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Una marcha en defensa el TIPNIS y del proceso postcolonial de Bolivia

miércoles 25 de abril de 2012 La IX Marcha parte el 25 de abril desde la región de Trinidad hasta la ciudad de La Paz en defensa de la Casa Grande (el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS), la Constitución Política del Estado Plurinacional y en rechazo a la consulta tardía propuesta por el gobierno. Un nuevo reto en la construcción del modelo postocolonial de Bolivia.

Historia de una marcha en la que se juega algo más que el paso de una carretera por un territorio de extremo valor cultutral, identitario y ambiental. 

Por Marcelo Becerra

Se estima que cerca de 1.500 marchistas del TIPNIS, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), activistas de derechos humanos y organizaciones sociales llegarán a la sede de Gobierno para exigir el respeto a la vida, a la tierra-territorio de los pueblos originarios y evitar así que se construya una polémica carretera que partiría en dos el parque ecológico.

Los marchistas han hecho público una lista de exigencias de siete puntos que contempla el respeto a ley 180 de protección del TIPNIS (producto de la VIII Marcha de octubre de 2011), así como la derogación de la Ley 222 de Consulta; cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de la ley 1715 sobre el Servicio Nacional de Reforma Agraria y la ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; la administración y manejo directo de las 22 áreas protegidas y el respeto a ellas;sanciones a los responsables de la represión a la VIII Marcha; cumplimiento de los acuerdos suscritos al final de esa VIII Marcha; desarrollo y ajuste normativo, y el respeto a la libre determinación y al autogobierno de los pueblos.

 

La selva, la Casa Grande

 

El TIPNIS es una reserva natural que cuenta con una superficie de 12.363 kilómetros cuadrados, más de la mitad de todos bosques del mundo, y se encuentra al Suroeste del departamento del Beni y al norte del departamento de Cochabamba, sus límites naturales son la serranía de Mosetenes, el río Isiboro y el río Sécure.

 

Según informa el Libro Rojo de Bolivia, la ubicación de este territorio -que transita entre los Andes tropicales, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y la llanura amazónica, a 180 metros sobre el nivel del mar- promueve la existencia de una abundante diversidad de hábitat y especies en una región catalogada como refugio pleistocénico. El TIPNIS cuenta con 858 especies endémicas de animales vertebrados (aves, anfibios, reptiles, mamíferos peces), además de 127 especies de invertebrados endémicos, una fauna sin igual y una cantidad de especies no catalogadas.

 

El territorio indígena contiene árboles grandes, medianos, arbustos superiores, hierbas y musgos; cinco estratos que la convierten en el reservorio de agua dulce donde más llueve en toda Bolivia, con 6.000 mililitros al año; los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno, además purifican el aire contaminado por gases y azufre de las ciudades.

 

Esta selva, con todas sus características se convierte en el territorio mejor conservado del país y es, sin duda, en uno de los pulmones más grandes del planeta.

 

Para los pueblos amazónicos, el TIPNIS es la Casa Grande, fuente de bienestar y armonía; es, además, su medio de vida: en ella es donde construyen y recrean su identidad, donde se entrelazan relaciones sociales y personales estrechas con la naturaleza, con la Pachamama, donde se puede vivir bien más allá del desarrollo y la contaminación de las ciudades.

 

El Polígono 7 y la deforestación del TIPNIS

 

Desde 1976, la colonización y la deforestación indiscriminada e ilegal empezaron a invadir y reducir el territorio indígena. Una investigación realizada por la Fundación Natura Bolivia indica que el TIPNIS perdió 50 hectáreas de árboles en 36 años, principalmente en la zona denominada polígono 7, donde habitan 7.000 colonizadores interculturales, organizados en el Consejo de Indígenas de Sur (CONISUR).

 

Los indígenas del Polígono 7 afiliados al CONISUR rechazaron ser parte del Territorio Comunitario de Origen para adherirse al saneamiento interno adoptado por las organizaciones sindicales de colonizadores cocaleros de las que forman parte. Son, por tanto, propietarios individuales de parcelas.

 

Los impactos  por talar los árboles para la construcción de esta carretera implicará la depredación de la fauna y de su ecosistema, así como la extinción de especies endémicas.   

 

La carretera más cara de Bolivia

 

El gobierno del presidente boliviano, Juan Evo Morales Ayma decidió aceptar en 2008 un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) por 415 millones de dólares para construir la carretera que integraría a Bolivia con Brasil a través del TIPNIS. El costo por kilómetro cuadrado sale, aproximadamente, a 1 millón 300 mil dólares: la carretera más cara del país. El argumento oficial pasa por la integración y el desarrollo del país andino-amazónico.

