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El tema Megaproyectos

¿Quién quiere matar al Tapajós?

jueves 11 de agosto de 2011 En la comunidad de Mangabal, a orillas del Alto Río Tapajós (Pará, Brasil), está teniendo lugar uno de los innumerables choques entre dos visiones del mundo completamente opuestas: por un lado la economía local de subsistencia, sostenible y desarrollada a lo largo de cientos de años por los habitantes de estas tierras y por el otro una economía globalizada sedienta de materias primas baratas.

Tras sobrevivir a las sucesivas fiebres del caucho, el oro, la madera o el agronegocio, un gran complejo hidroeléctrico amenaza con ahogar Mangabal y su modo de vida. 

Por Pablo Vidal / Guillermo Santamaría

En plena carrera hacia el La Copa del  Mundo de fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016 y protagonista creciente en la política y la economía mundiales, Brasil se debate entre un desarrollo acelerado promovido desde las élites del rico Sur y la preservación de su naturaleza y las culturas ancestrales. Brasileños por igual, sus habitantes tienen una visión muy diferente del mundo dependiendo del lugar donde viven. Sin embargo, las poblaciones indígenas 

y tradicionales sufren la presión adicional de saberse los últimos guardianes de la naturaleza con la que conviven. 

 

La joya del Tapajós 

La comunidad de Mangabal, en la cuenca del río Tapajós, pertenece al municipio de Itaituba, en el estado brasileño de Pará. A finales del siglo XIX los mercados mundiales comenzaron a dejar su huella en este rincón del planeta, cuando  los altos precios que llegó a alcanzar el látex del Hevea brasilensis provocaron la llamada fiebre del caucho. Cientos de miles de emigrantes del nordeste de Brasil fueron impulsados a instalarse en la cuenca amazónica como mano de obra barata para extraer caucho (seringa), muchas veces en condiciones de esclavitud encubierta; la población de Pará pasó de  329.000 habitantes en 1872 a  695.000 en 1900.  Los  habitantes de Mangabal son descendientes de esa ola migratoria: se tiene constancia del origen de las actuales familias en la década de 1870, mucho antes de que Brasil fuera lo que ahora es. 

El final de la fiebre del caucho brasileño ocurrió en torno a 1912, provocando el derrumbe de enormes fortunas. Los “barones del caucho” perdieron interés en esta industria y abandonaron a los seringueiros (muchos de ellos esclavos de facto) a su suerte. Durante las décadas que duró el oro blanco, habían ido naciendo y asentándose familias y comunidades donde se mezcló para siempre la sangre indígena con la de los colonos. La mayor parte de estas personas no disponía ni de medios ni de ninguna motivación para abandonar las únicas tierras que podían considerar suyas, por lo que permanecieron allí, cada vez más lejos de lo que ocurría en su país y en el mundo. 

Poco a poco, estas comunidades de exóticas mezclas culturales consolidaron un estilo de vida basado en la pesca, la caza, la agricultura, el aprovechamiento de todo tipo de productos de la selva y el pequeño comercio. Esta manera de vivir, que se puede describir como “campesinado forestal”, persiste hasta hoy en día. Este fue el origen de comunidades como Mangabal, donde son ya ocho las generaciones de ribeirinhos (como se conoce en Brasil aquellos que habitan las orillas de los ríos amazónicos) que han vivido en estas tierras. La ausencia de huellas visibles en la selva o en los ecosistemas demuestran que su modo de vida es sostenible en cuanto la explotación de los recursos que hay a su alcance. 

Es de justicia recordar aquí que durante muchos años, el crecimiento de estas comunidades inmigrantes de seringueiros chocó frontalmente con los habitantes originales de estas tierras. 

Las relaciones de los pueblos indígenas con los colonos fueron casi siempre violentas ya que, en el mejor de los casos, las explotaciones de caucho solían invadir sus tierras. Además, las comunidades de recién llegados apenas contaban con presencia femenina, lo que les empujó a secuestrar mujeres locales. Sin embargo, también en justicia, estas mujeres no deben ser sólo vistas como víctimas pasivas de un modo absolutamente despiadado de crecimiento. Ellas fueron también verdaderas fundadoras de las comunidades que ahora son conocidas como “poblaciones tradicionales”, a las que aportaron la sabiduría ancestral de los pueblos a los que pertenecían. Si no hubiera sido por sus conocimientos, los recién llegados no hubieran tenido ninguna posibilidad de supervivencia en el medio (exuberante, pero agresivo) en el que se habían instalado. De esta manera, las nuevas comunidades asimilaron miles de años de sabiduría que han desembocado en una comprensión plena de un entorno con el que viven en casi completa simbiosis. 

