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radar Represa de Belo Monte

Un hombre marcado para perder

jueves 25 de agosto de 2011 La historia de un agricultor que creía que se haría rico con la represa de Belo Monte, en el río Xingu (Brasil) y que ahora vive la violencia de una expropiación forzosa por no aceptar el bajo precio ofrecido por la empresa. El drama de Xingú, desde cerca (versión disponible en portugués).

El señor Amadeu

El señor Amadeu Ruy Marques Sposati

Por Ruy Marques Sposati / Xingu Vivo

(Para a versão em Português clique aqui)

El señor Amadeu creía que se haría rico en Belo Monte. Que la construcción de la presa del río Xingú sería una oportunidad para que su familia y él prosperaran. Por tanto, defendió el proyecto de la hidroeléctrica sin dudarlo. Así lo hizo durante tres años...  hasta que algunas cosas cambiaron.

Los representantes del proyecto hicieron el primer contacto con Amadeu en 2008. Le contaron sobre el proyecto y sobre el progreso que traería. Le explicaron que su tierra era una parte esencial de la presa -después de todo, sin  un canal, no se podría desviar el 80% del cauce de la Volta Grande para conseguir los megawatts prometidos.

Sin embargo, en el momento de recibir el premio que cambiaría su vida - la gran compensación por sus tierras y las mejoras en la margen izquierda del kilómetro 50 de la carretera Transamazónica-, el señor Amadeu, su hijo y la nuera se encontraron con un valor de poco más de 90 mil reales.

"Yo no acepto 90 mil", respondió Amadeu Fiok, el afectado. El padre es turco. "¿Qué es esto? Ustedes me prometieron mucho más ".

Y vino una orden de desalojo, dando tiempo a que se fuera de la tierra, y diciendo que el valor ya había sido depositado en su cuenta. Él respondió: "Yo no me voy."

Pero, al igual que un boxeador que recibe un golpe y no está seguro de dónde viene, el señor Amdeu no entendió: no tiene ninguna salida. Está destinado a  perder.

A través de un decreto emitido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), que transforma toda la extensión de la Volya Grande del río Xingú en área de utilidad pública, a Norte Energía le basta acudir a los tribunales con una acción de expropiación contra cada propietario que se niega a aceptar los valores propuestos por la empresa. Y ahora: la indemnización ya se ha pagado y  los residentes desalojados.

 

Dictadura y Derecho

"Para empezar, este decreto es de la dictadura del 40", comenta la coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, Antonia Melo. Se refiere al decreto ley que regula la expropiación, de 1941 -período de la dictadura getulista del Estado Novo (1937-1945). Basándose en ese decreto fue que ANEEL declaró de utilidad pública la zona de construcción de la represa de Belo Monte. "En segundo lugar, las áreas para reubicar ya deberían estar definidas, para que los propietarios pudieran elegir entre la indemnización o la reubicación", continúa. "Y para aquellos que no quieren salir, no quieren la presa, pero sólo quedó la alternativa de ser indemnizados, les ofrecen valores muy bajos y completamente fuera del mercado inmobiliario de la región -que está en un boom gracias a la especulación acerca de la presa. El propietario no sabe qué hacer para defender sus derechos", critica.

Cuando se trata de derechos, la abogada y profesora de la UFPA, Andréia Barreto, está de acuerdo en que hay irregularidades en las acciones de expropiación. "No se garantizó el acceso a la justicia. Quien no acepta la negociación no tiene amparo legal. No tienen derecho a Justicia gratuita. Y todo esto, por una simple razón: estas acciones están relacionadas con los intereses de la Unión. Esto es: son de la Justicia Federal. En estos casos, quien cuida de las defensas es la Defensoría Público Federal (FPD). Y no hay DPF en Altamira ", explica. "Lo que tenemos en la región de Altamira es la Defensoría Pública Estatal, que no actúa en estos casos. Es decir: o bien contratan a un abogado privado o no tiene ninguna defensa ".

Según la abogada, los fiscales federales tampoco están obligados a actuar en estos casos, ya que son causas individuales. "Muchos no pueden costearse un abogado privado". "En otras palabras, no tienen garantía para su defensa. Hay una ausencia de las instituciones que deberían acompañar a los expropiados", concluye.

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