 

El 1 de agosto, el Estado adjudica la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a OAS (empresa constructora impuesta por la BNDES, que impulsa la expansión de empresas brasileras a otros países), y lo hace con un sobreprecio de, al menos, 100 millones de dólares.

 

Sin consulta previa, informada y de buena fe, el gobierno firmó un contrato “llave en mano” que permitiría partir, dividir, asfaltar, talar y depredar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, acción contraria a la que estipula el convenio 169 de la OIT del que Bolivia es parte.

 

Pese, a que el gobierno rescindió el contrato con la constructora el 10 de abril de 2012 no ha abandonado continúa la intención de construir la carretera por el corazón del TIPNIS.

 

La VIII marcha, una lucha por la vida y la dignidad

 

La mañana del 15 de agosto de 2011, se inició la VIII Marcha en Defensa del TIPNIS luego de que 700 originarios amazónicos celebraran un ritual con la presencia de varias ex autoridades indígenas que efectuaron la Iº Marcha por la Tierra, el Territorio y la Dignidad: ellas y ellos eran los que iniciaron el proceso de cambio político, social y cultural que vive Bolivia, ellas y ellos marcaron el camino a la transformación histórica del país exigiendo la Asamblea Constituyente en 1990.

 

La movilización de Tierras Bajas provocó desconcierto y confusión en la opinión pública nacional e internacional. Por un lado, una marcha indígena que reivindica la defensa de la “Pachamama”, “la Última Casa Grande” y, por otro, un gobierno indígena que proclama internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, pero internamente prioriza el modelo de desarrollo que él ha diseñado sobre el derecho de los demás.

Comenzó así una campaña de minimización  y desprecio a la marcha, argumentando la intromisión de Organizaciones No  Gubernamentales (ONG) que no permiten el desarrollo del país. “Tenemos recursos económicos garantizados y aparecen algunos supuestos defensores del medio ambiente, mediante ONG’s que usan a nuestros hermanos para que no se construya este camino. Quiero decirles: quieran o no quieran vamos a construir este camino”, expresó Morales durante un discurso presidencial el 2 de agosto de 2011.

 

Morales en varias ocasiones insultó a las y los marchistas y acusó a la movilización de no querer el desarrollo del país con el argumento de que es inaceptable que por unos cuantos dirigentes se afecte a una gran mayoría necesitada.

 

La población originaria amazónica está consciente de que la construcción de carreteras es necesaria para una mayor integración del país. “Carretera sí, por mi casa no”, decía una pancarta de la VIII marcha.

En Villa Tunari el presidente expresó: “Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan; así que, jóvenes, tienen instrucciones del presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”. La secretaria de género de la CIDOB, Mariana Guasania, manifestó indignada que el pedido del presidente Morales de enamorar a las mujeres yuracarés para que acepten la construcción de la carretera era indignante. “Para nosotras es una falta de respeto, como mujer es una falta de respeto el decir que nos van a enamorar. El (presidente) nos debe enamorar con hechos y no con palabras”.

 

Acoso y represión

 

La marcha es un método de resistencia civil más eficaz y pacífico que los paros, huelgas de hambre y bloqueos, y permite conseguir apoyo a lo largo del trayecto. Sin embargo, también es muy desgastante, aún más si esta movilización implica gran cantidad de gente y distancias lejanas. Más si las comunidades afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y cercanas a la ruta de la marcha insultan, provocan, maltratan y agreden a los marchistas durante el trayecto, como ocurrió en la VIII Marcha.

 

El 22 de septiembre de 2012, las mujeres y hombres, ancianas y ancianos, niñas y niños del TIPNIS llegaron al arroyo de Chaparina donde se encontraron con un bloqueo de colonizadores y un contingente de 400 policías. La Policía no sólo les impidió el paso con el argumento de evitar un enfrentamiento con los cocaleros en Yucumo, además les cerró el acceso al agua potable.

 

Tras el fracaso de las negociaciones con varios ministros de gobierno, el sábado 24 llegó el canciller, David Choquehuanca, muy respetado por los pueblos originarios por ser aymara y tener las mismas creencias holísticas. Le dijo a los marchistas que no había ningún bloqueo en Chaparina, Yucumo, y que los uniformados estaban ahí sólo para resguardar la seguridad y el orden. Un grupo de mujeres, de forma pacífica, obligó a Choquehuanca a encabezar la marcha y comprobar si es que los policías y colonizadores no estaban impidiendo el paso por el puente San Lorenzo. Así se reanudó la marcha. El gobierno acusó a los marchistas de “secuestrar” y tomar como “rehén” al canciller para utilizarlo como “escudo humano”.