 

Una y mil luchas 

Se tiene constancia de que en la década de 1950 finalizaron las últimas escaramuzas entre colonos y pueblos indígenas en Mangabal, cuando todos los colonos se instalaron en sólo una de las márgenes del río. Casi desde entonces, comunidades ancestrales y recién llegadas, que habían luchado entre sí durante décadas, tienen enemigos comunes. 

Ya en 1974 las malas noticias comenzaron a llegar desde una gran compañía paranaense llamada Indussolo, que reclamaba, como parte de un lote de más de 11.000 km2, su propiedad sobre esas tierras  y la expulsión de sus habitantes. Indussolo utilizaba para esta reclamación fraudulenta la técnica del grilagem, consistente en falsificar títulos de propiedad “antiguos” para apropiarse de tierras públicas, una táctica común y amparada por un sistema corrupto que se beneficia de estas apropiaciones ilegales. 

Tras meses de trabajos de investigación por todo el mundo, un detallado estudio llevado a cabo por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) pudo probar que la presencia de los habitantes de Mangabal se remontaba a finales del siglo XIX. En junio de 2006, con el apoyo del MPF los habitantes de la comunidad consiguieron establecer, legalmente y a través de los tribunales, la propiedad colectiva de sus tierras.  La reclamación de Indussolo se desmoronó y los ribeirinhos pudieron volver a respirar. El dictamen del juez suponía por primera vez la victoria de  una comunidad tradicional no indígena en una demanda de este tipo y sentaba un precedente para otras comunidades con el mismo problema. Hoy en día, nadie puede entrar en las tierras de Mangabal sin permiso de la comunidad, bajo multa de 10.000 R$ por persona y día. 

Pero la alegría fue efímera para los ribeirinhos; tras la amarga experiencia de haber pasado por el intento de grilagem, y asediados por la nueva fiebre del oro causada por la subida de precios en el mercado mundial, decidieron proteger sus tierras y modo de vida solicitando la creación de una Reserva Extrativista (Resex). Bajo esta figura de protección del territorio, sus habitantes pueden extraer productos de la selva, pero no pueden tener propiedad individual sobre la misma, ni explotarla de forma insostenible, quedando prohibidas la tala de bosque, minería y la caza o pesca intensivas. Básicamente, la Resex regula legalmente el modo de vida que las comunidades tradicionales han llevado durante generaciones, un modo de vida perfectamente adaptado a su entorno. Allá dónde se han implantado, las Resex están demostrando ser una herramienta muy eficaz para preservar los derechos de los habitantes y los ecosistemas en los que se asientan. 

En 2007, Mangabal ya había cumplido casi todos los requisitos para convertirse en Reserva Extrativista; sólo faltaba un paso: la firma del presidente del país. Por desgracia y a pesar de la insistencia de los ribeirinhos (quiénes incluso viajaron a Brasilia en mayo de 2009 para tratar de encontrarse con el presidente Lula), la firma nunca llegó. Resulta contradictorio que el Gobierno de un país preocupado por la conservación de su patrimonio natural y por los derechos de sus habitantes obstaculice la creación de una reserva de este tipo, pero todo tiene una explicación. 

El Consejo que debía tomar esta decisión había recibido una carta desde el Ministerio de Minas aconsejando rechazar la solicitud para la creación de la Resex de Mangabal. Al parecer, su existencia interferiría con los planes existentes para construir un complejo de producción hidroeléctrica.

 

¿Quién quiere matar al Tapajós? 

Inmediatamente nos viene una pregunta a la cabeza: ¿qué sentido tiene construir un gran complejo hidroeléctrico en un área tan alejada de los grandes núcleos de población? ¿para qué serviría la electricidad generada?. Detrás de este proyecto se perfilan los planes de industrialización acelerada de la Amazonia (promovidos desde el rico sur brasileño) y, sobre todo, los beneficios económicos que generaría su construcción y explotación. 

