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Columnas de opinión Tinta y tinto

Minería en Mesoamérica: la dirección del 'cambio' en Panamá

martes 15 de febrero de 2011 El debate sobre la minería en Mesoamérica es el de las contradicciones. Centroamérica se ha quedado lejos del milagro de las materias primas del sur, pero las consecuencias son desastrosas. El Gobierno de Panamá apuesta por la explotación.

Por Ramón Benjamín

I. El cambio 

Si por un instante escogemos apelar a la ingenuidad, la entrada en vigencia de las reformas al Código de Recursos Minerales en Panamá demuestra desconocimiento de las experiencias regionales en la materia. Si dejamos la ingenuidad a un lado, intereses muy concretos quedan en evidencia, y no precisamente "los intereses del pueblo primero", fórmula insistentemente repetida desde los días de campaña hasta hoy por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y sus seguidores.

Los gobiernos de El Salvador y Costa Rica se han manifestado o actuado en oposición a la minería. Junto a Guatemala, se encuentran envueltos en litigios emblemáticos con trasnacionales canadienses en tribunales nacionales e internacionales. 

En Costa Rica, luego de extensas jornadas de movilización y debate público sobre el tema, se encuentra vigente una moratoria indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto, y en general a las industrias extractivas, reiterando una agenda ambiental y un modelo de desarrollo. El decreto fue firmado por la actual presidenta a las pocas horas de asumir el cargo en mayo del 2010.

En el caso panameño, el eje de “Ambiente y Recursos Naturales” del plan de gobierno de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela señalaba que

“La deforestación es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país (…) ocasionando degradación de suelos, erosión y sedimentación en quebradas y ríos, pérdida de biodiversidad, disminución de caudales de agua, aumento de temperaturas y de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático (…) la principal causa de la deforestación es la ganadería extensiva y el cambio de uso de suelo para producción de subsistencia, además de otros como la colonización, los desarrollos portuarios, industriales, urbanística, turística y la minería metálica a cielo abierto. Es necesario impulsar acciones de conservación y manejo sostenible de nuestros bosques naturales ya que de ellos depende la provisión de agua, biodiversidad, clima y otros.” 

A primera vista pareciera que el cambio fue tanto que se cambió a si mismo. Pensando mejor, se confirma que nada ha cambiado.

 

II. ¿Hacia dónde?

Las experiencias recientes en el tema minero no son positivas a nivel regional. En Costa Rica, prosigue el debate judicial sobre el proyecto minero en Las Crucitas, concesión otorgada cerca del río San Juan en la frontera con Nicaragua a la empresa Industrias Infinito S.A. (subsidiaria de la canadiense Infinito Gold Ltd.) y activada mediante un decreto de “interés público y conveniencia nacional” por el gobierno de Oscar Arias.

Hasta el año pasado se hablaba de la posibilidad de rescindir el contrato, apoyada en un fallo de la Sala Constitucional y condicionada al pago de una indemnización estimada en $1,700,000,000 (la inversión declarada por la compañía es de $127,000,000).

Las obras se encuentran paralizadas luego de un fallo a fines del 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo que anula la concesión y el decreto por notorias ilegalidades en el otorgamiento de permisos, ordenando a la empresa y al Estado reparar los daños ambientales, sentencia recurrida en casación ante la Corte Suprema por la empresa (el 17 de enero de 2011), empleados, instituciones públicas, organismos privados y supuestos afectados.

El Salvador se encuentra en un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial, interpuesto por la compañía minera canadiense Pacific Rim Mining Corp. por el supuesto incumplimiento de la habilitación en los permisos de exploración para el proyecto minero El Dorado, luego de que el Estado salvadoreño evaluara como insatisfactorio el estudio de impacto ambiental. 

La acción de la compañía, por un monto de 77 millones de dólares, está amparada en las cláusulas de incentivo a la inversión extranjera del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). La compañía tiene sede en Vancouver y la subsidiaria que opera la mina El Dorado tenía sede en Islas Caimán, pero fue trasladada al estado de Nevada con la única intención de demandar a El Salvador bajo los términos del tratado. 

Es decir, el destino de una suma considerable de recursos de la población salvadoreña se decide en Washington y no en El Salvador como resultado de mezclar minería, tratados de libre comercio y otras ficciones jurídicas, en un país donde el 20% de la población no está alfabetizada, el 30% vive por debajo de los (muy cuestionables) índices de pobreza y 7 de cada 10 familias sobreviven gracias a las remesas de millones de emigrantes.

En Guatemala, la empresa Montana Exploradora de Guatemala (GoldCorp S.A.), también canadiense, ocupa ilegalmente las tierras de comunidades mayas y continúa la explotación a pesar de existir una solicitud al Estado guatemalteco de medidas cautelares (MC 260-07), otorgada el 20 mayo de 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 18 comunidades mayas afectadas en su vida, integridad, bienes y ambiente, que ordena la suspensión de las operaciones de la Mina Marlin, realizar acciones dirigidas a prevenir la contaminación ambiental, descontaminar las fuentes de agua, garantizar el acceso a agua potable en cantidad y calidad suficientes, y a proveer programas de salud contra las consecuencias de la contaminación sobre las personas y el ambiente, entre otras medidas.

Los argumentos a favor de la explotación minera aprovechan las condiciones de desigualdad, exclusión, pobreza, desempleo y explotación del trabajador que pesan sobre las zonas indígenas y campesinas dentro de los Estados de la región. Basan sus campañas en discursos de progreso, desarrollo, calidad de vida y minería responsable, pero es imposible encontrar ejemplos de comunidades locales en los que la actividad minera haya generado bienestar integral y sostenible. Abundan, eso sí, los nuevos conflictos durante y después del período de vida de los proyectos, que abonan a los ya existentes antes de los mismos. ¿En eso consistía el cambio?

La discusión sobre las reformas a la ley minera en Panamá giró en torno a los aspectos ambientales, los derechos de los pueblos originarios y (contradictoriamente) la soberanía del Estado panameño sobre la tierra y los recursos mineros por parte de la oposición al proyecto; y el enfoque económico, de aumento de ingresos por cánones, multas, regalías y criterios de “competividad” por parte de los promotores: la Cámara Minera, el Ministerio de Comercio e Industrias, y en general, todo el Órgano Ejecutivo a través de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de Diputados. Otros acercamientos al conflicto fueron utilizados superficialmente o no se tomaron en consideración, al menos en el debate público.

Considerando que el conflicto por el tema minero es una manifestación de contradicciones en la sociedad panameña que rebasa lo coyuntural, los argumentos e implicaciones económicas y ecológicas, el enfoque de derechos humanos y el aspecto político e ideológico, presentes en el debate o implícitos en el mismo, serán tratados en próximas entregas, contrastados con otras experiencias de la industria minera en el continente latinoamericano.

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