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Anatomía de un fraude

jueves 17 de noviembre de 2011 El triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua estaba cantado, pero parecía improbable que la sinfonía fuera tan unánime (62,46% de los votos). Una oposición débil, un Gobierno fuerte, una catarata de plata y... según muchos de los agentes sociales del país: un fraude anunciado.

La crónica de Confidencial trata de desentrañar las claves del posible fraude en las elecciones nicaragüenses. En las últimas horas, organizaciones de DDHH, la Iglesia y, por supuesto, la oposición, han denunciado los resultados.

Por Carlos Salinas Maldonado / Confidencial

Cuenta la historia que en las elecciones de 1947, Modesto Salmerón, presidente del Tribunal Electoral bajo Somoza García y leal discípulo de la dictadura, gustaba pasearse el día de la votación entre las filas de electores, puro en mano, gritando: “voten, voten, que luego cuento yo”. Los mansos votantes no hacían más que participar en lo que era una verdadera farsa, repetida casi siete décadas después, el pasado domingo 6 de noviembre, cuando el volcánico magistrado de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, le permitió a la maquinaria del FSLN contar a solas los votos de una elección cargada de irregularidades.

¿Cuál fue el modus operandi del fraude en esta elección, según las denuncias y las pruebas que aportan  la oposición y los observadores nacionales? A diferencia de lo ocurrido en las elecciones municipales del 2008, cuando las actas de votación reflejaron razonablemente bien la voluntad popular, y la mayor parte de las anomalías ocurrieron en los centros de cómputo y transmisión, en esta ocasión, todos coinciden en señalar una trama mucho más compleja, que no se puede reconstruir recurriendo de forma exclusiva a las actas. “Para empezar las actas están viciadas desde sus orígenes, porque en muchísimas Juntas Receptoras de Votos, probablemente más del 30%, simplemente no hubo fiscalización de la oposición”, indica una fuente de la Alianza PLI UNE.

La tarea de documentar la dimensión del fraude, y aportar elementos probatorios que permitan explicar el “paso a paso” de las irregularidades, será mucho más compleja que en el 2008, cuando la prueba principal se remitía a mostrar la copia de las actas originales en poder de la alianza PLC-Vamos con Eduardo, y evidenciar las discrepancias con el conteo del CSE. “Estamos recopilando todas las evidencias, para presenta los recursos de revisión de acuerdo a los plazos establecidos por la ley”, dijo la fuente, sin adelantar aún cuáles podrían ser las implicaciones del fraude en términos cuantitativos para los resultados de la elección legislativa, o incluso para la elección presidencial. 

Apertura antes del tiempo legal

El día de la votación Silvia Elena Cerda López, fiscal de zona de la Alianza PLI-UNE en Masaya, decidió acudir a las cuatro de la mañana al Centro de Votación 019, localizado en el colegio Óscar Rugama, para fiscalizar la apertura de las siete Juntas Receptoras de Votos ubicadas en ese centro de votación. Silvia Elena temía irregularidades, y la realidad le dio la razón. La mujer –morena, bajita, de ojos negros rasgados y pequeñas y rechonchas manos de muñeca– se encontró con que fiscales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) habían abierto antes del tiempo legal las JRV, no contaron las boletas electorales e iniciaron un proceso en el que el gran ganador fue la intimidación a los fiscales opositores y las irregularidades cometidas por las mismas autoridades electorales que deberían cuidar la transparencia del proceso.

Silvia Elena es una mujer dura a pesar de su estatura. No se deja amedrantar tan fácilmente. El día de la votación se convirtió en un personaje incómodo, enfrentándose a la ilegal coordinadora de centro de votación, figura impuesta por el CSE, a los funcionarios de la mesa de votación y los fiscales sandinistas. Todos, a coro, pedían la salida de los fiscales de PLI-UNE de las JRV del colegio Óscar Rugama. “Yo les dije que no, que no los podían sacar porque estaban bien acreditados”, cuenta Silvia. “Me les puse dura”, agrega, “pero me echaron a la Policía. Una oficial me dijo estúpida, pero mantuve mi posición. Me dijeron que si los fiscales replicaban algo, los iban a echar. Les dije que no lo permitiría y ninguno de ellos dejó que los sacaran”, narra la mujer en el patio de su casa, una construcción de cartón, bolsas de plástico y láminas de zinc que milagrosamente se mantiene sobre un suelo café, regado para evitar el polvo, donde gordas gallinas picotean en busca de granos o insectos.

