Donar

Otramérica es posible gracias a tu aporte solidario

El tema 25 de noviembre

La violencia de género en Chile: entre la resignación y la rebeldía

martes 25 de noviembre de 2014 Frente a las diversas formas de violencia de género, hay un camino largo por recorrer en Chile, uno de los cinco países del mundo que aún no regula el aborto, y tiene tareas pendientes en la garantía de derechos de mujeres y diversidad sexual. Desde las organizaciones sociales hay una demanda creciente, que aún el Estado no ha sabido escuchar ni resolver.

Por Antonia Orellana Guarello

"Lo que entiendo, médicamente, (es que) del (sic) momento que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre, para engendrar", afirmó el legislador Issa Kort, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) en julio de 2013. Se refería al caso de Belén, una niña de 11 años de la ciudad sureña de Puerto Montt, quien al ser atendida en un centro de salud público reveló su embarazo, producido por reiterados abusos por parte de la pareja de su madre.

Alentada en los medios incluso por el ex Presidente Sebastián Piñera -quien señaló que admiraba su “madurez”- Belén cumplió los nueve meses de embarazo y hoy es madre.

Motivada por la polémica, la diputada María Antonieta Saá, del centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD) presentó un proyecto que permite el aborto en caso de que peligre la vida de la madre, cuando el feto sea biológicamente inviable o en caso de violación. Estas tres excepciones son también las contempladas por el proyecto de ley que la actual mandataria, Michelle Bachelet, comprometió durante su campaña para ser enviado antes de que acabara noviembre de este año al Parlamento.

El 3 de noviembre la Corporación Humanas llamaba al Gobierno a cumplir su palabra sobre debatir el proyecto, tal como lo dijo la Presidenta en la cuenta al país que se ofrece cada 21 de mayo.

Los medios difundieron la noticia de un nuevo embarazo infantil por violación, que por añadidura presentaba un feto con una cardiopatía inviable con la vida. La niña debió dar a luz en un hospital público de Santiago, a más de 700 kilómetros de su entorno familiar. Desde el equipo médico trascendió que estuvo la mayor parte del tiempo internada sin visitas de cercanos.

Casi un mes después, el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, confirmó que, pese al compromiso inicial de la Presidenta Bachelet, ninguna iniciativa sobre la denominada “agenda valórica” será enviada al legislativo este año. “Son las prioridades para el próximo año”, anunció a la prensa.

Especialmente significativo fue que el anuncio de aplazamiento fuera en vísperas del 25 de noviembre, 'Día internacional contra la violencia hacia la mujer'. La penalización del aborto en todos sus casos en Chile ha sido considerada por diversos sectores como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las más pobres.

Para el académico Ramiro Molina, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, éste es un tema que el Estado chileno tendrá que debatir en un momento dado: “Con o sin esta discusión acerca de las tres causales, el tema se va a presentar igual en el Parlamento. Es ineludible”, asegura.

“Aquí equivocadamente se ha llamado a estos temas como valóricos. No son temas valóricos, sino de cuestionar el poder”, señala Ana Bell, ex vicepresidenta nacional de la Mujer de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Bell estuvo en el primer equipo que conformó el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), durante el primer gobierno democráticamente elegido después de la dictadura, a principios de los años '90.

Bell considera que la creación del Sernam, como primer organismo del Estado chileno, coincidió con una articulación fuerte del movimiento feminista. Primero se jugaron con el conjunto de la sociedad en la defensa de los derechos humanos y ganaron la legitimidad para poner en juego el compromiso de la democracia con los derechos de las mujeres una vez que el dictador Augusto Pinochet entregó el poder. Desde su mirada, “la democracia está incompleta en la medida en que las relaciones de género siguen siendo injustas en Chile”.

Buscando paliar estas falencias es que Michelle Bachelet comprometió el paso desde el Sernam (de menor rango en el aparato estatal) a un nuevo Ministerio de la Mujer, de la mano de la primera ministra comunista desde la Unidad Popular de Salvador Allende, Claudia Pascual.

