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El tema Derechos Humanos

Vertederos humanos

lunes 14 de febrero de 2011 La muerte de cinco jóvenes en un incendio en un centro de menores de Panamá vuelve a poner en el punto de mira la situación de las cárceles en Latinoamérica, donde los penales son meros lugares donde ocultar la miseria que no se quiere ver.

Un joven señala las botellas de agua que les entregan para lavarse. No hay agua en las celdas.

Un joven señala las botellas de agua que les entregan para lavarse. No hay agua en las celdas.

Por Pilar Chato

Quemados vivos, encerrados en una celda de apenas cuatro por cuatro metros, entre sollozos, escuchando las voces de los agentes gritar “muérete” e implorando el nombre de su madre. Una ayuda imposible. Así empezaron a morir cinco menores del Centro de Cumplimiento de Tocumen en Panamá. En la agonía de sus quemaduras. En el hospital, terminaron su vida. Otros dos compañeros se debaten aún entre la vida y la muerte. Pero una vez hechas públicas las condiciones del centro, una vez conocidas algunas imágenes, una vez sentido el hedor y el trato que recibieron allí, que reciben los que aún permanecen en este centro, la pregunta es cuándo empezaron de veras a morir.

La situación de los penales de Panamá no difiere mucho de otras cárceles de Latinoamérica donde el hacinamiento, la pobreza, la violencia y la total falta de oportunidades reales de reinserción son el pan nuestro de cada día (la sobrepoblación reclusa en Perú ronda el 86%, el 128% en Ecuador o el 82% en Brasil). Pero el 9 de enero fueron siete menores los que se abrasaron en su celda sin que nadie abriera la puerta a tiempo para rescatarlos, en medio del desprecio de los agentes de la policía nacional que custodiaban el centro y, según las primeras investigaciones, debido, precisamente, al fuego causado por dos bombas de gas lanzadas por los agentes dentro de la celda para contener un motín ya controlado y del que ni siquiera formaban parte.

En Panamá ha dado la vuelta al país, aunque no a todas las conciencias, un vídeo de Telemetro en el que se oye a los menores implorar ayuda, gritar que se están quemado, y una voz que insulta y que dice: “muéranse”, “no eran tan hombrecitos”. En las imágenes también se ve a agentes golpear a los heridos y un informe de la sociedad civil dice que los heridos fueron golpeados e interrogados antes de permitírseles ir al hospital. Por todos estos hechos el Ministerio Público ha formulado cargos contra 39 personas, entre ellas a la directora del Centro, Iris Cedeño, y varios agentes de policía. La sociedad civil clama por responsabilidades políticas, pero el Gobierno hace oídos sordos.

¡Somos los hijos de la tristeza!

Y ha sido esa misma sociedad civil la que ha evidenciado el horror. Baños en los que las heces se desbordan y sobre los que los internos deben bañares, cuando hay agua para hacerlo. Eso, si los hay. En algunas celdas, los menores tiene que hacer sus necesidades dentro de bolsas que luego arrojan al pasillo para que otros reclusos encargados de la limpieza del centro los recojan. Encierros que no permiten horas de patio o deporte, muchachos acusados de asesinato mezclados con otros que solo han robado una cartera, problemas psicológicos y de drogodependencias sin atender, calor, malos olores, celdas para 1 en las que conviven 3 o 4 reclusos y otras en las que se contabilizaron hasta 7 menores. No hay camas, sino una plancha de cemento por celda. La mayoría duerme en colchonetas en el suelo que no cuentan con sábanas ni con somier, y no hay almohadas. No todos tienen colchonetas y muchas de las que están en uso son casi inservibles y sucias. Ese es el panorama que se encontró una comisión de la Asamblea Ciudadana (que aglutina a 28 asociaciones profesionales, de derechos humanos y ambientalistas) tras realizar una visita -a la prensa no se les permitió entrar con ellos- al Centro de Custodia Arco Iris y el Centro de Cumplimiento de Tocumen. Este último,  tiene capacidad para 70 personas, pero alberga a 138. Hasta el pasado 9 de enero había allí 168 personas. La situación es especialmente dramática para los jóvenes que sobreviven en las celdas de castigo: "Mire, el compa hasta se intentó ahorcar, pero yo le convencí de que no lo hiciera. Licenciado, no nos abandonen: ¡somos los hijos de la tristeza!", le imploraban a la Comisión

