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El tema Derechos Humanos

Latinoamérica, LGBT y Derechos Humanos

lunes 23 de enero de 2012 La cultura patriarcal y católica no es buen caldo de cultivo para la tolerancia frente a la diversidad sexual. Sin embargo, algo está pasando en Latinoamérica. Una mujer transexual ocupa desde hace unos días un importante cargo público, puede haber modificaciones en la legislación en Brasil o en Cuba… ¿cómo se vulneran o protegen los Derechos Humanos de los colectivos LGBTI en Latinoamérica?

"He sido activista del sector y luchado por el reconocimiento de los derechos para la comunidad, donde las personas trans llevan la mayor carga de discriminación por su identidad de género diversa". Tatiana Piñeros

Por Equipo Otramérica

Teniendo en cuenta que mandatario del Vaticano, Joseph Ratzinger, dijo hace unos días que el matrimonio homosexual es una de las amenazas graves contra la familia tradicional que socavan “el porvenir mismo de la humanidad” no es de extrañar que para los sectores más reaccionarios de Latinoamérica y del Caribe las personas con una orientación sexual o una identidad de género diferentes a la heterosexual sean lo más parecido al fruto de la degeneración humana.

Pero los vientos de cambio que están cuestionando el modelo colonial y conservador del hemisferio en muchos aspectos también parece estar oxigenando al universo de los colectivos autodenominados LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). No se entra en esta historia a cuestionar o plantear el debate sobre la propiedad del uso del término LGBTI (cuestionado por algunos colectivos por formar parte de un intento de tratar el asunto de forma políticamente correcta y de encasillar a los seres humanos para segregar sus derechos), sino de compilar algunos de los indicios de los cambios en la percepción política respecto a estas minorías.

Los dos hechos más recientes tienen que ver con Colombia y Jamaica. En la capital colombiana, Bogotá, ha comenzado el mandato de Gustavo Petro, ex guerrillero de orientación izquierdista y enfrentado a las clases tradicionales del país, que ha decidido dejar a Tatiana Piñeros el cargo de directora de gestión corporativa en la Secretaría de Integración Social.

No sería noticia el nombramiento si no fuera porque Tatiana Piñeros es una mujer transexual, activista de los colectivos LGBTI de Bogotá. “Pertenezco a la comunidad LGBTI, soy transgenerista pero también una persona profesional y como profesional me he sabido desempeñar de manera eficiente en los cargos que he ocupado. He sido activista del sector y luchado por el reconocimiento de los derechos para la comunidad, donde las personas trans llevan la mayor carga de discriminación por su identidad de género diversa”, explicaba Piñeros, quien conoció a Petro en una reunión del actual alcalde con el colectivo LGBT de Chapinero, después de que la funcionaria se realizara la operación de cambio de sexo en 2007.

El oxígeno jamaiquino se siente especialmente limpio porque El Caribe conoce uno de los niveles de homofobia y de rechazo a las minorías sexuales más fuerte de la región. La nueva primeras ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, que ganó con comodidad las elecciones de diciembre, ya ha anunciado que va a incluir a una persona del colectivo LGBT en su Gobierno. De hecho, una semana antes de tener lugar las votaciones Simpson Miller declaró su apoyo a los derechos LGTB: “Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual”, en claro contraste con sus contendientes electorales, que utilizaron la homofobia como reclamo electoral.

No es Jamaica el único lugar donde hay altos mandos perteneciente a colectivos LGBTI. En Ecuador, el presidente Rafael Correa encargó en enero a la lesbiana y activista LGBT Karina Vance Mafla la gestión, de forma temporal, del Ministerio de Salud Pública. El colectivo LGBT de Ecuador manifestaba que espera que Vance “pueda atender y resolver en lo posible, desde su despacho, temas relegados por esta Cartera de Estado como el ilegal funcionamiento de las llamadas “clínicas de deshomosexualización” que funcionan en el país, y que debe controlar el MSP; asimismo solventar las falencias que existen en la distribución de anti retrovirales para personas con VIH; y la consolidadción de políticas de atención médica adecuadas en el sistema de salud pública para personas de la diversidad sexual, que por nuestra condición, solemos ser discriminadas”.

