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El tema Colombia

Una Comisión de la Verdad a la espera de una paz esquiva

viernes 05 de junio de 2015 El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han acordado la creación de una Comisión de la Verdad. Un paso clave para un proceso que está a la espera e la mayor: la firma de la paz. No es la primera comisión que se crea en el planeta y esta debería aprender de las experiencias anteriores.

Por Equipo Otramérica

Argentina, Guatemala, Brasil, Sudáfrica, El Salvador… las comisiones de la verdad, con diferentes nombres, formatos y alcance, han sido un mecanismo básico de los procesos de reconciliación y de paz en el planeta. Muchas se han quedado en un inmenso informe del terror. Otras, han servido para poner a cada actor del conflicto en su sitio. Las pocas han incidido en un cambio de cultura allá donde se han realizado.

La de Colombia es un anhelo, pero está pendiente de lo más complicado: el cierre de unas negociaciones de paz que comenzaron formalmente en octubre de 2012. El acuerdo que permitió iniciar el proceso deja claro que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es decir: que el acuerdo sobre la denominada como “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”, como sobre los otros asuntos sobre los que hay fumata blanca, no servirá de nada si no hay un acuerdo final sobre el total.

Según lo anunciado ayer en La Habana, la comisión será “imparcial, independiente, con plena autonomía; será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado. Sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella". De hecho, el tiempo de funcionamiento se ha establecido en tres años (el mayor de las comisiones conocidas), con hasta seis meses previos de preparación. La Comisión de la Verdad de Colombia estará conformada por 11 comisionados (as), de los que hasta 3 pueden ser extranjeros.

"La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerirsela”. A pesar de este carácter estrictamente extrajudicial, el negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió ayer en que “la verdad no mata la justicia”.

 

Verdad y/o impunidad

De forma paralela a la negociación de La Habana se producen otros hechos políticos que hacen sospechar que, en la delicada negociación con los diferentes actores de la guerra, sí puede haber un vacío de Justicia. De hecho, en los cambios introducidos esta misma semana en la Segunda Vuelta del debate parlamentario sobre la Reforma Constitucional a la Justicia Penal Militar se renuncia a la “aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a su aplicación simultánea y complementaria cuando se produzcan afectaciones a la vida, integridad y libertad de los civiles en el contexto del conflicto armado, y aún fuera del conflicto, por ejemplo cuando se aleguen muertes de civiles en presuntas ‘condiciones objetivas’ de enfrentamiento que se dejan a interpretación discrecional de la Fuerza Pública, tal como explica Prensa Rural.

El controvertido y conservador Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, se adelantó ayer al pedir que haya militares o ex militares en la Comisión para que ésta no se convierta en “un recurso de legitimación política”. Ordóñez mostró en público su temor a que esta herramienta de Justicia Transicional pueda mostrar un patrón criminal por parte del Estado. “El ‘mandato” de la Comisión no debe partir de supuestos de responsabilidad institucional o de la existencia de una política de Estado de violación a los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. También fue contundente al decir que “el informe de la Comisión de la Verdad no es la verdad oficial. En una Democracia no pueden existir verdades oficiales”.

En la otra mano, la ex senadora Piedad Córdoba celebró el acuerdo sobre la Comisión e insistió en la necesidad de que se llegue a la verdad sobre el fenómeno del paramilitarismo, “una estrategia contrainsurgente que surge de la Guerra de los Mil Días y que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para desplazar, asesinar y desaparecer”.

En medio, María Camila Moreno, representante en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, explicaba en Semana que la Comisión de la Verdad es uno de los mecanismos necesarios para desenredar “un conflicto de 50 años que ha generado cientos de miles de hechos y 7 millones de víctimas que ningún sistema ordinario [de justicia] tendría la capacidad de abordar”.

“Algunas naciones, en un principio, intentaron curar la demanda de justicia de la sociedad y las víctimas mediante comisiones de la verdad. Pero los informes de esas comisiones desataron aún más esa demanda. Aquí hay una lección: Colombia tiene que crear un modelo que permita combinar verdad, reparación y procesos penales”, proponía Moreno.

Esteban Cuya, en su estudio sobre las comisiones de la Verdad en América Latina, pone el foco sobre otro elemento básico: la participación social en el proceso de esclarecimiento. "Para que una Comisión de la Verdad tenga éxito, además de la participación de los organismos de derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación nacional que compromete a la mayoría de la población".

 

Proceso ralentizado

El anuncio del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad llega en un momento delicado de las negociaciones, con un incremento de las acciones violentas en Colombia y la ruptura del alto al fuego unilateral de las FARC tras un bombardeo de las fuerzas de seguridad que dejó 26 guerrilleros muertos.

También es el primer anuncio de peso tras el acuerdo sobre narcotráfico alcanzado en mayo de 2014 y el compromiso menor posterior (marzo de 2015) de enfrentar el desminado del territorio de forma conjunta.

Los países mediadores en las negociaciones (Noruega y Cuba) han pedido de forma explícita en las últimas semanas un acuerdo bilateral de alto el fuego, aunque no han tenido mucho éxito en su exigencia.

El representante de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, planteaba ayer mismo que mientras el La Habana hay un “trabajo serio y sólido” en el terreno, en los diferentes departamentos del país, la cosa va por otro lado. “Tienen que buscar soluciones frente a eso y hay muchas posibilidades, como un cese el fuego bilateral que es lo ideal, pero no sé hasta qué punto hay disponibilidad política para llegar a eso, porque hay cosas técnicas que se tienen que considerar en temas de extorsión, cultivos ilícitos, desligamiento de niños de la guerrilla, no es algo tan fácil”.

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