Estos planes trazados en despachos de Brasilia o Sao Paulo cobran una súbita realidad en Mangabal, gracias al megaproyecto Complexo Hidrelétrico do Tapajós, incluido en el Plan Decenal de Energía 2010-2020. Su presupuesto ronda los 21.000 millones de dólares, y ya se da por hecho que crecerá a medida que avance el proyecto; esto representa una gran oportunidad de negocio para las diferentes constructoras, aseguradoras, empresas de ingeniería y bancos que ejecutarían el proyecto. De llevarse a cabo, inundaría varios miles de kilómetros cuadrados de selva, afectando a varias áreas protegidas y a numerosas comunidades ribeirinhas e indígenas. 

En Mangabal, una de las presas sería construida justo encima de la Comunidad, que de ese modo quedaría dividida en tres partes: la inundada, la cubierta de trillones de toneladas de hormigón y la desecada. Al igual que los habitantes de Mangabal, las comunidades indígenas y otros ribeirinhos observan con temor el avance del proyecto hidroeléctrico en el Tapajós. Miles de personas repartidas en decenas de comunidades viven en un estado perpetuo de alerta y desinformación, mientras se preguntan en qué va a afectar todo esto a sus vidas. 

El río Tapajós es el mayor afluente de la margen derecha del Amazonas. Interrumpiendo su curso y el de su afluente el Jamanxin, se piensan instalar cinco grandes presas con capacidad para generar unos 15.000 MW de potencia, lo que convertiría este complejo en uno de los mayores del mundo. El total de las presas generaría casi tanta energía como la central de Itaipú, la segunda mayor del mundo y que actualmente provee entre el 20% y el 24% de la energía consumida en Brasil. Se calcula que para llevar a cabo el Complejo habría que inundar un total de 2.000 km2 (una superficie mayor que todo Luxemburgo) y alterar 800 kilómetros de cuenca fluvial, al convertir grandes partes del río y de las selvas que lo bordean en aguas estancadas a permanencia o cauces desecados. 

Al mismo tiempo que el complejo no sólo obligará a estas personas a cambiar su modo de vida por un futuro incierto, los delicados ecosistemas fluviales se verán truncados irreversiblemente, al interrumpirse la estacionalidad y el flujo constante de agua que los sustentan. Aún sin contar con la destrucción de selva tropical asociada a los nuevos asentamientos, carreteras y explotaciones comerciales, la interrupción de los ciclos naturales de inundación/sequía que rigen estos ríos provocaría una catástrofe medioambiental en toda la cuenca del Tapajós y, por extensión, en la del río Amazonas. La biodiversidad de la región se vería irremisiblemente alterada, ya que enormes áreas serían ahogadas, mientras que otras quedarían desecadas todo el año. 

De hecho, varias Áreas de Protección Ambiental son afectadas por el proyecto. Para solucionarlo, y a petición de Eletronorte (la empresa pública promotora del proyecto) el Gobierno de Brasil acaba de aprobar un decreto que elimina la figura de protección de la superficie que será afectada por el proyecto, reduciendo de facto la extensión de los Parques Nacionales de la Amazonia y Jamanxim, y de las Florestas Nacionales Tapajós e Itaituba I y II. En una ironía histórica, las mismas familias que fueron expulsadas de sus casas en 1974 para crear el gran Parque Nacional de la Amazonia, serán expulsadas de otro lugar para construir una presa que, a su vez, elimina un buen trozo de este Parque. 

Para desgracia de estos brasileños, las malas noticias provienen de su propio Gobierno. Más de 70% de la expansión de hidroelectricidad planeada en el país se refiere a proyecciones en la región amazónica, que permitirían pasar de los 8,4 gigawatios de capacidad instalados actualmente a más de 110 GW, doblando la capacidad hidroeléctrica total del país. Para lograrlo, y como parte de los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC), se han planeado decenas de presas sólo en la Amazonia brasileña, a los que hay que sumar las compartidas con otros países (como Perú o Bolivia) y las ya construidas. No parece importar mucho que la puesta en marcha de sólo algunas de ellas alteraría gravemente el ecosistema amazónico, clave para la regulación del clima mundial, santuario de la biodiversidad y donde se conservan una tercera parte de las selvas tropicales que quedan en todo el planeta. A todo esto hay que añadir que, aunque la energía hidroeléctrica se incluye dentro del paquete de energías renovables, numerosos estudios avalan que sólo la descomposición de la materia orgánica que queda atrapada bajo el agua genera durante decenas de años más gases de efecto invernadero que una central de carbón de la misma potencia. 

