Causas

Los kichwas de Sarayaku defienden su dignidad ante la CIDH

Sábado 09 de julio de 2011 - Los días 6 y 7 de julio se ha desarrollado la audiencia del Caso Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los argumentos de los Kichwa y el testimonio del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, dan la razón a las comunidades. Hasta el 8 de agosto hay tiempo para las alegaciones de las partes.

Por Otramérica / Diversas fuentes

“Soy hijo de un pueblo que ha sido vulnerado sus derechos, soy hermano de mujeres y hombres que han sido perseguidos tan solo por pedir el derecho a vivir en paz”. Con estas palabras se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Marlon Santi, ex presidente de la CONAIE y uno de los líderes del pueblo kichwa de Sarayaku (Ecuador).

Así se cerró la primera jornada del denominado “Juicio de la Dignidad”. “Queremos que nos dejen vivir en paz” terminó señalando Santi. En su momento, Sabino Gualinga, líder espiritual de Sarayaku, de 89 años de edad, explicó a la Corte los efectos catastróficos que tuvo la incursión de la petrolera argentina CGC en su selva sagrada.

Ante una pregunta del Juez Manuel Ventura, Sabino Gualinga aclaró que en su cosmovisión la selva está viva y habitada por seres espirituales que mantienen el equilibrio entre los humanos y la Naturaleza. “No queremos que entren a  nuestra tierra los que quieren hacer estallar con explosivos sus entrañas” dijo, porque eso implicaría que los seres que cuidan la selva se vayan y lleguen grandes males para el mundo como enfermedades y cataclismos.

Sarayaku reclama al Estado Ecuatoriano por haber permitido el ingreso de una petrolera en su territorio sin que se le haya informado, consultado o pedido su consentimiento. La petrolera CGC dejó, entre 2002 y 2003, una cantidad cercana a la tonelada y media de explosivos sembrados y desperdigados en un área de 16.000 hectáreas del territorio Sarayaku.

Según informa la agencia EFE, el día 7 de julio intervino el relator especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, quien participó como perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él afirmó que los estados deben consultar a los indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras. El Estado ecuatoriano presentó como perito al general Óscar Troya, quien dijo que las Fuerzas Armadas nunca ingresaron para acompañar a la CGS. Para el Gobierno, la opinión de los pueblos no implica una imposición de su voluntad.

‘Saquen el explosivo’

Entre los testimonios de la comunidad estuvo el de Ena Santi, quien declaró con su hijo de dos meses de edad en brazos, pidió a la Corte “que digan a los gobiernos de nuestro país que nos respeten, les pido también que saquen de nuestro territorio ese explosivo que tanto daño nos hizo”.

El abogado de  Sarayaku, Mario Melo, de la organización ecuatoriana Fundación Pachamama, dijo “esta primera jornada ha sido muy importante porque los testimonios de las víctimas han permitido apreciar a la Corte Interamericana la gravedad de los daños que le produjo el ingreso inconsulto, violento y contra  su voluntad, de la petrolera en su territorio”.

El Pueblo de Sarayaku estuvo representado también por Viviana Kristicevik de la organización regional CEJIL, quien señaló  “El pueblo Sarayaku demostró una vez más su valentía y dignidad al declarar ante la Corte IDH”.

Según explica The Associated Press La audiencia, que se extendió durante casi siete horas el jueves, culminó con la presentación de los alegatos finales orales por las partes.

Los representantes de los indígenas insistieron en que el retiro de los explosivos es una de las reparaciones más esperadas por los sarayaku, en tanto el Estado sugirió a la Corte nombrar un peritaje que determine de qué forma se realizará ese proceso.

El presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayán, además cerró la fase de preguntas consultando a la delegación estatal qué veracidad hay en la versión de que Ecuador prepara una nueva licitación de bloques petroleros para octubre. Los representantes no pudieron responder la interrogante, por lo que deberán hacerlo en los alegatos escritos.

Las partes tendrán hasta el 8 de agosto para remitir esos documentos, en tanto García Sayán adelantó que una eventual decisión en este caso podría darse este mismo año.

 

 

Los argumentos de James Anaya

(Por The Associated Press)

Durante su comparecencia, el relator James Anaya explicó que la obligación a consultar a los pueblos indígenas es "un elemento central para un nuevo modelo de relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas" que además implica un nuevo modelo de desarrollo, pues "no se puede olvidar la historia de represión y exclusión que ha caracterizado esa relación, muchas veces con consecuencias desastrosas... y donde detrás se encuentra el afán de lucro usando las tierras indígenas".

Agregó que "para los actores dominantes en el continente, la manera de ser de los pueblos indígenas ha sido objeto de desprecio y desafortunadamente sigue, hay una imagen del indígena como salvaje y eso justifica nuevos actos de exclusión".

Ante consultas de la representación del Estado y de los mismos jueces, Anaya señaló que existen instrumentos jurídicos internacionales que justifican la obligación a consulta. Entre otros mencionó un convenio de la Organización de Estados Americanos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos instrumentos fueron ratificados por Ecuador en 1977 y 1999, respectivamente.

Anaya indicó que debería consultarse a los indígenas desde que se concibe el proyecto y no llegar a "los territorios con los contratos ya hechos, los obreros contratados y las obras diseñadas y luego se le presenta a los pueblos. Eso no puede ser así".

Explicó que no hay una sola forma de decisión en los pueblos indígenas. "En algunos casos se hace una asamblea que dura hasta días para llegar a un consenso y en otros son los líderes específicos que fueron escogidos para relacionarse con el mundo de afuera", dijo, pero resaltó que "lo importante es que esa decisión sea legítima y los mismos pueblos indígenas tienen que responsabilizarse de su propia organización".



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Un caso emblemático, por Mario Melo, abogado de Sarayaku

Por Mario Melo*

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida constituidos en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.

Según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Recién en la primera mitad del año 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la Corte Interamericana. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo emprendió gestiones para el retiro de los explosivos; proyecto que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. A diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la presente fecha.

Todo este esfuerzo de parte del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, se diluyó… El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aún cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra el caso Sarayaku.

Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha empresa petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. El territorio de Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblos afectados, sin habérseles consultado ni pedido consentimiento pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.

El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso.

El caso ha sido remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los días 6 y 7 de julio de 2011, en San José de Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia del caso Sarayaku ante el Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo Kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces de la Corte sus alegatos orales así como las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.

La Corte Interamericana dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentará nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para el Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate que ha sido muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

23 de junio 2011

Interesantísimos videos completos de las dos sesiones de la Audiencia ante la CIDH en Costa Rica.

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