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El 'terrorista' cotidiano

Miércoles 27 de abril de 2011 - La sombra de Augusto Pinochet es alargada y de suma utilidad para el Gobierno de Chile. La Ley antiterrorista aprobada durante la dictadura sigue haciendo estragos entre los movimientos sociales.

Por Redacción Otramérica

Los movimientos sociales en Chile luchan contra la realidad y la exclusión… pero también contra un fantasma llamado Ley Antiterrorista (Ley No. 18.311). Modificada en un par de ocasiones, mantiene el espíritu de la dictadura y es usada de forma indiscriminada contra líderes indígenas, sindicales o antisistema limitando significativamente sus derechos humanos y el debido proceso.

La última noticia relacionada con esta ley tiene que ver con el denominado Caso Bombas, la detención de 13 personas en relación con la explosión de unos 200 artefactos explosivos desde 2003 en Santiago de Chile atribuidos al movimiento anarquista de ese país.

En agosto de 2010 la policía hizo operativos simultáneos en Santiago y Valparaiso allanando los centros okupas La Crota, CSO Sacco y Vanzetti y CSA Jonny Cariqueo, y dos viviendas personales en Cerro La Virgen (Valparaiso). En estos operativos detuvieron a 14 personas a las que relacionaban con las bombas y que, supuestamente, figuraban en la lista de 25 sospechosos manejada por la fiscalía.

A los detenidos se les aplicó la Ley Antiterrorista y eso ha supuesto más de seis meses de prisión preventiva sin derecho a juicio oral, en condiciones de incomunicación y de indefensión. Ocho de los detenidos se pusieron en huelga de hambre y lograron, tras 65 días de protesta, la creación de una comisión parlamentaria con presencia de familiares y organismos de Derechos Humanos que garantice el debido proceso. (Evolución del caso: Todos los detenidos han pasado a "arresto domiciliario")

El Gobierno, aunque echa la pelota al poder judicial, no ha sido imparcial. A las pocas horas de producirse las detenciones, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter aseguró que “poner bombas en cualquier país que pretende ser moderno y desarrollado es un delito gravísimo y, por lo tanto, este Gobierno en su calidad de parte querellante, va a solicitar, en el marco del Estado de Derecho, que se apliquen las sanciones más altas posibles de acuerdo a la ley, es lo que corresponde, es lo que vamos a hacer y es creemos lo que interpreta a los chilenos”.

Y así lo hizo, el fiscal a cargo del caso en este momento, Alejandro Peña, pidió cadena perpetua para 2 de los detenidos y penas de entre 540 días y 20 años para el resto. Paradójicamente, de las 200 bombas que les achaca el fiscal a los detenidos, algunas estallaron con ellos dentro de la prisión.

Las quejas de diversos sectores no han sido pocas. El propio ex vicario de la pastoral social, Alfonso Baeza, en entrevista con ADN Radio Chile en abril de 2011, “criticó con dureza las condiciones de encierro que mantienen los detenidos por el caso bombas calificándolas de tortura”.

“Cualquiera persona que tenga el deseo de saber la verdad, hay elementos suficientes para darse cuenta que ha sido un montaje, que se ha producido y está desmoronándose por el lado del poder judicial, de la Corte de Apelaciones. Conversando con ellos uno se da cuenta de la barbaridad de lo que ha sucedido para poner 8 meses, y más algunos, en prisión y en una prisión tan dura como es la de estar 22 horas encerrado para salir a un patio y no tener contacto entre ellos. Es realmente una tortura”, insistió  Baeza. El diputado Sergio Aguiló, muy crítico con la Ley Antiterrorista, ha llegado a acusar al fiscal Peña de fabricar pruebas para mantener el proceso contra los anarquistas abierto.

 

Contraste

Los contrastes en Chile, además son significativos. La Ley Antiterrorista se aplica a estos anarquistas pero también a los comuneros mapuches, que en 2010 lograron que el gobierno de Michelle Bachelet modificara algunos aspectos de la ley, aunque, finalmente los mapuches recibieron condenas de hasta 25 años por supuestamente atentar contra un fiscal. Los 4 líderes comuneros condenados están en huelga de hambre y premios Noble como Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú han intercedido sin éxito para que se anule el proceso. “Estos hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no garantizaba el debido y justo proceso que respete sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario”, escribió Pérez Esquivel.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sergio Ojeda, se preguntaba hace poco si la situación de los 4 líderes mapuches es proporcional con la sentencia judicial que impone solamente libertad vigilada para 5 militares cuya participación en el asesinato de 9 opositores al régimen de Pinochet ha sido probada. La respuesta es clara pero el debate sobre la vigencia de la Ley Antiterrorista en Chile no parece una prioridad para el Gobierno ni para una parte de la sociedad chilena.

Carta de los familiares de los Presos Políticos Mapuche al Presidente de la Corte Suprema

Sr. Milton Juica Presidente de la Corte Suprema de Chile, Santiago:

Los familiares de los presos políticos mapuche enjuiciados recientemente, en la ciudad de Cañete, región del Bío Bío, queremos hacer llegar a Ud. nuestra profunda preocupación por la situación de vulneración sufrida durante todo el desarrollo del proceso judicial y que concluyó, finalmente, con una sentencia condenatoria, razón por la cual nuestros familiares mantienen una huelga de hambre líquida, desde el día 15 de marzo.

Como Ud. sabrá ellos formaron parte del grupo de 34 mapuches que estuvieron más de 80 días en huelga de hambre para pedir, entre otras cosas, que no se les aplicara la ley antiterrorista (18.314), es decir, tener la posibilidad de un juicio justo. Sin embargo, pese al acuerdo con el gobierno, entre los meses de noviembre y febrero se desarrolló un juicio oral en contra de 18 comuneros mapuche, a quienes se les aplicó dicha normativa por parte del Ministerio Público y los querellantes particulares: empresas forestales y representantes del gobierno, éstos últimos a través de su adhesión a todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo a los testigos secretos que la ley antiterrorista faculta.