El 'doble voto'

El día de votación fue un tormento para Silvia. La mujer no paró de vigilar porque la elección transcurriera sino de forma transparente, sí algo decente. Pero al final del día no pudo más que resignarse y dar de bruces con la realidad: todo su esfuerzo y el de sus fiscales fue en vano: no pudieron impedir que personas votaran en dos ocasiones, a pesar de las protestas, que los miembros de las mesas electorales dejaran votar a personas que ni de cerca pertenecían a esa circunscripción o gente que llegaba “con cédulas duplicadas”, que sus fiscales fueran intimidados y hasta amenazados, y que se les negara la entrega de actas de votación básicas para comprobar que el escrutinio de los votos había sido cabal. “Pedí las actas a mis fiscales y me las guardé, porque ellos tenían miedo. Había mucha intimidación y les dije: vamos a salir tranquilos, uno a uno”, explica Silvia. La mujer asegura que en el bus del CSE que transportó el material electoral, la coordinadora del centro de votación gritó a los simpatizantes del FSLN que se aglomeraban en las afueras del colegio un “ganamos”, haciendo con los dedos la señal de la victoria.

El montaje empieza en el padrón

En las instalaciones de la Alianza PLI-UNE, un austero edificio localizado en las cercanías de Metrocentro, en Managua, un grupo de jóvenes no para de teclear datos en sus computadoras. El cuarto es amplio, oscuro, dividido en estrechos cubículos. La habitación funciona como un call center. Aquí entran las actas que los fiscales de este partido político pudieron “rescatar” (palabra que usan por las dificultades a las que se enfrentaron para obtenerlas) y los trabajadores de este cuarto trabajan de ocho a diez de la noche engordando un programa especial con la información de esas actas. Son las pruebas que pudieran evidenciar un fraude en los comicios del domingo.

A un lado de este cuarto hay una habitación más pequeña, en la que técnicos de la alianza analizan los resultados de la votación brindados por las autoridades de facto del CSE y reúnen las denuncias de irregularidades que llegan desde los departamentos. A cargo de esto está Sergio Álvarez, fiscal nacional de PLI-UNE, que luce abrumado ante la montaña de fallas recogidas antes, durante y después de una jornada que parece haber hundido la credibilidad de los nicaragüenses en las elecciones.

Álvarez explica que en estas elecciones hubo todo un montaje previo de parte del aparato estatal que hizo que su alianza política jugara en desventaja frente al poder del FSLN, que, según los datos dados por el CSE, arrasó en las presidenciales con más del 60% de los votos, casi el doble en relación al resultado de 2006, cuando Ortega ganó la votación con apenas el 38% del sufragio. “Las irregularidades se dieron desde la presentación del Padrón Electoral”, explica Álvarez. “Hubo serias deficiencias con el Padrón, ya que el número de votantes inscritos no coincidía en relación a las JRV; no estaba actualizada la base de datos de ciudadanos habilitados para votar. Presentamos 17 recursos ante el CSE para regular el Padrón, pero no fuimos escuchados por el Consejo”, afirma Álvarez.

La maquinaria FSLN-CSE

Álvarez recuerda que también hubo irregularidades en el nombramiento de miembros de los Consejos Electorales Municipales y Departamentales, en cuya distribución resultó beneficiado el FSLN y sus aliados, así como en entre los miembros de las mesas electorales en las más de 12 mil JRV del país. La única forma de fiscalización de la transparencia del proceso para este partido, era la posibilidad de distribuir a sus fiscales dentro de las Juntas, proceso que se convirtió en un drama ampliamente denunciado por la oposición, y constatado por las misiones de observación internacionales de la OEA y la Unión Europea.

Sergio Álvarez lo explica de esta forma: “Desde el 10 de octubre teníamos preparadas nuestras listas de fiscales, pero fue hasta el 14 de octubre que el CSE pide que enviemos los nombres, con sus cédulas y fotografías. El problema es que no se pronunciaron hasta el día 20, cuando nos mandan un cedé con un programa en el que teníamos que introducir las listas de fiscales. El programa tenía muchas deficiencias, hasta aparecían en las casillas las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, el software tenía problemas para acceder los nombres de nuestros fiscales. Ese día 20 metimos un recurso ante el CSE porque el sistema no servía, pero fue hasta el día 24 de la tarde que nos entregaron nuevamente el software. Sin embargo, el programa funcionó hasta las cuatro de la tarde, por lo que interpusimos un recurso de reclama. Comenzamos a trabajar en la introducción de datos de 25 mil fiscales en ese programa, pero tuvimos problemas de validación con los nombres, las cédulas y lugares de origen de nuestros fiscales”.

