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El tema Panamá

¿Qué está ocurriendo en Pedro González?

miércoles 06 de julio de 2016 Pedro González es una de las islas que conforma el archipiélago de Las Perlas, en Panamá. Allá, tras la sombra mediática y el humo de los informes internacionales, una comunidad resiste y se enfrenta a un megaproyecto turístico. Conoce qué está ocurriendo allá y por qué se suceden choques de forma recurrente entre población y agentes de la fuerza pública.

Por M. Eugenia Mellado

Durante las últimas dos semanas han estado circulando por las redes sociales noticias llegadas desde la isla de Pedro González, en el archipiélago de Las Perlas (Panamá). Se refieren a los enfrentamientos ocurridos los días 16 y 17 de junio de este año entre un grupo de pobladorxs oriundos de la isla y oficiales del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá (SENAN)[1]. Las imágenes y videos que acompañaban la noticia resultaban impactantes: un herido con algún tipo de impacto de bala intentando ser socorrido por otrxs pobladorxs al grito de: “¡dejen de estar tomando fotos!”, “¡ustedes aquí no están para tirar bala sino para cuidar al pueblo!”.

Una de las personas de Pedro González relataba así lo sucedido: Cerca del aeropuerto donde se construye el actual proyecto Pearl Island (en manos de las familias Eleta y Saint-Malo), existe una cerca perimetral electrificada. Tres moradores, quienes buscaban acceder a los terrenos que utilizan como fincas-agrícolas sufrieron descargas debido a las cuales debieron ser trasladados a la comunidad de San Miguel (cabecera del distrito) para recibir atención médica.

Algunas personas de la comunidad se acercaron a las oficinas de la empresa en la misma isla para quejarse sobre la presencia de estas cercas dado que no estaban correctamente señalizadas (ni sus potenciales peligros). En respuesta, un policía del SENAN disparó a quemarropa a uno de los moradores que se encontraba allí dialogando con la empresa. Esta persona fue trasladada a San Miguel en primera instancia aunque, dada la gravedad de las heridas, fue inmediatamente derivada a Ciudad de Panamá”[2]. Actualmente, el herido se encuentra aún hospitalizado, aunque estable y fuera de peligro tras los impactos de bala recibidos.

Los días siguientes al episodio narrado, gracias al apoyo y difusión de asociaciones civiles y particulares, la noticia logró hacerse eco de manera viral en las redes sociales. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación con mayor impacto en Panamá y Centroamérica (radio, televisión y periódicos) prefirieron hacer oídos sordos a estos acontecimientos[3]. Tanto la violencia policial como la desinformación (o, aún peor, la omisión controlada de información) son las principales causas que motivan este artículo.

La intención principal es contextualizar la situación para comprender que lo que está ocurriendo en Pedro González no es más que una nueva réplica de lo que viene sucediendo y siendo silenciado hace años.

 

Pedro González es una isla ubicada en el Pacífico panameño y forma parte del Archipiélago de Las Perlas[4]. Dentro de sus 15 km2, se localiza una población de aproximadamente 300 personas. El Archipiélago en su totalidad cuenta con alrededor de 2.700 habitantes, repartidxs en las diferentes islas y comunidades[5]. Al igual que Pedro González, muchas de estas poblaciones históricas[6] se han visto expuestas durante los últimos años a intereses foráneos patrocinados principalmente por las élites nacionales acompañadas del capital transnacional. Desde una perspectiva simplista, podría decirse que estos grupos de poder económico y político[7] “pretenden el desarrollo turístico” de la zona. Sin embargo, a cinco décadas de la apertura del primer hotel en las islas -el famoso Hotel Contadora (el cual dejó de funcionar en el año 2008)- y tras numerosos proyectos “turístico-residenciales” fracasados, el calificativo turístico genera profundas dudas en el verdadero modelo de desarrollo que se propicia en el área. Por el contrario, Las Perlas comienzan a ser sinónimo del negocio inmobiliario (Real Estate) y especulativo.