La representante del Observatorio de Género y Equidad, Tatiana Hernández, apunta que la crítica que plantea su entidad "se orienta a que se necesitan señales potentes durante el proceso de creación de este plan, que den cuenta de que en este país no se permitirá violentar a una mujer, que es un delito, y que no se contribuirá más a generar contextos sociales de impunidad”, la cual se refleja en que, según datos de los persecutores públicos, el 91,7% de las causas por violencia intrafamiliar terminan sin condena, y que en el 45,2% de los casos de feminicidio existen denuncias previas por agresiones.

Ese tipo de señales se han estado pidiendo también en ámbitos como el aumento en las cifras de feminicidios. Si el año 2013 finalizó con 63 asesinatos a mujeres -entre los reconocidos por la ley, dentro de un contexto de violencia intrafamiliar y los casos que se enmarcan en agresiones hacia la mujer-, durante el año 2014 ya van 55 casos, además de dos niñas muertas en lo que se conoce como feminicidio cruzado, cuando el criminal utiliza también a los o las hijas como vías para violentar a la madre.

Para Ana Bell “estamos todas expuestas a la violencia desde el punto de vista teórico, porque tenemos una condición de género que nos hace vulnerables. Pero hay factores que hacen que otras mujeres estén más expuestas que otras. La pobreza es una”.

El carácter neoliberal de las estructuras en Chile vuelven especialmente grave la situación para quienes no tienen el poder de consumo para costear aspectos básicos que han derivado en mercancía, como la atención en salud, la vivienda o el acceso a la educación. Según Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, “el grupo más expuesto es el de las mujeres de menores ingresos. No sólo a no a poder acceder a la atención, sino que a vivir situaciones de discriminación o violencia obstétrica”. Como un ejemplo de ello, en el último caso de embarazo en adolescente producto de violación, la víctima de 13 años recién tuvo acceso a un control médico a las 33 semanas. En su caso, la variable de género se conjugó con un entorno de pobreza y la débil cobertura en salud en la zona rural de Carahue (Región de la Araucanía, al sur del país).

Distintas señales dan la alerta para Chile, desde recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Amnistía Internacional hasta las cifras entregadas por la seguridad pública, las cuales muestran un aumento sostenido de las tasas de denuncia por abuso y violación de mujeres adolescentes desde el año 2002 al 2008, con un mayor peso del abuso sexual. 

En otro ámbito, han aparecido renovadas expresiones de violencia de género, tales como la violencia sexual policial contra estudiantes de educación media en el contexto de las movilizaciones estudiantiles; agresiones hacia lesbianas, transexuales y mujeres inmigrantes, y la trata y tráfico de personas, incluyendo la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas por parte de mafias organizadas.

Las mujeres de los distintos pueblos que conviven en el territorio se ven expuestas a otro tipo de violencia, como el caso de la machi (autoridad espiritual mapuche) Millaray Huichalaf, condenada como cómplice de incendio, en un juicio que ha sido calificado por organismos de derechos humanos como parcial y racista, así como por múltiples organizaciones del pueblo mapuche. 

Ante todas estas luces de alerta, el Estado chileno parece actuar resignado ante la cultura machista tradicional en uno de los países más conservadores de América Latina en materias de derechos. “Vemos al Gobierno desplegado por una reforma tributaria, por la educación, pero prevenir la violencia contra las mujeres no parece ser parte de la agenda política”, apuntan desde el Observatorio de Género y Equidad.

Según Claudia Rodríguez, activista histórica por los derechos de las y los transexuales en el país, esta situación lo que hace es revelar el carácter del las instituciones en el país. “Desde mi perspectiva, el Estado chileno sigue siendo conservador y negocia principalmente con los ejes del poder del empresariado”, señala. Y opina que un tipo de respuesta integral exigiría el cruce de leyes laborales que protejan los derechos de las trabajadoras, un paso desde el mercado hacia la garantía pública de salud o un aumento en los impuestos para los más ricos. “Eso no es algo que parece posible con el Gobierno de hoy”, cuestiona.

