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Urabá, las razones de la vergüenza

Lunes 23 de mayo de 2011 - El escaso presupuesto para la atención a las víctimas, el lucrativo negocio que representa la ilegalidad y los poderosos intereses sobre la tierra hacen muy difícil que el desplazamiento forzado se detenga en el país.

Por Ana María Martínez y Ruth Tatiana Navarro (Colaboración de Bitacora-Eafit)

Urabá es una región donde históricamente el conflicto armado ha sido intenso, un conflicto que ha dejado miles de familias desplazadas. Carlos Ignacio Ospina Ramírez, abogado y colaborador en la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, adscrita a la organización internacional Uno América, habla sobre la dramática situación del desplazamiento forzado en esa zona de Colombia.

Uno América nació en Bogotá en diciembre de 2008 cuando personas se diferentes países del continente se reunieron “con el objetivo de conformar una organización capaz de defender la democracia y la libertad en nuestro continente, que se encuentran bajo amenaza”, según explica su sitio web.

¿Cuál es según usted la situación actual de Urabá en materia social y política producto del conflicto armado?

Urabá fue controlada por grupos guerrilleros. Ellos crearon arraigo en la zona y desplazaron a una gran población. Después, con el fenómeno del paramilitarismo, se entró en confrontación y se produjeron muchos más desplazamientos, con lo cual podemos evidenciar que han sido varios los tiempos en los desplazamientos en esta zona.

Los paramilitares se desmovilizaron y gran parte de los desmovilizados entraron a engrosar las bandas criminales. En la actualidad, el mando de ilegalidad en la zona de Urabá está muy difuso, son muchos los grupos, muchos los intereses, pero ninguna ideología.

¿Cuál es el grado de inoperancia de las instituciones gubernamentales en esta zona del país? ¿Cómo es la relación de su organización con estas instituciones?

El Estado desde años atrás no tiene presencia en las zonas del Urabá, tanto antioqueño como chocoano. Nunca hizo presencia en esos lugares, lo que permitió que la guerrilla en los años 80 y 90 tuviera el control total convirtiéndolo en un estado independiente.

En la actualidad, el Estado sigue sin hacer presencia por varias causas. La falta de recursos es clara: el presupuesto de estos municipios no es ni el 5% del dinero ilegal que se mueve en estas zonas del país.

El presupuesto de un municipio pequeño del Urabá chocoano puede ser de 100 a 200 millones de pesos anuales (45 mil a 85 mil dólares), cuando mucho, mientras que el tráfico de drogas o de armas maneja en la zona varios miles de millones. Eso hace que la presencia del Estado sea menor a la presencia ilegal.

La presencia militar se reduce a las zonas urbanas, a las zonas de llanura y de fincas. La presencia militar en la zona selvática es muy precaria por la dificultad operativa y por la continuidad de grupos guerrilleros en las áreas agrestes donde se resguardan de los operativos.

En conclusión, el Estado nunca ha garantizado las necesidades básicas de la población, son los grupos armados los que ofrecen oportunidades a jóvenes desempleados que terminan siendo las carnes de cañón en esta guerra.

La institución de nosotros tiene buena relación con otras instituciones, ya que creemos que es mejor construir que destruir, entendemos que el problema es más de inoperancia de las instituciones que de gobernantes de turno o de los dirigentes actuales.

Es un problema que se fundamente en las bases y estructuras sociales y culturales de este país, así que, más que criticar, buscamos el mayor aprovechamiento de los recursos y medios que se puedan brindar por parte de los organismos.

Además, en casos judiciales damos apoyo a las instituciones como la Fiscalía o las Fuerzas Armadas para evitar la impunidad en delitos graves.

Somos también un vínculo entre víctimas e instituciones como Acción Social, que dan una reparación administrativa a las víctimas, que por problemas presupuestales no pueden hacer una convocatoria idónea para que las víctimas presenten solicitudes de reparación administrativa.

¿Cómo es la situación respecto al Ejército, la guerrilla y los paramilitares? ¿Cuál es el grado de presencia y operatividad de estos grupos?

La guerrilla en Urabá pasó de ser una fuerza dominante a ser unas células clandestinas y en los cascos urbanos.

En la zona selvática tiene mucha fuerza aún. Los frentes (estructuras militares) que operan son el 34, el 47, el 5 y el 57 de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este último es el más fuerte y, junto con el 47, son los únicos que tiene una presencia militar importante.

En Urabá este grupo ha incursionado en negocios ilícitos como el narcotráfico, el contrabando, el negocio de armamentos y hasta el tráfico de extranjeros.

Los paramilitares después de la desmovilización se fraccionaron y gran número engrosó bandas emergentes al servicio de la mafia, entre ellos Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos.

Los Paisas están al servicio de alias Sebastián y Los Rastrojos, al servicio de alias Valenciano. Muchos también se han unido a la guerrilla. Operan pero estrictamente en los negocios ilícitos como el narcotráfico. Su 'militancia' como contraguerrilla dejó de existir.

El Ejército, desprestigiado por los llamados ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales), ha perdido moral combativa pero sigue en la zona urbana y de llanura. En la parte selvática se interna esporádicamente pues la guerrilla tiene un amplio poder en esa zona; se mete solo para operativos contra el narcotráfico.

¿Cuál es su perspectiva frente a las otras organizaciones que trabajan en esta zona?