El caso de Pedro González comienza en los años 2008y 2009, cuando la empresa Zoniro (en mano de los grupos económicos Eleta y Saint-Malo) decide comenzar las primeras fases de su proyecto “Pearl Island” (con una clara predominancia del componente residencial más que del turístico). Desde su inicio, paulatinamente se han venido produciendo cambios en el acceso y utilización de las tierras externas al área residencial comunitaria. Cuando el proyecto comenzó a operar en 2009, pese al título legal de propiedad existente (desde el año 1971[8]), las tierras continuaban siendo en la práctica, de libre acceso. Lxs pobladorxs seguían ejerciendo la agricultura de roza, quema y la caza. Con el avance en la construcción de carreteras, diferentes zonas de la isla cobraron accesibilidad y visibilidad para los inversionistas y por ende, comenzaron a ser “limpiadas” (deshierbadas) y cada vez más restringidas, de acuerdo al plan de desarrollo de la empresa.

A la par de estos procesos, se venía efectuando la compras de derechos posesorios por parte de la empresa a lxs moradorxs. Cada vez que se tumbaba un palo (árboles frutales en su mayoría) en pos de seguir abriendo caminos, lxs pobladorxs que habían trabajado ese pedazo de tierra, exigían indemnizaciones por los daños ocasionados a fincas (propias o de sus antepasadxs recientes). La empresa al principio estaba abierta al diálogo, pero poco a poco ambas partes (empresa y pobladorxs) fueron polarizándose en dos posturas: Por un lado, había personas de la comunidad exigiendo precios demasiado elevados por los daños y las fincas en cuestión, y, por otra, la empresa amparándose en el título legal de propiedad de la isla completa y la falta de necesidad de pagar por daños sobre un territorio que, a efectos de la ley, le pertenece.

Estas actitudes, llevaron a enfrentamientos directos durante los años 2009, 2010, 2013 y 2014. Este último fue el que mayor impacto tuvo a nivel nacional dado el carácter de violencia física que tuvo. Resultaron tres personas heridas y tres detenidos por los guardias del SENAN, quienes se encuentran protegiendo las instalaciones del proyecto desde el año 2013. Este hecho culminó en un cercado humano de guardias alrededor del pueblo por varios días. La noticia fue publicada en medios de carácter alternativo.

Es importante señalar que al igual que a nivel empresarial, a nivel comunitario tampoco se puede tener una visión simplista sobre los intereses existentes. Si bien desde 2009 existe un Comité de Moradores de la Isla Pedro González (también conocido como el Comité Pro Defensa de la isla de Pedro González) no es posible afirmar que todas las personas de Pedro González participen y estén de acuerdo con esta organización. Por el contrario, la fragmentación social (entre aquellxs que trabajan para la empresa y la defienden, aquellxs que “luchan desde adentro” y aquellxs que se enfrentan directamente) es una característica que en más de una ocasión ha sido estudiada en este tipo de problemáticas asociadas al turismo-residencial.

En este contexto es necesario comprender la complejidad de actores, sus intereses y formas de manifestarlos. Los acontecimientos de las pasadas semanas (junio de 2016), no son más que una nueva expresión pública (mediatizada en este caso por las redes sociales) de un conflicto que, tal como ha quedado claro, sigue y seguirá latente mientras no se propicie un diálogo entre todas las partes involucradas: distintos sectores de las comunidades, el grupo empresarial, el Gobierno Nacional, y las organizaciones sociales.

Ante estos acontecimientos, cabe preguntarse varias cosas. Comenzando por la razón por la cual los medios de comunicación masivos y de mayor alcance han decidido no cubrir estos hechos (quizás cabría buscar las coincidencias entre lxs dueñxs de estas grandes cadenas, las élites políticas y quienes llevan adelante el proyecto Pearl Island). Siguiendo por la ausencia de un comunicado oficial de parte de la empresa sobre los sucesos (la cual el día 20 de junio publicó un mensaje en su cuenta de Facebook vinculada al sector de Responsabilidad Social Empresarial unas palabras las cuales llamativamente fueron “borradas” al cabo de unas horas). También es llamativa la ausencia de las distintas dependencias del Gobierno Nacional (más allá del SENAN) en la zona tras los acontecimientos. Aunque es cierto que el diputado del circuito se interesó en el caso, ¿por qué motivo no se le pudo dar seguimiento? Se espera que en las próximas semanas, por propia iniciativa, miembrxs del Comité se reúnan tanto con la Defensoría del Pueblo como con otras organizaciones públicas en materia de Derechos Humanos. ¿Lograrán estas acciones un acercamiento entre la comunidad y el Gobierno?

