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El tema Memoria

Panamá le hace trampa (otra vez) a la verdad sobre la invasión

miércoles 06 de septiembre de 2017 Casi 28 años después, sigue sin conocerse la dimensión de lo ocurrido durante la invasión estadounidense a Panamá. La Comisión creada en julio de 2016 por el actual Gobierno no avanza por falta de recursos y de apoyo político. La renuncia de uno de sus comisionados destapa una realidad silenciada en el país.

Panamá se libró de Noriega en un proceso controlado a distancia en el que la investigación sobre los abusos cometidos durante la invasión no tenía ningún lugar ni interés.

Por Paco Gómez Nadal

Enrique Illueca, hijo del expresidente panameño que en 1984 clausuró la Escuela de las Américas,  no ha podido aguantar más. Tras un año como miembro de la Comisión de la Verdad 20 de Diciembre, creada –en teoría- para poner cifras y nombres a la aún incompleta lista de víctimas de la invasión estadounidense a Panamá de 1989, ha renunciado. No le ve sentido a figurar sin hacer. 

Su renuncia llegó el 20 de julio de 2017 después de que la propuesta firmada por Illueca y por otro de los cinco comisionados (Rolando Murgas) para declarar el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional fuera rechazada en la Comisión presidida por el rector de una universidad católica, Juan Planells. La Comisión, constituida el 20 de julio de 2016, con dos años de atraso desde que fuera anunciada por el presidente de la República en el 25 aniversario de la sangrienta invasión, ha estado paralizada en la práctica: sin presupuesto para funcionar, tirando de voluntarios y sin capacidad real de presión política. “Sin ánimo inquisitorial”, explica Illueca, “pero con justo desasosiego, cabe preguntarse qué extraña congruencia hay en la decisión de crear la Comisión y no dotarla inmediatamente de los fondos necesarios, hasta pasado casi un año de su instalación. Cabe preguntarse qué inescrutable orden de prioridades ha establecido el Presidente de la República para estar deliberadamente ausente de los actos conmemorativos del pasado 20 de diciembre de 2016, pasados cinco meses de la instalación de la Comisión”.

La Comisión no ha logrado ninguno de sus objetivos: “determinar el número e identidad de las víctimas” de la invasión, “investigar las violaciones a los derechos humanos, al  derecho internacional y al derecho humanitario”, “evaluar la propuesta de declarar día de duelo nacional” el 20 de diciembre –la fecha del inicio de la invasión-, “recomendar las medidas de reparación y reivindicación”, y elaborar un informe final.

De hecho, en un informe al país hecho por Planells en julio de este mismo años sólo balbuceó que “se ha avanzado notablemente”…en definir las líneas de investigación. Planells ha sido clave en el rechazo a la propuesta de declarar como Día de Duelo Nacional el 20 de diciembre. “No es el momento político”, ese fue el mensaje del Gobierno que, según cuentan fuentes cercanas a la Comisión, trasladó Planells al resto de comisionados. Y el momento político no lo era por la inminente llegada al istmo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence –que terminó con la detención violenta de varios dirigentes estudiantiles-, y por el giro diplomático de Panamá, que ha impuesto visado a los venezolanos alineándose con la línea dura impulsada en la región por Washington.

La invasión y los derechos humanos

El foco de la Comisión de la Verdad debía centrarse en lo ocurrido desde “el 19 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las fuerzas invasoras de los Estados Unidos de América”. Y a los Estados Unidos de América no le gusta esa definición; aunque ya el 29 de diciembre de 1989, días después de comenzada la invasión, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara uno de sus brindis al sol –la Resolución 44/240- en el que condenaba la intervención armada por constituirse en “una flagrante violación del Derecho Internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados”. Ahora, EEUU ha encontrado en la bloqueada Comisión 20 de Diciembre otra excusa para bloquear las investigaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, así lo hizo en la sesión de diciembre de 2016 en la que el Departamento de Estado pidió que la CIDH no diera ningún paso hasta que la Comisión 20 de Diciembre no hubiera terminado un trabajo que casi no ha empezado. Algo para lo que falta tiempo ya que el presidente Planells anunció que solicitará una prórroga del plazo de, al menos, un año más.

Planells ha mantenido una posición pública conciliadora con el Gobierno, aunque internamente haya mostrado su disgusto. Illueca le escribía en abril de 2017 una carta en la que denunciaba “la ausencia de la voluntad gubernamental de dotar de forma expedita e inmediata a la Comisión 20 de diciembre de 1989, de la estructura y los recursos que (…) le permitiría cumplir con los anhelos reinvidicadores de la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la Nación panameña”. El presidente de la Comisión le contestaba: “Los miembros de la Comisión se sienten totalmente defraudados por las demoras en el proceso de conseguir los fondos necesarios para iniciar actividades relacionadas con las responsabilidades que nos asignaron hace ya meses. No vemos interés en ir adelante con este proyecto y no queremos seguir engañando a la población con más excusas. He involucrado a la USMA [Universidad Santa María la Antigua, de la que es rector] en este trabajo y gracias a ello podemos presentar algunos avances pero no me parece justo que algunas autoridades del Gobierno no presten atención al tema. Próximamente adoptaremos una posición colegiada sobre el mismo y les mantendremos informados. Debo reconocer que habrá que excluir de esta culpa a contadas figuras que han demostrado interés pero con ello no vamos a conseguir resultados en una misión tan importante”. Tres meses después, Planells hablaba en público, y junto a la vicepresidenta y canciller del país, Isabel Saint Malo, de “avances notables” que no pudo detallar.