 

Nuevas leyes

Mientras, en Brasil siguen acumulándose sentencias judiciales que allanan el camino hacia el reconocimiento en el parlamento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En junio de 2011, tribunales de São Paulo y Brasilia reconocían los dos primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, uno gay y otro lésbico. En octubre, era el Tribunal de Justicia Superior el que hacía lo propio. “El fallo señaló que es perfectamente constitucional que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, por lo que autorizaba que dos mujeres que convivían desde hace cinco años se convirtieran en esposas. Pese a que se refería solo a la pareja demandante y no era automáticamente extensivo a otros casos, el fallo sentaba un importante precedente”, relata un medio de comunicación LGBT. En marzo de 2011 se constituyó un frente parlamentario a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo promovido por el diputado gay Jean Wyllys.

En Brasil, además, se está presionando muy fuerte a los políticos para que en 2012 se apruebe una ley que penalice la homofobia. La Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Gobierno ya ha mostrado su apoyo a la iniciativa y para lograrlo se ha recuperado un texto de 2001 del parlamento que iguala homofobia a racismo.

Los colectivos LGBTI también confían en que Cuba dé un paso definitivo y apruebe las uniones civiles entre personas del mismo sexo. A pesar de que Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija del presidente Raúl Castro, ha tomado este asunto como bandera, los pasos de la Isla para erradicar la discriminación a las personas no heterosexuales son lentos. Cuba viene de un pasado de fuerte represión a la homosexualidad y, aunque en 2008, aprobó las operaciones de cambio de sexo, ha sido renuente a modificar el Código de Familia para permitir las uniones civiles. “Confío en que la Conferencia del Partido [Comunista de Cuba, que se reúne a finales de enero de 2012] ayude a definir explícitamente una política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género y que, a su vez, ayude a desarticular los prejuicios que obstaculizan su aprobación”, expresaba públicamente Mariela Castro hace unos días.

 

Asunto de DDHH

No son muchos países latinoamericanos que trabajan contra la discriminación legal y la violencia contra las personas por su orientación sexual o identidad de sexo. Se trata, sin duda, de un aspecto básico de respeto a la legislación internacional sobre Derechos Humanos. En su informe de diciembre de 2011, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordaba que “todas las personas, incluidas las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, tienen derecho a gozar de la protección de las normas internacionales de derechos humanos, en particular con respecto a los derechos a la vida, la seguridad de la persona y la intimidad, el derecho a no ser sometido a torturas ni detenciones arbitrarias, el derecho a no ser sometido a discriminación y el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.

En el mundo, según este informe, hay 76 países con legislación que criminaliza a las personas por su orientación sexual o su identidad de sexo. En Latinoamérica y El Caribe sólo es legal la unión civil entre personas del mismo sexo en Argentina, en Uruguay y en dos jurisdicciones de México (la capital, México D.F. y Quintana Roo). Algunos países, como Venezuela, Colombia o Ecuador se reconocer ciertos derechos (patrimoniales o de protección social) a las parejas de personas del mismo sexo pero no les dan el estatus de unión civil equiparable a la de dos personas heterosexuales. En varios países del Caribe anglófono (Barbados, Belice, Jamaica o Trinidad y Tobago) la homosexualidad es criminalizada por ley.

“En la región, Ecuador presenta la segunda Constitución en el mundo que reconoce la no discriminación por orientación sexual; la Ciudad de Buenos Aires tiene desde 1996 una Constitución que reconoce el ‘derecho a ser diferente’ y la no discriminación por género y orientación sexual; y en 2009, Bolivia fue el primer país en la región a contemplar la no discriminación por orientación sexual e identidad de género a nivel constitucional”, explica el completo estudio Sexualidad y Política en América Latina, aunque en seguida aclara que esos “avances” se han quedado, “en la mayoría de los casos”, en el papel.

Queda mucho camino, sólo apuntamos aquí por dónde avanza la vereda.

 

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