Finalmente, habría que hacer las preguntas pertinentes sobre el papel de la fuerza pública, instalada en una propiedad privada, cuidando intereses privados. ¿Y qué hay del bien común? ¿Y de la igualdad? ¿Y de la justicia?

Para concluir, se hace un llamado a la reflexión crítica sobre estos sucesos ocurridos: sobre la violencia institucional hacia las comunidades y sobre la actitud invisibilizadora del conflicto por parte de la prensa y la misma empresa. El diálogo y la negociación no sólo son evidentes sino necesarios para que los conflictos encuentren su cauce, las comunidades sean correctamente asesoradas y tratadas. ¿Por qué no resignificar el caso de Pedro González como modelo de gestión para tantos otros conflictos similares se viven a diario a lo largo y ancho de las costas e islas panameñas?



[1] Es una entidad de seguridad pública en el ámbito marítimo, aéreo, portuario y aeroportuaria en todo el territorio nacional. Sus funciones teóricas son “proteger vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (…), conservar el orden público y prevenir los hechos delictivos y las faltas, así como proteger el espacio aéreo y marítimo; las aguas navegables, la plataforma continental submarina y las aguas lacustres de la República de Panamá. Fuente: http://www.aeronaval.gob.pa/?op=home

[2] Este texto es el que comenzó a circular en Facebook luego del enfrentamiento. Fue redactado en base a la información provista por moradores de la isla y contó con su aprobación para ser difundido. Se hace la aclaración que las fincas que se mencionan han sido usufructuadas históricamente por estos pobladores.

[3] Únicamente el periódico “Crítica” del 18 de junio mencionaba el enfrentamiento, asegurando que “el hecho no había ocasionado heridos”. Fuente:  http://www.critica.com.pa/nacional/construccion-en-isla-pedro-gonzalez-provoca-enfrentamientos-437445 En los medios televisivos, Telemetro publicó a manera de “noticia breve” los incidentes, sin dar muchos más detalles al respecto. Periódicos como “La Prensa” o “La Estrella de Panamá” fueron contactados pero de parte de ninguno de ellos se evidenció una actitud positiva para cubrir la noticia.

[4] Administrativamente, denominado “Distrito de Balboa”. 

[5] A saber: en Isla del Rey, San Miguel (aproximadamente 1.000 habitantes), La Esmeralda (500 habitantes), La Ensenada (100 habitantes), La Guinea (90 habitantes); en isla Saboga, la comunidad homónima (cuenta con aproximadamente 450 habitantes), isla Contadora (100) y finalmente isla Casayeta, donde se ubica la comunidad de Casaya (70 personas).

[6] Es de notar que si bien los orígenes más significativos de estas poblaciones se remontan a tiempos de la Colonia, con la llegada de esclavos africanos para bucear las perlas, los actuales poblados (en tanto establecimiento nucleado de viviendas) no poseen más de 200 años de antigüedad (según información obtenida de archivos y entrevistas). Hasta ese entonces, se conoce que estas poblaciones vivían de manera dispersa, a lo largo de las diferentes islas, asociadas a las distintas compañías de explotación perlífera. Una vez estas se retiraron de la zona (debido principalmente al notable desabastecimiento del producto a principios del siglo XX) es que poco a poco se va conformando el actual paisaje insular.

[7] Varios de los apellidos de familias involucrados en estos grupos llegados recientemente a las islas tienen su representación en los distintos gobiernos de turno sucedidos a partir de la década de 1960.

[8] Este título, curiosamente fue otorgado con una población históricamente establecida hacía décadas la cual se convertiría en la figura de “corregimiento” luego de las reformas constitucionales de 1972. 

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