En la sentencia condenatoria conocida el día 22 de marzo, los miembros del Tribunal Oral en lo Penal, los Sres. Carlos Muñoz y Jorge Díaz, expresaron haber formado su convicción de la supuesta participación en los hechos investigados y juzgados principalmente a través del testimonio de un testigo secreto (denominado \”testigo Nº26\”). Sin embargo, en la sentencia se rechazó la calificación de terrorista de los hechos, lo cual resulta una evidente contradicción.

 

Una situación alarmante es que los Sres. Jueces consideraron en su sentencia el \”testimonio de oídas\” de un policía de investigaciones quien habría escuchado la declaración \”voluntaria\” de uno de nuestros familiares (igualmente imputado y condenado), quien supuestamente se habría auto inculpado e incriminado a otros comuneros mapuche. Al respecto, queremos insistir que este hecho fue denunciado ante la justicia y la opinión pública, pues dicha declaración fue obtenida bajo torturaconstando con la certificación médica de las lesiones producidas. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de tortura denunciados por el comunero mapuche.

Por otra parte, la aberración jurídica más grande la constituyó el hecho del doble juzgamiento al que fueron sometidos nuestros familiares, quienes por el mismo hecho fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo. A pesar de que el Juzgado Militar de Valdivia, el 16 de diciembre de 2010, resolvió absolver a nuestros familiares por no encontrar acreditados los hechos investigados. Actualmente, la causa se encuentra radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, sin que se tenga conocimiento de cuál será su siguiente tramitación. Nos produce consternación la situación de que si el fallo absolutorio no fuera ratificado y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nuestros familiares se generaría de este modo, nuevamente, un doble juzgamiento, ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y absuelto por la Justicia Militar, y ahora juzgado y condenado por en el Tribunal de Cañete.

Ud. tendrá conocimiento que el Estado chileno ha recibido un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del 2010, en el cual se constata la violación de los derechos humanos de los dirigentes y miembros del pueblo mapuche que han sido juzgados y condenados mediante la Ley 18.314, particularmente por el uso de testigos \”sin rostro\” (Informe CIDH 176/10). Hoy el Estado arriesga una condena internacional por parte de un Tribunal Internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no puede ser sino motivo de preocupación para esta Excelentísima Corte.

Nuestros familiares, todos ellos luchadores sociales de nuestro pueblo, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman, Jonathan Huillical Méndez fueron condenados a 20 años de prisión y Héctor Llaitul Carrillanca a 25 años. Estamos convencidos de que fueron vulnerados derechos garantizados por la constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo.

Por lo tanto, demandamos la nulidad del juicio y la realización de un nuevo juicio con un tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista. Además, exigimos la ratificación inmediata de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia.

Atentamente,

Familiares de los Presos Políticos Mapuche condenados en Cañete.

Sobran las palabras

Por César Baeza*

La Ley Antiterrorista se usa para criminalizar a diversos movimientos sociales que manifiestan algún tipo de disidencia ante el sistema impuesto en la sociedad chilena o a quien se atreve a protestar de algún modo.

Se ha usado para mantener encarcelados a líderes mapuche en el juicio de Cañete (localidad al sur de Chile), donde se mantuvo encarcelados a 14 comuneros que luego de 2 años de prisión preventiva resultaron absueltos. ¿Quién responde por la privación de libertad por esos dos años? Hasta ahora nadie.

También se ha recurrido a la Ley Antiterrorista como un recurso para desestimar los reclamos de comunidades que se enfrentan a grandes empresas, como es el caso de la comunidad de Caimanes, donde los que protestaban ante las pérdidas de un tanque de relaves (de desechos de la minería) propiedad de la famila Luksic (una de las más ricas de este país) han sido acusados por el fiscal por "Asociación Ilícita", una figura de esta normativa.

Este fiscal, así como el que llevaba el llamado "Caso Bombas", Alejandro Peña, han hecho eco de las demandas del Gobierno, que se ha jactado de tener a grandes gerentes del sector empresarial en sus ministerios, desechando la autonomía de la Justicia en un Estado de Derecho (que han pasado a trabajar en el Ministerio del Interior de la noche a la mañana).
El Gobierno ha sido juez y parte en estos procesos. El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha señalado a los detenidos por el Caso Bombas como culpables desde antes de que se inicie el juicio y el actuar de los fiscales ha sido el de perseguirlos con pruebas irrisorias (un paquete de uvas pasas, un poster de Axel Rose; el documental premiado en Cannes La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, una polera negra, entre otras).

En definitiva: el Estado se ha enfrentado con su postura ideológica, estigmatizando a personas que abiertamente se han manifestado críticas al sistema que defiende este Gobierno. Ha encarcelado personas desestimando la presunción de inocencia de los imputados y ha recurrido a testigos sin rostro, así como a imágenes circunstanciales, para usarlos como pruebas en el afán de encontrar a culpables que encajen con la mirada represiva con que se asume las opiniones divergentes en Chile.

Si a todo se le suma los proyectos de ley que se han presentado para criminalizar la protesta social (se estudia la posibilidad de hacer responsables a los convocantes a una marcha de los posibles destrozos que se ocasionen; y otro en que decirle una mala palabra a un policía puede terminar con prisión efectiva)... sobran las palabras.

 

* Periodista y miembro del equipo de El Ciudadano

La justicia chilena aplica sin piedad la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura a líderes indígenas o a jóvenes anarquistas. Desde premios Nobel a políticos nacionales exigen proporcionalidad y procesos justos. Una astilla en la institucionalidad democrática.

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