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El tema Serie Desplazados-2

Urabá, las razones de la vergüenza

lunes 23 de mayo de 2011 El escaso presupuesto para la atención a las víctimas, el lucrativo negocio que representa la ilegalidad y los poderosos intereses sobre la tierra hacen muy difícil que el desplazamiento forzado se detenga en el país.

El desplazamiento forzado tiene un impacto mayor sobre las mujeres y los niños. La discriminación histórica que han sufrido ellas y la vulnerabilidad de los pequeños se agravan cuando tienen que salir de sus lugares de vivienda

El desplazamiento forzado tiene un impacto mayor sobre las mujeres y los niños. La discriminación histórica que han sufrido ellas y la vulnerabilidad de los pequeños se agravan cuando tienen que salir de sus lugares de vivienda Xpectro

"En la actualidad, el mando de ilegalidad en la zona de Urabá está muy difuso, son muchos los grupos, muchos los intereses, pero ninguna idelología".

Por Ana María Martínez y Ruth Tatiana Navarro (Colaboración de Bitacora-Eafit)

Urabá es una región donde históricamente el conflicto armado ha sido intenso, un conflicto que ha dejado miles de familias desplazadas. Carlos Ignacio Ospina Ramírez, abogado y colaborador en la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, adscrita a la organización internacional Uno América, habla sobre la dramática situación del desplazamiento forzado en esa zona de Colombia.

Uno América nació en Bogotá en diciembre de 2008 cuando personas se diferentes países del continente se reunieron “con el objetivo de conformar una organización capaz de defender la democracia y la libertad en nuestro continente, que se encuentran bajo amenaza”, según explica su sitio web.

¿Cuál es según usted la situación actual de Urabá en materia social y política producto del conflicto armado?

Urabá fue controlada por grupos guerrilleros. Ellos crearon arraigo en la zona y desplazaron a una gran población. Después, con el fenómeno del paramilitarismo, se entró en confrontación y se produjeron muchos más desplazamientos, con lo cual podemos evidenciar que han sido varios los tiempos en los desplazamientos en esta zona.

Los paramilitares se desmovilizaron y gran parte de los desmovilizados entraron a engrosar las bandas criminales. En la actualidad, el mando de ilegalidad en la zona de Urabá está muy difuso, son muchos los grupos, muchos los intereses, pero ninguna ideología.

¿Cuál es el grado de inoperancia de las instituciones gubernamentales en esta zona del país? ¿Cómo es la relación de su organización con estas instituciones?

El Estado desde años atrás no tiene presencia en las zonas del Urabá, tanto antioqueño como chocoano. Nunca hizo presencia en esos lugares, lo que permitió que la guerrilla en los años 80 y 90 tuviera el control total convirtiéndolo en un estado independiente.

En la actualidad, el Estado sigue sin hacer presencia por varias causas. La falta de recursos es clara: el presupuesto de estos municipios no es ni el 5% del dinero ilegal que se mueve en estas zonas del país.

El presupuesto de un municipio pequeño del Urabá chocoano puede ser de 100 a 200 millones de pesos anuales (45 mil a 85 mil dólares), cuando mucho, mientras que el tráfico de drogas o de armas maneja en la zona varios miles de millones. Eso hace que la presencia del Estado sea menor a la presencia ilegal.

La presencia militar se reduce a las zonas urbanas, a las zonas de llanura y de fincas. La presencia militar en la zona selvática es muy precaria por la dificultad operativa y por la continuidad de grupos guerrilleros en las áreas agrestes donde se resguardan de los operativos.

En conclusión, el Estado nunca ha garantizado las necesidades básicas de la población, son los grupos armados los que ofrecen oportunidades a jóvenes desempleados que terminan siendo las carnes de cañón en esta guerra.

La institución de nosotros tiene buena relación con otras instituciones, ya que creemos que es mejor construir que destruir, entendemos que el problema es más de inoperancia de las instituciones que de gobernantes de turno o de los dirigentes actuales.

Es un problema que se fundamente en las bases y estructuras sociales y culturales de este país, así que, más que criticar, buscamos el mayor aprovechamiento de los recursos y medios que se puedan brindar por parte de los organismos.