Numerosas organizaciones locales e internacionales, incluyendo algunos órganos del Gobierno de Brasil, desaconsejan la puesta en marcha de estos proyectos. La polémica los envuelve constantemente, denunciándolos como causantes de la muerte de los ríos donde se instalan y de las comunidades a las que estos ríos sustentaban. Sólo en el último año, el proyecto de Belo Monte ha causado la renuncia del director del IBAMA y varias denuncias del Ministerio Público Federal cuando el sucesor de este cargo autorizó el proyecto pese a los innumerables informes técnicos, sociales y ambientales en contra. 

 

Desarrollo para quién 

Nuevamente parece repetirse la eterna historia del norte y nordeste brasileños, que han sido sucesivamente una  “fábrica mundial” de  azúcar, caucho, algodón, minerales, madera, soja o carne, repartiendo sus riquezas generosamente entre latifundistas, autoridades cómplices y empresas  extranjeras y dejando detrás un reguero de desastres ambientales y sociales. Los sucesivos asaltos han violado sus tierras y sus aguas, las han quemado y empobrecido, en un proceso que ha quebrado la vida de cientos de miles de personas, muchas veces bajo el yugo de la esclavitud o la expulsión. Verdaderos genocidios intrafronteras que alcanzaron su cenit bajo los planes de expansión de la dictadura militar y que ahora parecen renacer bajo la forma de una batalla encubierta entre las poblaciones tradicionales y las élites tecnocráticas que gobiernan el país. Muchas voces apuntan hacia el agua como el recurso estratégico clave en el siglo XXI. En un país de las dimensiones de Brasil, la lucha por el control del agua y su fuerza ni siquiera necesita traspasar sus fronteras para alcanzar la escala de un gran conflicto, como atestiguan las cifras de desplazados de los últimos 30 años. 

La empresa al mando del Complexo Hidrelétrico do Tapajós es Eletronorte, filial de Eletrobras, la empresa eléctrica brasileña. Ambas empresas son de capital abierto, pero están controladas por el gobierno, que es responsable a través del Banco Nacional de Desarrollo de gran parte de las  aportaciones económicas a los proyectos. Sólo  en la construcción del Complejo del Tapajós se ha anunciado una inversión de 21.000 millones de dólares. Las presas resultan un buen negocio  para Eletronorte y sus socios. Desde grandes constructores y fabricantes de turbinas a las industrias del hierro y aluminio, importantes inversores nacionales e internacionales buscan aumentar los beneficios. Obviamente, nadie niega que el país, en un proceso de intenso desarrollo, también está interesado en tener energía “barata” y en generar empleo y riqueza, pero pocas veces se discute a qué precio ni cómo se reparten los costos y los beneficios. 

Tras largos años de escaso control, esta política de desarrollo está dejando a su paso cientos de miles de desplazados y enormes heridas en la selva, como demuestran proyectos ya acabados como la presa de Tucuruí o el enormemente controvertido proyecto de Belo Monte, recientemente licenciado pese a todos los informes en contra. En los últimos 30 años, cerca de un millón de desplazados se han agrupado bajo el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, Movimiento de Afectados por Represas);  los datos del MAB afirman que más del 70% de las familias afectadas por la construcción de represas siguen abandonadas a su suerte por el poder público. 

Fruto de sus reivindicaciones, a finales de 2010 el presidente Lula firmó un decreto que obliga a las empresas concesionarias a realizar un catastro social de las áreas afectadas y a indemnizar a todas las personas que en ellas vivan, en caso de que accedieran o fueran obligadas a ceder sus tierras. Aún hoy en día, la empresa concesionaria de Belo Monte presionó para obtener la licencia de construcción antes de que entrara en vigor el nuevo decreto. Hasta finales de 2010, quedaba a criterio de las propias empresas si debían o no indemnizar a aquellos que lo perdían todo (casa, hábitat, trabajo, familia...) en el proceso, lo cual ha generado un sin fin de situaciones dramáticas. 

