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El tema Perúa / Minería

Razones para negar la licencia social a Tía María

sábado 20 de junio de 2015 Licencias ambientales, permisos de explotación, impuestos… en el debate sobre los proyectos extractivos falta la “licencia social”. La ingeniera Marlene Castillo presenta un informe contundente que desaconseja la explotación de la conflictiva mina de Tía María, en Perú. Un poco de racionalidad, en medio del conflicto.

Por Equipo Otramérica

El antropólogo José Matos Mar es una autoridad intelectual de referencia en Perú. A sus 93 años, cree que el grave conflicto social provocado por el proyecto minero Tía María (Valle de Tambo, Arequipa) es “oftalmológico”: “La población adolece de miopía por un problema de representatividad política. El gobierno no conoce la realidad y está actuando a tientas. La empresa está peor, para ella no ha pasado nada, la agitación es obra de extremistas foráneos infiltrados. Nadie tiene cuestionamientos sociales y ambientales y la solución es una campaña de márketing”.

Por eso cree que las salidas pasan por la imaginación y la información. En esa línea está el informe que presentó la ingeniera Marlene Castillo en un foro convocado por la Universidad Agraria. Dice la experta que “ante la campaña política mediática para instalar en la mente de la gente que son ‘anti mineros’ y ‘anti inversión’ quienes cuestionan el Proyecto Tía María o se movilizan en defensa del Valle de Tambo” ha elaborado un estudio detallado con el diciente título de “Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social” (Consultar documento completo aquí).

Castillo introduce la variable de la “licencia social” para romper los tópicos: ni la minería es negativa en todas sus versiones, ni la minería es la salvación económica de Perú, ni el país debe tener una sola vocación extractiva.

“La promoción estatal de las inversiones privadas mineras en sí misma no es positiva ni negativa. Pero si esta se hace asignando derechos de concesión minera bajo la lógica del mercado libre, sin la regulación de políticas de ordenamiento territorial (donde sí se puede o no se puede hacer tal actividad económica y bajo qué condiciones), sin Evaluación Ambiental Estratégica-EAE y sin consulta a las poblaciones (consulta popular que tiene norma constitucional), esa promoción deviene en imposición neoliberal. Ante esta situación ha emergido y se ha validado el concepto de licencia social para la viabilidad del proyecto”, explica.

El conflicto se centra en la pretensión de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) de llevar adelante el proyecto de explotación de minerales de óxidos de cobre de dos yacimientos con óxidos y sulfuros de cobre, mediante tajos abiertos – La Tapada y Tía María – para la producción de 120,000 toneladas de cátodos de cobre por año en 18 años de operación.

El Valle de Tambo, donde se ubicación el proyecto Tía María, es la reserva agrícola del sur de Perú y la ingeniera sospecha “que con la ejecución del proyecto minero se configuraría un escenario de alto riesgo para la zona agraria vulnerable a los efectos directos e indirectos de la contaminación proveniente de las actividades de la fase pre-metalúrgica. Este escenario de alto riesgo para la zona agraria combina el efecto e impacto de dos escenarios de riesgo que tienen por denominador común el territorio de impacto: el agro y poblados próximos a La Tapada, la chancadora primaria, los desmontes y el depósito de sulfuros”.

En su informe, la científica plantea tres hipótesis que desarrolla con detalle.

La primera es que “los efectos directos y sinérgicos de la fase de extracción, desmonte, chancado y transporte que implica la minería en los dos tajos – La Tapada y Tía María – generarían contaminación en el agro y canal EMM próximos y a cotas (alturas) menores a la zona de operaciones pre-matelúrgicas”.

La segunda hipótesis apunta a que “los efectos directos y sinérgicos de la fase de extracción en el Tajo abierto de La Tapada, en la zona de contacto de la capa de sulfuros y de la napa freática, tienen potencial de generación de agua ácida de roca, cuya probabilidad de liberar y trasladar metales hacia el acuífero aluvial del Valle de Tambo es mayor de 0”.

Y la tercera insiste en que “los efectos directos y sinérgicos de la fase de captación y desalinización del agua salobre y la descarga de la salmuera no pueden ser esbozados con la escasa información existente en el EIA 2014, en el marco de la ausencia del estudio de factibilidad de la planta de desalinización”.

Información para que el lejano Gobierno de Lima ajuste sus gafas, para que la población tenga información precisa y para que la empresa se dé cuenta de que detrás de los reclamos hay razones.

La volátil situación de conflicto social está ahora viviendo una tregua por la decisión de la empresa de paralizar sus actividades temporalmente (60 días), pero la situación es muy delicada. Lo que comenzó como un conflicto local en Arequipa se ha convertido en un asunto nacional tras el paro macrorregional de mayo. Ahora, y según una reciente encuesta, el 60% de los peruanos cree que Tía María debe ser suspendido indefinidamente y la licencia de explotación debe ser cancelada.

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