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El tema Matanza de Jesuitas en El Salvador

El Jefe del Estado Mayor Conjunto lo ordenó, el presidente Cristiani lo consintió y la CIA lo sabía

miércoles 29 de junio de 2011 Las investigaciones de la Audiencia Nacional en España y las revelaciones periodísticas de El Faro en El Salvador apuntan a que en el caso del asesinato de los jesuitas en San Salvador las responsabilidades llegan hasta lo más alto. El caso no está cerrado.

Los cuerpos de las víctimas el 16 de noviembre de 1989

Los cuerpos de las víctimas el 16 de noviembre de 1989

José Manuel Martín Medem nos pone al día del estatus del caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador en 1989. 

Por José Manuel Martín Medem (CodoaCodo)

Sus compañeros les llamaban Verdugo y Satán. Asesinaron a cinco de los seis sacerdotes en la matanza que les ordenaron bajo la bandera negra del Batallón Atlacatl que se adornaba con una calavera y una serpiente. Aquel día estrenaban

botas de montaña y uniformes de camuflaje del ejército estadounidense.

A las dos de la madrugada, el sargento Antonio Ávalos, Satán, ordenó a los  jesuitas de la UCA que se tirasen al suelo y el cabo Oscar Amaya, Verdugo, disparó contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes. Desde muy cerca y a la cabeza. Era el único que utilizaba un AK-47 (el arma del FMLN) para aparentar una operación de la guerrilla.

Pero la ansiedad también apretó el gatillo de los M-16 de Satán y del cabo Ángel Pérez que mataron a los sacerdotes Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López. Sin dejar testigos, era la orden que habían recibido. Y el sargento Tomás Zarpate la aplicó contra Julia Elba, la empleada de la residencia de la UCA, y su hija Celina, que murieron abrazadas. A Satán no le pareció suficiente y empujó al soldado Jorge Sierra para que las rematase.

El 16 de noviembre de 1989, cuando los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asaltaron San Salvador, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas encargó a especialistas en contrainsurgencia del Batallón Atlacatl la barbaridad que llevaban mucho tiempo planeando: la unidad de comandos, entrenada por los asesores militares estadounidenses, asesinó a seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (cinco de ellos españoles), a los que los oficiales implicados y el gobierno de ultraderecha de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) acusaban de ser "consejeros y estrategas del FMLN". 

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional [de España], que ha pedido la extradición de veinte militares salvadoreños, considera en el auto de procesamiento que se trata de un crimen de Estado premeditado para el que se aprovechó la ofensiva de la guerrilla como una cobertura apropiada.

El juez español coincide con la Comisión de la Verdad de la ONU al acusar al entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humberto Larios, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general René Emilio Ponce, de ser "los principales responsables" de la decisión asumida colectivamente con el general Juan Rafael Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea, el general Juan Orlando Zepeda y el coronel Inocente Orlando Montano, viceministros de Defensa, y el también coronel Francisco Elena Fuentes, Comandante de la Primera Brigada de Infantería.

Según Velasco, el motivo fundamental de su asesinato fue que los jesuitas de la UCA habían asumido el liderazgo para presionar hacia una negociación que resolviera la guerra civil en El Salvador. 

Aunque el auto de procesamiento no incluye ni al presidente Alfredo Cristiani ni a los funcionarios estadounidenses del Pentágono y de la CIA, las informaciones que el juez maneja sugieren que se podría avanzar más hacia esas posibles responsabilidades. 

 

Querella contra la impunidad

El entonces teniente coronel Camilo Hernández ha confirmado, en declaraciones para el periódico electrónico salvadoreño El Faro, que su jefe en la Escuela Militar, el coronel Guillermo Benavides, transmitió a la unidad de comandos del Batallón Atlacatl la orden que había recibido del general René Emilio Ponce, Comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas: "Asesinar a los jesuitas sin dejar testigos".

Hernández reconoce además que entregó al escuadrón de la muerte el AK-47 con el que pretendían demostrar que la matanza de la UCA era una operación de la guerrilla. Según el auto de procesamiento, el Alto Mando tomó la decisión de enviar a los criminales de Atlacat contra los sacerdotes en una reunión realizada al mediodía del 15 de noviembre en la Escuela Militar. Mientras Benavides transmitía la orden a la unidad de comandos, Larios se reunía con el presidente Alfredo Cristiani. Al mismo tiempo, el general Bustillo convocaba a los oficiales más importantes de la Fuerza Aérea para informarles en la base de Ilopango de que "se ha tomado la decisión de matar a Ellacuría aunque el presidente Cristiani no lo apruebe". 

El 15 de noviembre del 2009, el diario madrileño El Mundo aseguraba que la Audiencia Nacional iba a recibir documentos desclasificados de los archivos diplomáticos estadounidenses que demuestran que el Departamento de Estado, la CIA y los servicios secretos españoles (el antiguo CESID) "sabían lo que estaba preparando el Alto Mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador contra los jesuitas de la UCA". En el auto de procesamiento hay referencias a informes de la CIA sobre el plan de terrorismo de Estado y a la presencia de asesores militares estadounidenses en torno a las reuniones del grupo de generales y coroneles que lo ordenaron.

La Audiencia Nacional decidió intervenir,  en respuesta a la denuncia de la Asociación  Pro Derechos Humanos de España y del estadounidense Center for Justice and Accountability, porque considera que en El Salvador no han sido investigados y procesados los responsables de la matanza.

La amnistía para los dos únicos oficiales condenados y el bloqueo de los procedimientos judiciales llevan al juez Velasco a la conclusión de que "la inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal terminó en impunidad absoluta".

En el auto de procesamiento se establece que el fraude detectado en el juicio de El Salvador, habilitante de la continuación del presente procedimiento, consiste en la realización de un acto de juicio bajo la aparente cobertura de un proceso formal pero tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia.

La querella planteada en el 2008 en la Audiencia Nacional incluía también al presidente Alfredo Cristiani pero el juez Eloy Velasco lo deja fuera. El Faro asegura que un informe de la embajada de Estados Unidos en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de aquel año, confirma que el gobierno de la ultraderechista ARENA envió una delegación a Madrid para analizar con un fiscal de la Audiencia Nacional y con Trinidad Jiménez, responsable entonces de la política en América Latina del ministerio español de Asuntos Exteriores, la posibilidad de impedir el procesamiento de Cristiani.

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