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El calvario, largo y la ayuda, escasa

Lunes 23 de mayo de 2011 - 40 mil personas llegan huyendo cada año a la segunda ciudad del país, Medellín. La ayuda del Estado no llega de forma inmediata: 20 días después de registrarse les dicen si la tendrán o no, y el apoyo llega meses después. Las quejas por las demoras y la regular atención son muchas.

Por Ana María Martínez y Ruth Tatiana Navarro (Colaboración de Bitacora-Eafit)

A las seis de la mañana, por la carrera 55 con calle 95 en el sector de Palermo, cerca de la estación Tricentenario del Metro de Medellín, pasan los buses que van a los barrios Santa Cruz, Aranjuez y Zamora. El olor del río Medellín, aunque logra dispersarse un poco en el aire, llega con su putrefacción.

Francisco Muñoz, como todos los días, ha preparados sus termos con tinto, perico (café con leche) y aromática para venderlos a un público específico: los desplazados que llegan a iniciar el trajín para pedir respuestas a sus requerimientos, averiguar cómo va su proceso, saber si les desembolsaron los subsidios y ayudas, saber si ya se los otorgaron, si los declararon o no como desplazados, sin importar si su historia es verídica porque la vivieron pero no tiene cómo comprobarla.

La carrera 55 No. 95-97 es una edificación grande cercada por una malla verde. Varios celadores custodian la entrada y entre el ingreso y salida de la gente aseguran y aflojan un candado amarillo. Allí funciona la UAO, Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, de las cuales hay cuatro en Medellín (Ver entrevista a María Cristina Henao).

Algunas de las personas que hacen fila afuera están ahí desde las tres de la mañana, sin importar el frío propio de las zonas altas de Medellín.

Una jornada de quejas

Son las seis de la mañana, los celadores solo han dejado entrar a los funcionarios y trabajadores y en esa puerta de alambre nace la fila.

Muchas personas están esperando atención y orientación porque perdieron sus tierras y porque debido a la violencia, al hambre, al abandono, al miedo, son un puñado más de desplazados que han llegado a la ciudad a encontrarse con un futuro incierto.

Lizardo Tuberquia, quien llegó del municipio de Urrao, dice que “todos los desplazados tienen derechos humanos. Cuando uno llega acá lo recibe una muchacha que ni escucha, se la pasa pegada del celular: ‘Sí mi amor, entonces el almuerzo… ah, sí claro, qué pasó’ y no sé qué más y uno tratando de contarle las cosas”.

En su afirmación lo apoya Bernardo de Jesús Mesa Múnera, quien tiene nueve hijos y vive en Medellín desde hace cinco años, cuando fue desplazado de Turbo, pero que solo desde hace dos está en los procesos de solicitud de ayudas:

“En febrero me llegó un auxilio de millón y algo (en torno a 400 dólares), pero me dijeron que era por varios meses. Y desde febrero no me ha llegado nada, me dan cartas y respuestas pero como yo ni sé leer, me toca que me expliquen o esperar a ver quién me hace el favor y me dice las respuestas. Menos mal mis hijos están en el colegio, pa´que no sean como yo”.

Lizardo Tuberquia es técnico en reparación eléctrica, arregla licuadoras, televisores, neveras “o cualquier cosa que funcione con luz y tenga arreglo”, comenta. Hace seis meses tiene un dolor en la columna vertebral.

Hace tres meses, y como sabía que a los desplazados no les cobran la atención para salud, se fue para el hospital San Vicente de Paúl para que lo atendieran. Allí mostró sus papeles sus cartas y su carné del Sisben; sin embargo, le cobraron 70 mil pesos (30 dólares) por hacerle una revisión.

Luego tuvo que hacer vueltas en el Centro, en la sede de la Nueva EPS, ubicada en el Parque Berrío, para que le tomaran una radiografía: esperó un mes. Le dieron la orden y espero 15 días para que le tomaran una foto a sus huesos y otro mes para que le dieran la orden para reclamar la medicina.

“Tuve que vender toda mis herramientas de trabajo para poder comprar medicina particular, si no ya estuviera todo tullido. No le miento, acá tengo las cartas y tengo los recibos de las compras en mi casa y no me parece justo. No creo que por ser desplazado me tenga que morir porque hay que esperar a que San Juan agache el dedo pa´ ver si pasa algo. Además, esa gente acá es toda grosera, la coordinadora ni siquiera se deja hablar”.

Las ayudas son eternas

Rosa Palacio Pérez, desplazada de Yolombó –aunque huyó de su pueblo para proteger a sus dos hijos, hoy es una huérfana de hijo porque vinieron hasta Medellín a matarlo– dice que las respuestas se demoran mucho en llegar a la sede.