 

El domingo 25 de septiembre alrededor de las 5:00 p.m., mientras unos descansaban, una comisión preparaba la comida y los niños jugaban, la policía intervino la marcha de forma violenta, a golpes y con gases lacrimógenos; se amordazó y maniató con cinta aislante a cientos de marchistas, así como a  sus principales dirigentes. El operativo dejó un saldo de 280 lesionados, según cifras de los marchistas, también un sin número de niñas y niños separados de sus madres y padres, perdidos en el monte.

 

En la madrugada del día siguiente la Policía trasladó a los detenidos a San Borja y Rurrenabaque con la intención de llevarlos a La Paz, pero los pobladores de ambas localidades, apoyados por  los pueblos Tacanas y Mosetenes, bloquearon los autobuses que transportaban a los marchistas, frustrando el plan policial.

Disculpas y renuncias

 

La intervención y el abuso de autoridad provocó la reacción de la sociedad boliviana, fortaleció a los marchistas convocados por CIDOB, y la VIII Marcha continuó con más fuerza y con el apoyo de varias organizaciones sociales de Tierras Altas.

 

Producto de la violenta intervención policial y en solidaridad con los marchistas, renunciaron la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, y la directora de Migraciones, María René Quiroga. Para someterse a una investigación sobre sus responsabilidades en la represión de Yucumo, también ofreció su renuncia el ministro de gobierno y ex representante de los derechos humanos, Sacha Llorenti, además del viceministro de régimen Interior, Marcos Farfán.

 

El presidente Morales pidió disculpas a los indígenas por la represión en Yucumo, “nuevamente quiero decirles a las familias víctimas que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan: no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como víctimas que hemos sido en muchas oportunidades de la represión por la fuerza pública".

 

Después de recorrer 600 kilómetros durante 66 días, casi 2.000 indígenas de Tierras Altas y Bajas llegaron a La Paz el miércoles 19 de octubre; otros cientos de miles se volcaron a las calles para recibir a la marcha que ya había dejado de ser sólo de las y los pueblos amazónicos, sino el país entero; desbordaron la histórica Plaza San Francisco y entraron en la Plaza Murillo, sede del poder ejecutivo a la espera de ser recibidos por el presidente.

 

Los marchistas se quedaron a esperar sentados durante toda la noche con el frío de altiplano paceño y las autoridades no permitieron que recibieran ningún tipo de abrigo ni de solidaridad. El gobierno decretó la Ley Corta 180, que declaraba intocable el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y los comunarios retornaron a su Casa Grande.

 

La trampa oficial

 

Paralelamente, el gobierno autoorganizó la Marcha del Conisur que llegó a la ahora indiferente ciudad de La Paz exigiendo la construcción de la carretera y la integración del país; con apoyo, alimento, alojamiento y, en algunos casos, transporte proporcionado por el partido de gobierno, pero sin insultos, sin provocaciones y sin apoyo popular.

 

Ante la supuesta contra-marcha a favor de la carretera, el presidente promulgó la ley 222, que permite hacer la Consulta Previa a todos los pueblos indígenas del TIPNIS, incluidos los del Polígono 7. Bajo el discurso de que “la consulta es estar en democracia y un derecho de los pueblos indígenas”, comenzó una sistemática campaña comunicacional de desorganización, deslegitimación y criminalización de la IX Marcha en Defensa del TIPNIS, que se anunció en cuanto la ley 222 tomó forma.

 

Vivir bien, más allá del desarrollo

Los pueblos Yuracaré, Mojeño y Chimán tienen propiedad comunitaria  sobre la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que reconoce como legal a su territorio ancestral, viven en armonía con la naturaleza y desconocen la división territorial por parcelas. La Casa es Grande, es de todas y todos.

El pie de monte, por donde pretende pasar la carretera es una zona por la que van y vienen los indígenas, la utilizan en sus rutas de cacería, recolección y prácticas que tienen que ver con la economía étnica. Sarela Paz, antropóloga boliviana recalcó en una entrevista que “el pueblo Chimán es uno los pueblos más cazadores, sin embargo, hacen una de las mejores agriculturas tropicales en el país, para empezar obtienen el mejor rendimiento de arroz respecto de cualquier otro pariente indígena o de los colonizadores, porque la práctica de los chimanes no sólo es antigua sino que se basa en un profundo conocimiento de cómo se comportan los suelos y los bosques tropicales, entonces estamos ante un conjunto de prácticas agrícolas que son muy importantes para pensar en un proceso de agricultura tropical en el país”.

Poner en práctica el paradigma del “vivir bien” (sumaq kamaña), principio constitucional boliviano, se convirtió en arma de doble filo y se pretende imponer políticas totalmente contrarias a lo que supuestamente significa. La aún posible construcción de esta carretera es un claro ejemplo de ello.

 

Según la lógica del desarrollismo, respetar a la Madre Tierra significa no escuchar a quienes viven practicando un modelo que se adapta al ambiente. Este es el denominado “Capitalismo Andino Amazónico” del que el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, hizo referencia durante su campaña electoral.