Además, en casos judiciales damos apoyo a las instituciones como la Fiscalía o las Fuerzas Armadas para evitar la impunidad en delitos graves.

Somos también un vínculo entre víctimas e instituciones como Acción Social, que dan una reparación administrativa a las víctimas, que por problemas presupuestales no pueden hacer una convocatoria idónea para que las víctimas presenten solicitudes de reparación administrativa.

¿Cómo es la situación respecto al Ejército, la guerrilla y los paramilitares? ¿Cuál es el grado de presencia y operatividad de estos grupos?

La guerrilla en Urabá pasó de ser una fuerza dominante a ser unas células clandestinas y en los cascos urbanos.

En la zona selvática tiene mucha fuerza aún. Los frentes (estructuras militares) que operan son el 34, el 47, el 5 y el 57 de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este último es el más fuerte y, junto con el 47, son los únicos que tiene una presencia militar importante.

En Urabá este grupo ha incursionado en negocios ilícitos como el narcotráfico, el contrabando, el negocio de armamentos y hasta el tráfico de extranjeros.

Los paramilitares después de la desmovilización se fraccionaron y gran número engrosó bandas emergentes al servicio de la mafia, entre ellos Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos.

Los Paisas están al servicio de alias Sebastián y Los Rastrojos, al servicio de alias Valenciano. Muchos también se han unido a la guerrilla. Operan pero estrictamente en los negocios ilícitos como el narcotráfico. Su 'militancia' como contraguerrilla dejó de existir.

El Ejército, desprestigiado por los llamados ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales), ha perdido moral combativa pero sigue en la zona urbana y de llanura. En la parte selvática se interna esporádicamente pues la guerrilla tiene un amplio poder en esa zona; se mete solo para operativos contra el narcotráfico.

¿Cuál es su perspectiva frente a las otras organizaciones que trabajan en esta zona?

No son suficientes las organizaciones que hay, falta mucho apoyo, pero además todas las organizaciones tienen intereses muy distintos, lo que hace imposible un trabajo conjunto entre muchas instituciones. Pero esto ya sería hablar de generalidades, hay instituciones que se preocupan por la verdadera atención a las víctimas de la violencia.

¿Cómo cree que afectan las tendencias políticas a estas organizaciones?

Totalmente. No solo su ideología, sino también sus intereses. Muchas organizaciones utilizan a los desplazados como un arma política contra grupos opositores. Además, muchas organizaciones están infiltradas por grupos al margen de la ley. Estos grupos utilizan a esas organizaciones para resguardarse y para hacer un ataque jurídico y político contra su contendor.

¿Cuáles son las dificultades más grandes que enfrentan los desplazados en Urabá?

La indiferencia. En otras partes, como Medellín, los gobiernos locales saben de los desplazados, la gente del común sabe de su existencia, en cambio los desplazados que se encuentran en los municipios de Urabá no tiene esta representatividad, que es el comienzo de las resocialización.

Pero además, otro problema grave es la violencia que sigue sobre ellos, constante amenazas y actos violentos. Esto sumado al precario sustento económico, donde las necesidades básicas no están satisfechas, hace el problema mucho mayor.

¿Qué posibilidades de apoyo social hay para los desplazados víctimas de este conflicto?

Es bien complicado. Implicaría una recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado, una gran inversión en presupuesto para resarcir los daños ocasionados por el desplazamiento y por la violencia, y un regreso a las tierras de sus propietarios originales.

Esto sería lo básico y es bien difícil por el escaso presupuesto, por lo complejo y lucrativo del negocio de la ilegalidad, y por los intereses sobre las tierras.

¿Está usted de acuerdo con que los desplazados víctimas de la violencia viven los siguientes tres momentos: la violencia directa, el silenciamiento por parte de las instituciones y la estigmatización social?

Claro, diría que el silenciamiento no es solo por las instituciones sino por las mismas organizaciones armadas. Pero a estos puntos en los cuales estoy de acuerdo le sumaria un cuarto y es la imposibilidad de volver a las tierras por factores de violencia, por usurpación de tierras y por la negativa de organizaciones en las zonas humanitarias que no dejan volver a las tierras a muchos de los desplazados por no ser afines a sus ideologías.

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