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Lima da marcha atrás después de mortal represión

sábado 25 de junio de 2011 Seis muertos y unos 40 heridos dejó la fuerte represión de la protestas antimineras en la región de Puno (Perú) y sólo hasta que los brutales enfrentamientos terminaron en la noche de este viernes, el gobierno saliente de Alan García decidió dar marcha atrás en el proyecto minero canadiense Santa Ana.

Conozca en EN PROFUNDIDAD algunos de los elementos de fondo de este conflicto. 

Por Equipo Otramérica

Las calles de Juliaca, Puno, pasaron de campo de batalla a cementerio en apenas un día. Este viernes 24 de junio los choques entre la policía y los ciudadanos que no querían el proyecto minero de Santa Ana, de la canadiense Bear Creek, dejaban un saldo de 6 muertos y 37 heridos -varios de gravedad- sobre todo por heridas de bala en el abdomen. Según el diario Los Andes, los enfrentamientos más duros se dieron en el aeropuerto Manco Capac de Juliaca, entre la policía y pobladores de Azángaro que se habían unido a las protestas de Huacullani  (que comenzaron el 9 de mayo) y pedían el cese de la contaminación del río Ramis por la minería informal.
Las víctimas mortales, según información publicada por medios peruanos en la noche del viernes eran: Raúl Cancapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanipoca Turpo (20), Petronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani (57), Antonio Campos Huanca (45) y una persona no identificada.Según los informes oficiales podría haber un policía desaparecido y al menos 10 heridos después de que los manifestantes atacaran una comisaría en venganza por el asesinato de varios de ellos a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
La represión policial se produjo mientras en Lima negociaban líderes Aymaras y miembros del Gobierno saliente de Alan García. El viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, y el líder aymara, Walter Aduviri Calisaya, eran las cabezas de las delegaciones. El mismo jueves ya habían avanzado en un acuerdo que va a significar la publicación en el diario oficial El Peruano de la derogatoria del Decreto Supremo N° 083-2007. Según explica el diario Los Andes: "Con esta derogatoria se pone fin al proyecto minero Santa Ana, que pretendía extraer plata de las entrañas del distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito-Juli. Asimismo, se aplicará el procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras en el departamento de Puno, según normas que también serán oficializadas hoy en El Peruano". Ahora, a pocas semanas sel relevo presidencial, el gobierno de Alan García se ha acordado del Convenio 169 de la OIT, suscrito -e irrespetado sistemáticamente- por el Ejecutivo.

El Gobierno, días antes, había tratado de calmar las protestas de Puno aplazando la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, lo que golpeó fuerte a las acciones de la empresa canadiense, que ahora anuncia medidas legales contra Perú por la cancelación de la licencia para extraer plata en la zona de Huacullani.

Alan García, que ya se ha enfrentado antes con las comunidades por cuenta de los megaproyectos económicos de explotación de los recursos naturales de Perú, lamentó que “las poblaciones de las alturas sean llevadas a la fuerza y casi con una organización paramilitar por oscuros intereses políticos a cometer delitos gravísimos como el asalto y la destrucción”. Según él, fuerzas oscuras han manipulado el movimiento. Ollanta Humala, presidente electo, le pidió el cese de la violencia. 

 

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