No son suficientes las organizaciones que hay, falta mucho apoyo, pero además todas las organizaciones tienen intereses muy distintos, lo que hace imposible un trabajo conjunto entre muchas instituciones. Pero esto ya sería hablar de generalidades, hay instituciones que se preocupan por la verdadera atención a las víctimas de la violencia.

¿Cómo cree que afectan las tendencias políticas a estas organizaciones?

Totalmente. No solo su ideología, sino también sus intereses. Muchas organizaciones utilizan a los desplazados como un arma política contra grupos opositores. Además, muchas organizaciones están infiltradas por grupos al margen de la ley. Estos grupos utilizan a esas organizaciones para resguardarse y para hacer un ataque jurídico y político contra su contendor.

¿Cuáles son las dificultades más grandes que enfrentan los desplazados en Urabá?

La indiferencia. En otras partes, como Medellín, los gobiernos locales saben de los desplazados, la gente del común sabe de su existencia, en cambio los desplazados que se encuentran en los municipios de Urabá no tiene esta representatividad, que es el comienzo de las resocialización.

Pero además, otro problema grave es la violencia que sigue sobre ellos, constante amenazas y actos violentos. Esto sumado al precario sustento económico, donde las necesidades básicas no están satisfechas, hace el problema mucho mayor.

¿Qué posibilidades de apoyo social hay para los desplazados víctimas de este conflicto?

Es bien complicado. Implicaría una recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado, una gran inversión en presupuesto para resarcir los daños ocasionados por el desplazamiento y por la violencia, y un regreso a las tierras de sus propietarios originales.

Esto sería lo básico y es bien difícil por el escaso presupuesto, por lo complejo y lucrativo del negocio de la ilegalidad, y por los intereses sobre las tierras.

¿Está usted de acuerdo con que los desplazados víctimas de la violencia viven los siguientes tres momentos: la violencia directa, el silenciamiento por parte de las instituciones y la estigmatización social?

Claro, diría que el silenciamiento no es solo por las instituciones sino por las mismas organizaciones armadas. Pero a estos puntos en los cuales estoy de acuerdo le sumaria un cuarto y es la imposibilidad de volver a las tierras por factores de violencia, por usurpación de tierras y por la negativa de organizaciones en las zonas humanitarias que no dejan volver a las tierras a muchos de los desplazados por no ser afines a sus ideologías.

Grupos Guerrilleros

Organizaciones de izquierda que luchan por un cambio radical en el sistema. Con ideología de izquierdas, los grupos guerrilleros que en otros lugares de Latinoamérica languidecieron en los ochenta permanecen activos en Colombia, cuyo Estado los considerada como el principal enemigo de la nación.

En los ultimos años han perdido base social y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado  los desmanes cometidos en su lucha armada y las consecuencias de ésta para la población civil.

Continúan con una presencia activa las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en la década de 1960. 

Grupos paramilitares

Organizaciones de extrema derecha que nacieron en la década de 1980 y que arguentaban la necesidad de "autodefensa" para enfrentar con armasa los grupos guerrilleros y que atacaba a sangre y fuego todo aquel movimiento social que consideraba era la base política de su enemigo.

Pronto ampliaron sus objetivos y se volvieron una forma de acumulación de capital legal e ilegal y de poder político por medio de la intimidación armada, la violencia y el terror. Siempre han estado apoyados por miembros de las élites políticas y económicas. A sus integrantes se les conocen como “paras” o “paracos”.

Desmovilización de Paramilitares

Proceso ocurrido entre los años 2005 y 2006 que, supuestamente, permitió la dejación de armas de más de 31.000 miembros de grupos paramilitares y su sometimiento a la justicia. Así lo vendió el Gobierno de Álvaro Uribe aunque diversas fuentes han demostrado que ni fueron tantos ni fueron todos.

El proceso, sin embargo, ha sido muy cuestionado porque, además, el propio Estado reconoce que, como mínimo, el 10% de ellos volvió a las armas en las llamadas ahora Bacrim (bandas criminales), por la poca efectividad de la justicia en su juzgamiento y porque no significó el fin del fenómeno como tal de la presencia de organizaciones armadas en casi ninguna parte del país.

Si quiere profundizar en este asunto acceda a Verdad Abierta

Falsos positivos

Término con el que se conoce a los asesinatos fuera de combates o ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de la fuerza pública del Estado, básicamente del Ejército Nacional, contra civiles que no hacían parte de ningún grupo armado.

Según Naciones Unidas, son más de 3.000 las personas asesinadas de ese modo.

Aunque es una práctica que se presenta desde hace más de dos décadas, en los últimos tres años se incrementó por la exigencia del Gobierno Nacional de mostrar “resultados positivos” en su lucha contra los grupos ilegales, básicamente los guerrilleros.

Conflicto armado

Confrontación armada interna que se presenta en Colombia desde la década de 1960 y en la cual confluyen hoy una gama diversa de actores y de motivaciones, lo que hace tan compleja su solución.

Aunque en su origen tuvo una motivación política, hoy es básicamente un conflicto por intereses económicos (manejo de negocios lícitos e ilícitos), políticos y de control territorial (para el manejo de recursos ligados a la tierra).

En él toman parte actores armados estatales (Fuerzas Militares y Policía Nacional), contra estatales (grupos guerrilleros), para estatales (grupos paramilitares) y de delincuencia común (narcotráfico y bandas criminales o Bacrim).

"En la actualidad, el mando de ilegalidad en la zona de Urabá está muy difuso, son muchos los grupos, muchos los intereses, pero ninguna idelología".

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