El gobierno Federal argumenta que estos proyectos proveerán de energía barata a toda la población, pero los datos contradicen estas afirmaciones. En la actualidad, los brasileños tienen la quinta factura eléctrica más cara del planeta, por delante de países como Japón, Estados Unidos, Suecia o Reino Unido. Sin embargo, los planes de desarrollo no esconden que gran parte de la energía que se planea producir estaría destinada a industrias electrointensivas, muchas de ellas de capital extranjero. Muchas veces, las compañías interesadas en tener energía barata también  participan del proyecto desde el comienzo, a cambio de importantes descuentos en la factura. Por ejemplo, dos gigantes de las industrias del aluminio y el hierro, ALCOA y Vale, reciben desde 1984 energía subsidiada a un precio de 700 veces más barato que el que pagan  los ciudadanos de a pie. 

A pesar de que estos proyectos siempre vienen acompañados de promesas de creación de riqueza, es importante saber cómo se genera y para quién es todo este dinero. Para ejemplo, la presa de Barra Grande (en el río Pelotas, entre los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul) fue construida por un consorcio del que formaba parte ALCOA, utilizando informes ambientales fraudulentos que ocultaron la magnitud de las áreas que serían inundadas. Algunas de las primeras víctimas fueron cientos de miles de araucarias en peligro de extinción. A cambio, actualmente la presa da trabajo directo a 22 personas, lo que no puede considerarse precisamente un gran desarrollo de la región. ¿Realmente vale la pena? 

 

¿Hasta dónde podrán resistir? 

El crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de miles de personas son algunas de las razones que se ofrecen desde el gobierno y las empresas para justificar estos megaproyectos y su desorbitado coste económico. Pero, aunque la tendencia oficial es ignorarlos, hay numerosos efectos secundarios que hacen que las cuentas no cuadren. 

Resulta llamativo ver cómo los gobiernos más progresistas que jamás ha tenido Brasil han sacado del olvido los planes de desarrollo del Amazonas trazados en época de la dictadura militar. Es más, la actual Presidenta, Dilma Rouseff, que fue en su día torturada debido a su militancia política, ha sido la principal valedora de los PAC, que amenazan enormes extensiones de selva amazónica y a sus habitantes. Los principales medios de comunicación del país, dominados por la élite económica, ignoran estos temas o los tratan exclusivamente bajo una perspectiva neocolonialista y macroeconómica. 

Mientras tanto, el Consejo de Defensa de los Derechos de las Personas (CDDPH), dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, considera que 16 derechos humanos fundamentales de las poblaciones afectadas por las presas han sido sistemáticamente violados en la construcción de hidroeléctricas, entre ellos el derecho a  información, participación, educación, sanidad y a un medioambiente adecuado para ser habitado. En ningún informe de licitación constan los proyectos de realojo e indemnización del global de personas afectadas, y aquellos que son aplicados comienzan a generar problemas de especulación, migraciones a grandes núcleos de población y proliferación de asentamientos irregulares. Y aunque constan en numerosos informes, frecuentemente se ignoran los miles de kilómetros cuadrados de selva afectados, con la consiguiente destrucción de hábitats, disrupción de ecosistemas y un sinfín de riesgos no calculados, como la aparición de nuevos focos de malaria. A todos estos factores, que no suelen aparecer en las presentaciones de los proyectos, hay que añadir el saqueo de bienes naturales, la expansión del agronegocio extensivo, de los monocultivos y los grandes pastos y la apertura de vías para nuevas explotaciones mineras o industriales, con los nuevos asentamientos de población que todo esto conlleva. 

En medio de esta locura de cifras, inversiones, planes de desarrollo y estrategia geopolítica, los habitantes de Mangabal y todas las comunidades a orillas del Tapajós luchan por denunciar su situación antes de que sea irreversible. Su historia refleja la lucha constante del ser humano consigo mismo y con la Tierra, a favor y en contra de un desarrollo insostenible pero que parece imparable. La esperanza de los ribeirinhos por mantener su comunidad, su estilo de vida como campesinos forestales y su tierra, es también  símbolo de la lucha actual por mantener vivo el planeta. ¿Hasta dónde podrán resistir? 

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