Las quejas de Illueca pasan inadvertidas a una opinión pública que enterró en mayo de 2017 a Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte derrocado y encarcelado en la invasión, y que en estos 28 años le ha apostado al olvido antes que a la verdad. También es una opinión pública que ve como su ex presidente, Ricardo Martinelli, está encarcelado en Estados Unidos pendiente de un proceso de extradición, y abrumada por los múltiples escándalos de corrupción que salpican a una buena parte de la élite económica y política del país.

Desde el Gobierno, se aplaza la decisión de establecer el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional –ahora tiene la categoría de Día de Reflexión-, y se insiste en levantar un monumento a las víctimas de asesinato y desaparición durante la considerada como “dictadura militar”. En este caso, y tras la invasión de Panamá en 1989, sí se estableció una Comisión de la Verdad que cifró en 116 las víctimas de los gobiernos controlados por militares entre 1968 y 1989.

La transición tutelada por militares

El olvido, o el silencio, alrededor de lo ocurrido en 1989 no es casual o fruto de una amnesia colectiva repentina. Tras la invasión, en la que participaron unos 27.000 soldados estadounidenses y cuya cifra de víctimas va de las 500 reconocidas oficialmente a las 6.000 de las que hablan algunos organismos de derechos humanos, se abrió un periodo de tutela militar desde Washington a la débil democracia panameña.

Tras la Operación Causa Justa –la invasión de un país ya con presencia colonial de EEUU- llegó la Operación Promover Libertad, que “se convirtió en una ocupación militar en toda forma cuya mayor preocupación fue evitar que el Gobierno de [Guillermo] Endara [que tomó posesión como presidente en el Fuerte militar estadounidense Clayton ese mismo 20 de diciembre de 1989] fracasara, restaurar fuerzas armadas policiales ‘adecuadas’ y reconstruir algún esquema político viable que garantizara suficiente estabilidad para proteger los intereses de Estados Unidos, justificar la invasión, morigerar la corrupción y dar la imagen que la guerra estaba justificada”, como afirma Julio Manduley, del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-PANAMÁ): “La Operación Promover Libertad” se extendió formalmente hasta 1994, aunque el grupo de Asistencia Militar se disolvió con su misión cumplida luego de 13 meses de actuación, en Enero de 1991 luego de actuar como un verdadero gobierno paralelo con generales y coroneles adscritos cotidianamente a las decisiones de la Presidencia de la República, los Ministerios de Gobierno y Justicia, Planificación y Política Económica, Relaciones Exteriores y Hacienda y Tesoro, además de Comercio e Industrias, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Agropecuario, Salud y Vivienda”. Los libros publicados por el Center of Military History del Ejército de los Estados Unidos, dan detallada cuenta (más de 800 páginas de texto, mapas y croquis) de todos los hechos relacionados a las operaciones “Causa Justa” y “Promover Libertad” perpetrados por los Estados Unidos a partir del 20 de diciembre de 1989.

Es decir, Panamá se libró de Noriega en un proceso controlado a distancia en el que la investigación sobre los abusos cometidos durante la invasión no tenía ningún lugar ni interés. Enrique Illueca insiste en que “a casi 28 años de la pesadilla de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, recordamos los panameños y las panameñas que se nos colocó en un callejón sin salida y se nos sometió al ultraje, a la humillación y a la vergüenza. Hoy, aunque han transcurrido más de 27 años de los hechos, nuestro rechazo y nuestra condena de la invasión no es un asunto del pasado. Es una herida con una cicatriz que dura para siempre, y que sigue en espera de la plena compensación y de un justo desagravio”.

En 1992, Manduley, con un pequeño equipo de voluntarios del CEE-Panamá, hizo un primer e incompleto Listado de Víctimas que sigue siendo vigente en tanto es el único hecho público. A dicho listado la Comisión 20 de Diciembre ha añadido los nombres de aquellos que reposan en el Cementerio Jardín  de Paz. Todos juntos suman poco más de 300 casos. La verdad es mucho mayor –de hecho el conteo del Instituto de Medicina Legal en 1990 sumaba 516 muertos- y cada día que pasa las fuentes y las referencias se diluyen.

Hasta el momento, Estados Unidos ha mantenido un silencio público que no parece corresponderse con las gestiones diplomáticas para bloquear cualquier avance en la memoria de lo sucedido. El Gobierno de Panamá ha anunciado que no va a interponer acciones judiciales contra el invasor sea cual sea el contenido del informe final de la Comisión. Y Enrique Illueca, ya fuera de la Comisión 20 de Diciembre, debe estar recordando las palabras de su padre, el expresidente Jorge Illueca, quien mantenía que “la ética necesita de memoria y comparación”. La memoria sigue proscrita en el país de los Panama Papers y de los milagros macroeconómicos. La comparación salvaba a Juan Carlos Varela por ser el primer presidente post-invasión que dio luz verde a una comisión de la verdad sobre los traumáticos sucesos y ahora lo iguala al resto de mandatarios al bloquear los avances del grupo de trabajo ad honorem por consideraciones ‘geopolìticas’ que parecen más lejanas de la búsqueda de la verdad que de las relaciones tradicionalmente subordinadas a los Estados Unidos.

 

 

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