“A veces la plata está en el banco y la devuelven a Bogotá porque uno no fue a reclamarla. Pero es que acá lo emboban a uno: que venga el lunes, que dentro de 15 días… Y la plata en el banco”, explica.

A esa acusación responde Óscar Trejos, un muchacho bajito y con aparatos en los dientes inferiores, practicante en la UAO Palermo, estudiante de Técnica Auxiliar Administrativa:

“Al desplazado se le da una tarjeta débito después de que llegan las respuestas de Bogotá. Muchas veces las personas vienen y preguntan muy seguido si ya les llegó la plata, pero eso se demora un poquito. Entonces la gente se cansa de venir a preguntar y si les sale el subsidio en, digamos 40 días, ya no vuelven porque les da pereza de que siempre les digan que no. La plata se queda en el banco otros 30 días y como nadie la reclama, pues se devuelve a Bogotá”.

El problema de los fichos

Elvia Rosa dice que ni siquiera los dejan entrar al baño. Trejos contesta que es para evitar conflictos, pues muchas veces si se deja entrar a alguien al baño, éste, en lugar de volver a salir, se dirige a la carpa donde se les brinda atención y se queda ahí toda la mañana. Al final de la jornada dice que no lo han atendido. Los funcionarios les preguntan si tiene ficho y si no, pues no se le atiende”.

El sistema de fichos se utiliza para controlar el número de personas que pueden ser atendidas cada día. Se empiezan a repartir a medida que llega la gente, desde las 4 hasta las 7 de la mañana.

De lunes a jueves se reparten entre 200 y 250. “Qué va, ese sistema siempre está caído, vive en el piso”, comenta María Rolely Henao Marín, quien se quedó sin ficho al igual que Rosmira, Lizardo y Bernardo de Jesús.

“Por ser desplazados no nos tienen que tratar así. Merecemos respeto y buen trato, uno no tiene la culpa de que le pasen a uno cosas malas”, dice María Rolely.

La UAO sigue su jornada como todos los días. Adentro, en el patio, hay una carpa, amarilla y grande con sillas de plástico blancas en su interior organizadas en filas. Ahí esperan las personas a ser atendidas. Pueden salir en dos horas o en cinco, depende de lo que vengan a hacer.

Si llegaron a las tres de la mañana para venir a hacer una pregunta que les responden en tres minutos o menos, o si vienen a hablar con las abogadas que se demoran en promedio 45 minutos en elaborar una Acción de Tutela. O a hacer cualquier otra acción que demande tiempo, o tengan que esperar muchos turnos antes de ellos porque hay que respetar el sistema de fichos.

La mirada oficial. Entrevista a María Cristina Henao

María Cristina Henao, psicóloga que trabaja en el apoyo a la coordinación psicosocial del Programa de Atención a Víctimas de la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, presenta un panorama de la situación del conflicto armado en Urabá, región del nororiente colombiano en límites con Panamá. También presenta una visión al problema del desplazamiento forzado, desde la perspectiva institucional.

Su análisis, aunque enfocado en una zona muy concreta del país, es común a otras regiones colombianas:

¿Cuál es la situación actual del conflicto armado en Urabá?

“Urabá siempre se ha visto fuertemente afectada por todos los grupos armados ilegales que actúan en el marco del conflicto armado, por la riqueza de sus tierras, su ubicación geográfica estratégica, entre otras. Por eso siempre ha habido presencia constante de la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

A partir de la desmovilización de las autodefensas [también llamados “paramilitares”) en los años 2005 y 2006 se comienzan a formar bandas armadas criminales cuyo mayor interés es el narcotráfico y la apropiación del territorio.

En este momento, una de las situaciones más complejas en Urabá es la del municipio de Chigorodó: su territorio actualmente está siendo disputado por dichas bandas criminales, como Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, entre otras”.

¿Cuál es la situación de las personas que permanecen en la región y la diferencia con los que han migrado a las ciudades, entre ellas a Medellín?

“Las personas que se quedan en la región tienen mayores posibilidades de conservar el empleo o tienen mayores oportunidades y sus condiciones económicas al menos dan para sobrevivir, aunque éstas siguen siendo precarias.

Aunque no están en su tierra o su vivienda siguen haciendo parte de la cultura de su región, lo que permite mayores niveles de adaptación a las nuevas condiciones”.

¿Cree que existe una cierta inoperancia por parte de las instituciones gubernamentales en esta zona del país?

En Apartadó hay gran presencia de instituciones del Estado, precisamente gracias a la historia que ha tenido esta región. Más que inoperancia podría decirse que hay una desarticulación entre instituciones que no permite un óptimo desempeño de las mismas.