Su informe, hecho público el 31 de enero, describe un panorama desolador para los muchachos entre los 14 y los 20 años. Pero también, y directamente relacionado, para el personal que trabaja allá. Escaso, presionado, mal pagado (un custodio cobra uno 380 euros), con horarios abusivos (de hasta 16 horas), si preparación específica y si apoyo psicológico.

La saturación es general en el sistema penitenciario de Panamá. Un informe del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, señala que en los 22 penales y 8 centros de adolescentes existentes están diseñados para albergar a 7.145 reclusos, pero se hacinan en ellos 12.500. Sólo 4.290 presos están condenados; el resto (8.219) está detenido preventivamente. Tales números colocan a Panamá entre los países de Latinoamérica con mayor tasa de reos: 388 por cada 100 mil habitantes.

"depósitos de seres humanos"

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) advirtió que las prisiones en Latinoamérica, "lejos de ser lugares donde los reclusos y reclusas reparan el daño causado y se rehabilitan para volver a la sociedad, se han convertido en depósitos de seres humanos y verdaderas escuelas del delito". En América Latina, afirma "las personas privadas de libertad, son privadas prácticamente de todos sus derechos fundamentales y sometidas a condiciones insalubres y violentas, que constituyen en sí mismas una pena cruel, inhumana y degradante".

No hay muchos datos confiables. La falta de transparencia es una tónica generalizada, en una zona del mundo donde la población reclusa se ha incrementado rápidamente en los últimos años y donde el hacinamiento es una tónica general. Un informe de la Facultad Latioamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile) de 2008 revelaba sobrepoblación en algunas cárceles de América Latina y el Caribe que superaban el cien por cien o sobrepasan su capacidad hasta en 193.000 reclusos: Brasil 82% (192.721 reclusos por encima de la capacidad de los penales) -según datos de la ONU en Brasil hay 470.000 reclusos cuando su capacidad es de 300.000-; Ecuador 128% (9.561); Perú 86% (19.994); Colombia 25% (13.640); Chile 55% (17.279); México 33% (54.269); El Salvador 132% (10.519); Argentina 30% (14.127).  México y Brasil son los países en los que más ha crecido la población penal; un 97% en el primero y un 148% en el segundo. Guatemala un 24%; Panamá un 40%; El Salvador un 99% y Costa Rica un 70%, son algunos ejemplos. Las políticas denominadas "de mano dura" ante el incremento de la inseguridad han llenado cárceles y saturado juzgados. El abandono y el deterioro físico de los centros penitenciarios degrada la vida de los reclusos, crea ambientes hostiles y hacinamiento que provocan riñas y agresiones.

Este informe explica que en la región se ha producido una ola de reformas de la justicia penal, pero advierte que estos cambios han dejado "casi intactos los principales vicios": condiciones higiénicas, prácticas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, falta de sistemas judiciales para el control de las penas, precarios niveles de trasparencia...

José Ariza Libardo y Manuel Iturralde, autores de 'Los muros de la infamia. Prisiones en Colombia y América Latina (2011)', señalan como en un contexto de pobreza exacerbada, violencia y criminalidad, el protagonismo excesivo de la pena privativa de la libertad explica el colapso de un aparato penitenciario que no responde a la creciente segregación punitiva. El resultado más visible de esta paradoja, señalan, es la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas presas. El hacinamiento, la violencia, la escasez de programas de resocialización, la selectividad del encierro y la utilización abusiva de la detención preventiva son preocupaciones comunes para activistas jurídicos y funcionarios públicos.

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