 

Respuestas desde el movimiento social

“Desde mi punto de vista personal, creo que toda esa ola de liderazgo feminista contra la dictadura debiera haber culminado en una institucionalidad más fuerte desde el principio de la nueva democracia. Eso lo dijimos en su momento, pero las mujeres estuvimos muy fuera de la negociación de las fuerzas democráticas, quedamos bastante relegadas”, recuerda Ana Bell. Y agrega que cualquier cambio va a pasar por la necesaria rearticulación del movimiento feminista chileno. Asunto en el que coincide Claudia Rodríguez: “Al ocurrir la articulación pudiera ser que mayor cantidad de luchas sociales presionen, pero es algo a largo plazo”.

Ante ese panorama hay experiencias en distintos ámbitos dan cuenta de una incipiente rebeldía hacia el estado actual de las cosas. Frente a la clandestinidad total del aborto en Chile se han organizado redes de apoyo, como la Línea Aborto, medio de información telefónico que ya ha sido amedrentado en varias ocasiones por grupos cristianos conservadores por medio de querellas judiciales. Según han denunciado las activistas por el aborto, ello denotaría el cinismo de la clase dirigente chilena. “¡Cuica, cuica, cuica, nariz respingada, tú te haces abortos en clínica privada!” es el grito que se escucha en sus movilizaciones, aludiendo al secreto a voces de la élite de abortar haciendo pasar el procedimiento por una apendicitis, con costos que rondan los US$ 7.500 dólares, que equivale a 21 sueldos mínimos legales.

En un ámbito más institucional, la reciente promulgación de la ley que regula el trabajo de las empleadas de casa particular -las llamadas “nanas” chilenas- es un ejemplo de éxito luego de años de trabajo subterráneo para derribar convenciones sociales que datan de las estructuras coloniales de trabajo. La norma busca introducir regulaciones por primera vez en el sector, impactando en más de medio millón de mujeres, muchas de ellas migrantes, y ha sido promovida por el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap); de la mano de lideresas sindicales como Aída Moreno o Ruth Olate.

Desde la diversidad y la disidencia sexual también se levantan organizaciones y propuestas. La Organización de Transexuales por la dignidad de la Diversidad (OTD), ha puesto en agenda la Ley de Identidad de Género, que busca derribar las trabas legales que vulneran los derechos de  las personas Trans (Transexuales, Transgéneras, Travestis e Intersex). Aunque Claudia Rodríguez, advierte que hay ciertas precauciones que tomar al evaluar estas iniciativas, como la normalización de las personas Trans a los cánones heteronormativos. “He escuchado activistas de izquierda que dicen que tenemos que luchar por la ley de identidad de género para que las compañeras trans puedan estudiar. No poh, tenemos derecho a estudiar siendo raras, como somos”, enfatiza.

También se han visto avances dentro de la lucha por el cambio del sistema educativo, con una reforma debatiéndose en el Senado. En septiembre se realizó el primer Congreso de Educación No Sexista, al alero de la centenaria Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). Tatiana Hernández, del Observatorio de Género, señala que es necesario convencer a los diferentes actores de que no existe reforma posible si no se incluye la perspectiva de género en los diagnósticos y propuestas que se elaboren, por ejemplo.

Desde la perspectiva de Ana Bell “la institucionalidad es perfectible, pero yo no creo que el problema de género que tiene Chile se solucione a partir de la institucionalidad. Lo primero es fortalecer al movimiento social”. 

La mayoría de los y las representantes de las organizaciones coinciden. Los desafíos apuntan al desarrollo de una apuesta programática para combatir la violencia de género, la articulación con el resto de los movimientos sociales que se han levantado en la última década y el debate pendiente sobre la relación con las instituciones chilenas.

Antes de que se hagan los cambios, antes de que se voten las leyes, o de que se aprueben, si se mantienen las cifras de los años y décadas anteriores, todavía habrá mujeres que le doblen la mano a la legislación vigente en condiciones de higiene y salud peligrosas, arriesgando incluso sus vidas, o niñas como Belén que deban completar su embarazo. 

Ir arriba

¿Qué puedes hacer en Otramérica?

×