Claro está que hay algunos casos en los que las instituciones gubernamentales se han visto permeadas por la “parapolítica” o la corrupción. Sin embargo, el hecho de que hoy contemos con una rica oferta institucional habla del interés del Estado por hacer presencia en esta zona”.

¿Cómo es la situación en esta región respecto al Ejército, la guerrilla y los paramilitares?, ¿cuál es el grado de presencia y operatividad de estos grupos?

“La guerrilla tiene una actuación permanente en los diferentes municipios de la subregión de Urabá, específicamente las Farc.

Ideológica, y políticamente, las autodefensas como organización ya no existen, a partir de ladesmovilización de las mismas en los años 2005 y 2006.

Actualmente se tienen bandas criminales, las cuales tienen en sus integrantes algunas personas que pertenecieron a las autodefensas. Su interés es básicamente el narcotráfico y la apropiación del territorio. En Chigorodó esa disputa entre bandas ha cobrado un alto número de muertes”.

Para usted, ¿cuáles son las dificultades más grandes que enfrentan los desplazados de Urabá?

“A pesar de que la Agencia Presidencial Acción Social tiene una extensa base de datos, la comunidad desplazada de Urabá es una comunidad invisible: tienen dificultades económicas, casi de miseria y sufre la falta de vivienda. Así mismo, la ayuda humanitaria no llega oportunamente.

La reclamación de la tierra no la pueden hacer efectivamente dadas las condiciones económicas precarias para volver a la misma y las condiciones de seguridad a que se ven afectados por intereses de terceros frente a la tenencia de la tierra: algunos victimarios continúan en la región, entorpeciendo así el proceso de restitución; faltan garantías de seguridad para el acompañamiento de estos procesos por parte del Estado.

Todo esto se debe al incipiente Estado Social de Derecho, reflejado desde el mismo comportamiento de la ciudadanía, los entes públicos del nivel local y a un enajenamiento intencionado de los sectores productivos frente a las problemáticas sociales, que muy probablemente tiene origen en un temor razonable de verse sometidos a la judicialización frente a actos de suplantación en el ejercicio de funciones esenciales del estado.

El problema que ha tenido Urabá es la ausencia del Estado”.

¿Cree que existen posibilidades de reintegración social para los desplazados víctimas del conflicto armado en Colombia?

“Hoy no existe una política pública clara que garantice la reinserción social de los desplazados. Hay aspectos de suma relevancia para la inserción en la vida social, tales como el engranaje en las economías locales, regionales y nacionales.

El gran número de víctimas del desplazamiento gira en torno a la población rural, específicamente de aquellos sitios donde ha existido una ausencia permanente de Estado, es decir, que no existe prestación de servicios que corresponden al Estado como salud, educación, vivienda, y que finalmente están articulados a los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

¿Está usted de acuerdo con afirmar que los desplazados víctimas de la violencia viven los siguientes tres momentos: la violencia directa, el silenciamiento por parte de las instituciones y la estigmatización social?

“Completamente de acuerdo. El desplazado por lo general tiene víctimas muertas o desaparecidas o ella misma ha sido víctima de lesiones, abusos o algún otro tipo de victimización.

Indiferente del motivo que haya dado lugar al desplazamiento, si fue un desplazamiento forzado o fue un desplazamiento que ellos realizan por miedo, el desplazamiento conlleva a múltiples dificultades sociales, psicológicas y familiares.

En cuanto al silenciamiento de las instituciones, yo, personalmente, opino que más allá del silencio lo que hay es una gran demanda de esta población y que el Estado no tiene manera de resolver ni suplir sus necesidades sociales y económicas.

Hay además una realidad, y es que el Estado ha asumido una posición paternalista de la cual algunas personas sin escrúpulos se han aprovechado, haciéndose pasar por desplazados, pues consideran esta condición como un negocio.

La estigmatización es un asunto real y hace parte de la indiferencia, ignorancia e indolencia de los colombianos frente a sus víctimas: les consideran ladrones o una plaga que ha invadido sus ciudades. El desplazado tiene que lidiar con la indiferencia y la falta de oportunidades de la ciudad o el municipio donde llega.

Esta estigmatización sólo logra romper el tejido social y dificultar aún más el acceso a las oportunidades y derechos que estas personas tienen como colombianos y seres humanos.

Frente a delitos tan atroces como los que ha conocido este país en el marco del conflicto armado, se considera al desplazado como el ‘menos’ perjudicado dentro de esta dinámica de violencia tan perversa. Conclusión malsana, pues perder la tierra, la casa, las costumbres, etc., es perder la identidad”.

Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad que recibe el mayor número de personas que huyen víctimas de la violencia armada: se calcula que allí residen unas 450 mil en condición de desplazamiento

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