La violencia contra las mujeres se ceba en Latinoamérica

Los índices de violencia contra las mujeres en Latinoamérica han disparado todas las alarmas. Las cifras, aun dejando a un lado la aterradora estadística de Ciudad Juárez, describen un escenario que ha sido descrito como una auténtica pandemia. Un aumento alarmante de asesinatos a mujeres y niñas en el denominado 'triángulo negro' : El Salvador, Guatemala y Honduras.  La última voz de alarma han sido las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio. El fin de la impunidad, organizadas por la Universidad Carlos III de Madrid y Casamérica. Pero se trata de una realidad que ya denunciaba un informe de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el que se revela que en América latina y el Caribe el 40% de las mujeres es víctima de violencia física, el 60% sufre de violencia psicológica. Y así lo ponía de manifiesto también el estudio sobre 44 países realizado por Centro Reina Sofía de España, donde ocho de los diez países con los índices más altos pertenecen a la región.

Durante el encuentro celebrado en Madrid  la relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, afirmaba que este aumento de los asesinatos de mujeres y niñas en el 'triángulo negro' se debe a una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales. Lugares donde los hombres emplean la violencia contra las mujeres "porque pueden", decía taxativa. Para Miguel Llorente, delegado del Gobierno de España para la Violencia de Género, se trata también de una cuestión de visibilidad, la respuesta de la sociedad no es la misma que ante otros tipos de violencia.

Lo cierto es que la violencia de género está ligada a la falta de igualdad entre los sexos, lo que se traduce en una relación de poder donde el hombre domina o controla y la mujer está subordinada o depende de él. Este tipo de violencia es producto de ese poder y control masculinos, pero a la vez es un mecanismo para mantener ese poder y ese control sobre las mujeres.

La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.

Una de cada tres mujeres ha sido, o será, víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es la forma de discriminación y la violación más frecuente de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo. El aumento de los femicidios en toda America Latina y el Caribe es un hecho que preocupa. Los Gobiernos han iniciado algunas políticas de atención a la víctimas, concienciación y prevención, pero no son suficientes. Todo ello en una preocupante falta de datos confiables y homogéneos que permitan implementar los programas adecuados.

Aun así, las cifras son reveladoras. La CEPAL señala que la violencia física sufrida por las mujeres de Latinoamérica va desde golpes simples hasta agresiones severas con amenazas de muerte, acompañada por una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, también sexual. Un 45% declara haber recibido amenazas de sus parejas y Entre 5% y 11% de las mujeres dice haber sido víctima de violencia sexual.

Lagunas legales y de recursos

A pesar de los notables avances en normativas internacionales y legislaciones nacionales que protegen los derechos de la mujer, el estudio de CEPAL consigna que existen serias deficiencias en la aplicación de las normas, en la provisión de servicios y en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Tampoco se han destinado suficientes recursos a la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, agrega.

La impunidad es un grave problema, a pesar de que existe una amplia legislación y jurisprudencia internacional sobre la materia (Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW; Convención Belem do Para), incluso la Corte penal Internacional ha incluido la violación, la esclavitud sexual, y la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Argentina y Chile se encuentran entre los únicos estados latinoamericanas que han modernizado sus leyes de protección de las mujeres, mejorando la situación de este sector.

El III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, preparado por el Centro Reina Sofía de España sobre 44 países, y analizando antecedentes de 2000, 2003 y 2006, coloca a El Salvador como el país con un índice más alto: 129,43 muertes por cada millón de mujeres; Guatemala (92,74); Colombia (49,64); Honduras (44,64); República Dominicana (38,39); Bolivia (34,17), Paraguay (27,54) y Panamá (24,58). Entre los diez países con índices más altos solo se cuelan Estonia y Lituania de fuera de Latinoamérica. Los países donde no hay feminicidios son los principados de Mónaco y Liechtenstein, Malta, Islandia y Andorra.

 El estudio también se plantea el interrogante de si el agresor nace o se hace. José Sanmartín, uno de los autores del informe, afirma que, en su mayoría (8 de cada 10), son producto “de la mala educación” que proporcionan ciertos modelos de crianza, aquellos con un perfil autoritario o hiper-protector.

El 'triángulo negro'

Según los datos aportados en el encuentro  organizado en Madrid por la Universidad Carlos III, en El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década y presenta la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. Este país aprobó en 2008 la Ley contra el Femicidio, una legislación pionera en la zona, pero aun así la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. En Honduras, entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.

La situación más dramática –y visibilizada pero no por eso solventada– es Ciudad Juárez, México, donde en los últimos 17 años se han reportado 7.649 asesinatos de mujeres. Desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, la violencia se ha recrudecido, y ello a pesar de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (máximo órgano de justicia en América Latina) dictó en diciembre de 2009 declarando al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001. La sentencia de Campo Algodonero, no obstante, marca un antes y un después en América Latina.