 

El sumaq kamaña o “vivir bien” es un término relativamente nuevo y que está en constante construcción y cuestionamiento: ¿qué es vivir bien, en los contextos urbanos y rurales?

El pueblo boliviano no sabe exactamente cómo llegar al “vivir bien” del que tanto se habla en la Constitución Política del Estado Plurinacional; pero sí conoce de cerca lo que significa “No vivir bien”, por eso se solidarizó con la VIII Marcha.

El conflicto por la construcción de la carretera a través del TIPNIS va más allá del conflicto por la carretera en sí. Hace repensar el modelo de desarrollo en el que la gente sencilla y trabajadora de la ciudad y el campo quiere vivir.

 

Campaña gubernamental

Morales, después de la promulgación de la Ley de Consulta Previa, que viabilizaría la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, inició una serie de viajes a las comunidades del TIPNIS informando a los comunarios acerca del desarrollo y progreso que traería la consolidación de la vía. Parece que el acuerdo con la VIII Marcha y la Ley de intangibilidad del TIPNIS sólo se aceptó para ganar tiempo, pero… ¿para qué?

Los viajes del Presidente tuvieron el objetivo de entregar proyectos de obras, motores, instrumento de trabajo, entrega de documentos como carnets de identidad y certificados de nacimiento, además de celulares, herramientas y maquinarias a los habitantes.

Criminalizó a varios dirigentes e inició un proceso de investigación por secuestro e intento de asesinato al canciller Choquehuanca.

El dirigente de la Confederación de Indígenas de Bolivia, Lázaro Tacoó, dijo que, pese a la campaña gubernamental, la movilización que comianza hoy en defensa del territorio indígena se fortalece día a día, aunque reconoció que existe una división al interior de las trece centrales regionales afiliadas a la CIDOB respecto a su postura de apoyo a la IX Marcha.

A cinco días del inicio de la movilización en defensa del TIPNIS, el Ministerio de Comunicación de Bolivia invitó a 30 medios informativos, entre nacionales y extranjeros, para sobrevolar la zona del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure  (TIPNIS) junto al Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, y ver qué posibilidades existen para la construcción de la carretera, por dónde se dice que se puede hacer el  camino y si esas posibilidades tienen perspectivas ciertas.

Al finalizar el vuelo varios medios convencionales informaron que sus “expertos” periodistas constataron que la única alternativa para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es por el medio del territorio indígena.

“Hemos podido confirmar las versiones de las autoridades y del propio presidente, que por este extremo del TIPNIS es un inmenso pantanal, está inundado hasta donde se pierde de vista... Es una zona muy difícil por las inundaciones”, comentó Eddy Morales, corresponsal del canal venezolano Telesur, en una entrevista difundida por la Cadena A.

Esa misma jornada, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, propuso durante la visita del presidente y los periodistas la creación de una entidad paralela a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. A la sugerencia se unió también Melva Hurtado, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de Bolivia (CMIB).

Tras el sobrevuelo, el Presidente firmó acuerdos programáticos con ambas organizaciones de inclusión social y desarrollo de los pueblos de esa región amazónica, luego de pronunciarse a favor de que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos  pase por el TIPNIS. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno firmó acuerdos con 90% de regionales de pueblos indígenas de Tierras Bajas. Para eso necesitaban el tiempo.

 

Boicots oficiales

A los retos de la IX Marcha hay que sumar el paro de transporte indefinido determinado por la Central Obrera Regional (COR) y la Junta Central de Vecinos que se inició en San Ignacio de Moxos después de una sorpresiva visita del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana.

Hasta pareciera un conflicto aislado. “Lo hacen porque saben que necesitamos pasar por ahí esos días y ya pretenden bloquear caminos”, dijo Tacoó, aclarando que por parte de la dirigencia y los comunarios de Tierras Bajas, no provocarán enfrentamientos. “Todo lo que nos obstaculizó el año pasado, volverá a pasar, como cuando nos impidieron el paso al agua, a los alimentos y a las postas sanitarias, pero no tenemos miedo, la marcha continuará a pesar de todo”.

A tres días de la caminata por la vida, presuntas personas afines al gobierno atacaron e intervinieron una radio indígena comunitaria, en San Ignacio de Moxos del departamento del Beni. Aunque el gobierno niegue su participación en estos actos, no se puede desconocer las actitudes de sus partidarios. A sólo unos días de la marcha, el gobierno pospuso por dos meses la Consulta Previa, en un intento de deslegitimar a la IX Marcha que no parará hasta llegar a La Paz para hacer respetar su territorio.

El actuar parece dar a entender la lógica estatal: firma primero y pregunta después o reprime primero y pregunta después.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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