Exclusión y expulsión de fiscales

Una vez salvadas los problemas con ese raro programa importado por el CSE, la Alianza PLI-UNE tuvo que enfrentarse a un nuevo escollo: el 30% de las credenciales entregadas por las autoridades electorales el 2 de noviembre tenía problemas, ya sea porque no correspondían los datos de identidad con sus fiscales o porque aparecían como fiscales de PLI gente que ni conocían. Representantes del partido hicieron el reclamo, y el Tribunal Electoral se tomó su tiempo para solucionar el problema: más de cinco mil acreditaciones falladas fueron entregadas 24 horas antes del día de la votación, dificultado a PLI-UNE su traslado a los lugares más remotos del país. Y, a pesar de la “corrección”, muchos documentos resultaron con errores.

Sergio Álvarez explica que en el caso de Ticuantepe, municipio al sur de Managua, no pudieron fiscalizar el 40% de las JRV porque las credenciales estaban erróneas. Situaciones similares sufrieron en León, Matagalpa y Managua, tres de las principales regiones electorales del país. En suma, la Alianza PLI-UNE no contó con fiscales en el 30% de las JRV del país, mientras que, sospechosamente, el FSLN sí pudo fiscalizar sin problemas todas las juntas de votación.

A pesar de esa desventaja abrumadora, los fiscales de PLI-UNE continuaron siendo hostigados el día de la votación. Los datos de Álvarez muestran que el 20% de sus fiscales fueron expulsados de las JRV durante el conteo de votos, en muchos casos “simplemente por hacer reclamos verbales”, lo que impidió que la alianza pudiera acceder a las actas de escrutinio y comprobar si en esas juntas hubo o no fraude. “Estas fallas dan pie a sospechar que todo iba contra la Alianza PLI, para que hiciéramos menos fiscalización en las JRV”, afirma Álvarez.

Un documento para la historia de la infamia

Lindsay Dinorah Castro es la fiscal departamental en Chinandega de PLI-UNE. La mujer preparó un amplio documento de las irregularidades denunciadas por los fiscales de esta alianza el día de la votación, el 6 de noviembre, en todos los centros de votación de los trece municipios del departamento. El documento, compuesto de diez folios, debería conservarse para que los historiadores en el futuro puedan reconstruir una elección que bien podría haber salido del más dotado representante del realismo mágico.

Cada denuncia presentada por Castro va acompañada del artículo de la Ley Electoral que ella considera que fue violentado. Así, la fiscal cuenta que a las 10:30 del 6 de noviembre los miembros de las juntas electorales de la escuela Isabel Lizano de Chinandega, decidieron sacar a los fiscales del PLI de todas las mesas electorales sin dar explicaciones, violando el artículo 29, inciso 1 de la Ley Electoral, que establece que los fiscales de los partidos deben “estar presentes en el local y fiscalizar el funcionamiento de cada Junta Receptora de Votos durante el día de la inscripción, verificación, votación y escrutinio de votos”.

Castro asegura que en el Reparto Estela de la ciudad de Chinandega, las autoridades electorales no dejaron votar a los ciudadanos que no aparecían en el Padrón Electoral a pesar de que sus cédulas mostraban que su domicilio correspondía a esa circunscripción electoral, violando, según la fiscal, el artículo 42 de la Ley Electoral. Ese artículo establece que “si un ciudadano hábil para votar no apareciere en el Padrón Electoral de la Junta Receptora de Votos del lugar de su residencia habitual pero posee su Cédula de Identidad o Documento Supletorio de Votación legalmente expedido que pruebe que reside en la circunscripción territorial de la respectiva Junta Receptora de Votos, ésta autorizará el ejercicio del sufragio y hará constar este hecho en el acta respectiva”.

En su informe Castro asegura que en la JRV 0200 del centro de votación localizado en la escuela Monseñor González y Robleto, las autoridades electorales dejaron votar a un menor de edad con cédula de otra persona, violentando en este caso el artículo 47 de la Constitución, que establece la ciudadanía a los 16 años, y el 116 de la Ley Electoral, en el que se lee que “cada elector acudirá personalmente ante la Junta Receptora de Votos presentando su Cédula de Identidad Ciudadana o su Documento Supletorio de Votación”.

