en la reforma de la seguridad pública para proteger a los ciudadanos y en las mejoras educativas para hacer las economías más competitivas, los "factores de empuje" que envían a cientos de miles de personas al año hacia el norte, se debilitarían. Pero tales reformas son apenas incipientes en Centroamérica hoy.

 

"Lo que hay que hacer", concluye WOLA, es políticamente poco probable que sea hecho y, además, necesitaría de al menos una generación para ser implementado. Así que es tentador para los gobiernos de México, Guatemala y de EEUU intensificar algunas de las medidas de mano ‘dura’ que “vimos que se preparan para entrar en funcionamiento durante nuestra visita a la zona fronteriza. Más puestos de control, más tecnología y patrullas, más centros de detención, y un mayor uso de las fuerzas militares regulares. Estas políticas, sin embargo, no van a resolver una situación que es alimentada por la pobreza, la legalidad débil, la corrupción endémica y la alta tolerancia hacia la delincuencia organizada. De hecho, podrían exacerbarla”.

Ante esta realidad, la organización de derechos humanos, hace propuestas, especialmente al gobierno de su país, más realistas aunque, seguramente, igual de improbables:

-       Utilizar la asistencia de los EE.UU. para ayudar a México a incrementar sustancialmente la presencia de entidades judiciales, de la fiscalía y de investigación para atacar severamente al crimen organizado y la actividad de las pandillas en la zona fronteriza, así como la difundida corrupción oficial que la alimenta. Es indispensable un sistema de justicia penal operativo, capaz de aplicar reglas de manera clara y justa.

-       Incrementar en gran medida la cooperación entre las agencias mexicanas de aplicación de la ley, de control migratorio y del poder judicial que trabajan con demasiada frecuencia de forma separada y recelosa en la zona fronteriza.

-       Fortalecer mecanismos para fiscalizar a la policía y al Instituto Nacional de Migración en México (INM).

-       Acabar con la participación de las fuerzas armadas mexicanas en funciones de seguridad ciudadana que las agencias civiles podrían desempeñar con igual facilidad en la zona fronteriza, y terminar con el apoyo estadounidense para tal involucramiento.

-       Priorizar la asistencia de los EEUU hacia Centroamérica a la prevención de la violencia, al fortalecimiento institucional del sistema de justicia penal, y al apoyo a esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer los controles internos y externos sobre las fuerzas policiales. Los EEUU también debería desarrollar una estrategia para abordar los factores económicos que generan las altas tasas de migración desde Centroamérica, e identificar cómo la asistencia de los EEUU puede ayudar a mitigar estos factores.

-       Reducir los obstáculos para solicitar asilo o refugio que enfrentan los migrantes centroamericanos con razones fundamentadas, tanto en México como en los Estados Unidos.

-       Lanzar una reforma radical del Instituto Nacional de Migración de México.

-       Desarrollar alternativas a la detención masiva de migrantes arrestados, especialmente la detención de menores. 

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