En otros casos Castro denuncia que hubo ciudadanos a los que se les permitió votar con fotocopias de cédulas de identidad, policías electorales llamaban a los electores a votar en la Casilla 2 del FSLN, o lo más llamativo, si cabe, ocurrido en un centro de votación del barrio El Limonal, donde se les permitió a los electores votar con partidas de nacimiento. Hubo casos burdos, como el ocurrido en el municipio de Cinco Pinos, donde según Castro las autoridades electorales obligaron a los electores a votar en la mesa de trabajo, “de manera pública, cuando la Ley Electoral establece que el sufragio es secreto”, escribe la mujer en su informe.

En Chichigalpa PLI-UNE debía haber contado con 121 fiscales en las JRV, pero Castro asegura que sólo fueron acreditados 53. De éstos, 20 acreditaciones pertenecientes a fiscales propietarios estaban inválidas, pero las autoridades electorales no permitieron que fueran acreditados sus suplentes, por lo que prácticamente éstas se quedaron contando junto a los fiscales del FSLN los votos que el 6 de noviembre depositaron los habitantes de este municipio chinandegano.

Situaciones similares se registraron en otras regiones del país. Un fiscal del PLI en Nagarote, que ha vivido varias elecciones, señaló que las irregularidades comenzaron temprano, desde que las acreditaciones sólo fueron entregadas a los fiscales de la oposición hasta el sábado por la tarde, mientras el material electoral estaba en manos de la gente del FSLN desde el viernes en la noche.

Este fiscal recuerda que un ex pítcher de primera división, que ahora trabaja para el FSLN en ese municipio, “hizo 5 viajes en una camioneta llevando gente a votar a la comarca La Chilama, los que luego trasladaban a votar a la Comarca Valle de Jesús, igual que hicieron en las municipales del 2008”.

Explicó que conoció de estos ilícitos, porque “un trabajador de la alcaldía se los contó a una conocida suya, a la que le pedía que le guardara su bicicleta mientras abordaba la camioneta para ir a votar a esos lugares”.

Recordó que los militantes del Frente Sandinistas que fungieron como miembros de mesa “no permitieron a los fiscales del PLI que revisaran las urnas, y sé de ciudadanos que recibían dos boletas para que pudieran votar dos veces”.

En referencia a la represión de la población que quiere protestar por el fraude, este fiscal aseguró que funcionarios de la alcaldía local pagan “C$200 a cada pandillero para que agreda a opositores, y hay un premio adicional de C$100 para los que peleen con alguien, por lo que buscan cómo buscar pleito para ganarse ese dinero. Lo sé porque los mismos pandilleros me lo cuentan”, refirió.

Por su parte, un fiscal del PLI que trabajó en un centro de votación en el Barrio Santa Rosa, de Masaya, reclamó porque el CSE ordenó que se aceptara a votantes cuya cédula dijera que vive en la circunscripción, y con esa excusa, hubo algunas juntas que llenaron hasta 3 hojas de 16 renglones cada una, “y hasta les llevaba más hojas para que aceptaran más gente con esa excusa”, dijo.

Las actas “preñadas”

Los investigadores académicos podrán reírse o no superar su asombro cuando, en el futuro, analicen la votación del pasado 6 de noviembre y se topen con la JRV identificada con el código 07020162-5, localizada en el centro de votación 026 de Masaya. Sucede que en esta mesa de votación se registraron 866 votos válidos, cuando en una mesa electoral sólo puede haber como máximo 400 boletas. Según el detalle del acta de escrutinio, en esta JRV el FSLN obtuvo 506 votos, mientras que los de PLI-UNE sumaron 399. El resto fueron para el PLC (55), ALN (11) y APRE (5).

La historia se repite en varias actas a cuyas copias pudo acceder Confidencial. En la JRV con código 06053383-7, localizada en el centro de votación 457 de Managua, aparecen 793 votos válidos, la mayoría a favor del FSLN (473). Hubo JRV en la que la diferencia que sacó el FSLN sobre sus adversarios fue abismal, como es el caso de la junta 06056314-2, del centro de votación 611 de Managua, donde los miembros de mesa ni siquiera se tomaron el cansado trabajo de enumerar claramente los votos válidos, pero en cuya acta de escrutinio sí aparece claramente que el FSLN obtuvo 689 votos. El PLI resulta con 172 y el PLC con 70.

Las denuncias sobre este tipo de anomalías han llegado a lo largo de la semana las redacciones de los medios de comunicación, pero hasta ahora las autoridades de facto del CSE no se pronuncian sobre ellas, aunque su presidente, Roberto Rivas, sí tiene tiempo para atacar a los medios y hasta calificar de basura estas denuncias. El hecho es que posiblemente nunca se sepa por qué en muchas JRV aparecieron más votos de los que permite la ley.

 

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